Grupo de mineros en el campo de concentración del POZO SOTON de Asturias, perteneciente a la empresa DURO-FELGUERA.

” Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde el 1 de octubre de 1934 y antes del 18 de julio de 1936 contribuyeron a crear o agravar la subversión de todo orden de la que se hizo víctima España y de aquellos otros que a partir de la segunda de dichas fechas se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o pasividad grave”.

( Artículo Primero de la LEY DE RESPONSABILIDADES POLITICAS de 1939)

En la ley quedaba establecido como delito haber convocado las elecciones para diputados a Cortes de 16 de febrero de 1936, haber sido diputado  y haber contribuido por “acción o abstención” a la implantación del FRENTE POPULAR. No era muy difícil incurrir en alguno de los nuevos delitos con actos que, por otra parte, eran de absoluta legalidad en el régimen republicano legalmente constituido. Así pues, cualquier denuncia - “quien le ha denunciado es un falangista y para nosotros merece toda la confianza”, decían los jueces franquistas en sus alegatos - servía para abrir causa contra cualquier ciudadano, y  España quedó convertida en una cárcel, dando lugar al dicho popular de la posguerra: “el que no está presu, anden buscándolu”.

En efecto, aquella GUERRA INCIVIL provocada por el golpe de Estado de Francisco FRANCO y sus sicarios se dio por concluida en abril de 1939, pero la represión contra los vencidos y disconformes con el régimen dictatorial del franquismo se prolongaría hasta los inicios de 1970, de tal manera que miles y miles de prisioneros fueron obligados a realizar  trabajos forzosos para las autoridades franquistas y para las grandes empresas.

Así, desde los primeros días del golpe fascista los sublevados habían comenzado a servirse de la fuerza de trabajo de los prisioneros republicanos para obtener una mano de obra forzada y gratuita, en condiciones de auténtica esclavitud. Junto a los incipientes campos de concentración, los rebeldes creaban este sistema de trabajo forzado en su propio beneficio, al que no tardaría en unirse el edificio ideológico del concepto de REDENCION DE PENAS POR EL TRABAJO, con la publicación del decreto firmado por FRANCO el 1 de junio de 1937, por el que los golpistas  determinaban la necesidad de convertir a los prisioneros republicanos en mano de obra barata, siendo encuadrados en BATALLONES DE TRABAJO militarizados, en los que todos estaban obligados a trabajar en lo que se les ordenase. Como diría el mismísimo dictador de la voz amariconada: “el derecho al trabajo que tienen todos los españoles, como principio básico declarado en el punto quince  del programa de FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS, no ha de ser regateado por el Nuevo Estado a los prisioneros y presos rojos, en tanto y cuanto no se oponga, en su desarrollo, a las previsiones que en orden a vigilancia merecen, quienes olvidaron los más elementales deberes de patriotismo…Tal derecho al trabajo,viene presidido por la idea de derecho función o de derecho deber, y en lo preciso, de derecho obligación”. Es decir, con su decreto, FRANCO había convertido un derecho en una obligación para los presos, transformándolos en vulgares esclavos.

Presos republicanos en la construcción de las vías ferroviarias por el territorio español.

En realidad, FRANCO se había adelantado con muchos años de antelación a la creación de la primera Empresa de Trabajo Temporal que se implantó en España, creando el denominado FICHERO FISIOTECNICO en el que se recopilaron todo tipo de datos sobre centenares de miles de prisioneros republicanos de toda España, para utilizarlos como esclavos al servicio del Estado franquista en la reconstrucción del país. En los principios de 1941, esto es un par de años después de finalizada la guerra incivil, ya constaban en el FICHERO FISIOTECNICO 103.369 penados de los cerca de 300.000 presos amontonados por las cárceles españolas, todos ellos preparados para trabajar obligatoriamente al servicio del Estado , en unas condiciones laborales y de vida inhumanas, constantemente  sometidos a todo tipo de vejaciones y malos tratos, y apenas sin recibir ningún tipo de salario o contraprestación económica, ya que de las DOS PESETAS que percibían en concepto de jornal diario (el jornal de un obrero libre del año 1940 oscilaba entre las siete y las nueve pesetas), una y media se las quedaba el Estado, y el resto - ¡ CINCUENTA céntimos ! – debía servir a los presos para comprarse el calzado, la ropa de trabajo o alguna raída manta y enviar lo que le sobraba (¡¿?!) a la famélica familia, la cual había sido también represaliada y desprovista por los sublevados de toda suerte de ingresos en aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas.

La reducción de penas a cambio de trabajo se articulaba mediante el mecanismo de canjear UN DIA de pena menos, por cada DOS DE TRABAJO, siempre a expensas de que el jefe militar y el sacerdote penitenciario del Batallón de Trabajadores certificaran y comprobaran  que el preso demostraba, en sus obras y en la manifestación de sus nuevas “creencias” políticas y religiosas que se estaba integrando con la Nueva España y la FALANGE; no en vano, si bien había sido el propio FRANCO quien había puesto en marcha aquel suculento negocio a costa de sus prisioneros políticos, sin embargo, el verdadero ideólogo de tan macabro invento había sido el jesuita José Agustin PEREZ DEL PULGA, uno de los cruzados que no contemplaba ningún tipo de piedad ni clemencia para los presos políticos del franquismo, sino que preconizaba para todos ellos poco menos que la Ley del Talión en sus escritos: “es muy justo que los presos contribuyan con su trabajo a la reparación de los daños a los que contribuyeron con su cooperación a la rebelión marxista”.

Estos santones de la sotana que formaron, desde un principio, parte de la rebelión franquista, ¿no destruyeron nada con sus artilugios de guerra? ¿Sólo destruyeron los bombardeos de la aviación nazi y mussoliniana sobre las ciudades y pueblos de España?

Con un país destrozado, empobrecido, sin ningún tipo de producción industrial, con muy poco o nada que exportar y con una multimillonaria deuda de guerra contraida con la Alemania nazi y la Italia de Mussolini, que ambos venían exigiendo apresuradamente, de muy poco o de nada servían las drásticas medidas de control económico impuestas por la dictadura franquista. Las inversiones públicas necesarias para hacer frente a esta reconstrucción eran realmente inasumibles por parte de un Estado cuya moneda oficial, la peseta, tenía en el año 1940 el 50 por ciento del valor que tenía antes del inicio de la sublevación  fascista, apenas cuatro años antes, con una renta nacional que se había situado de repente al nivel existente en 1914 y con una renta per capita inferior en un 14 por ciento a la de 1936, con tasas de inflacción que durante los años 40 oscilaron entre el 13 y el 23 por ciento, y con una población activa que se había reducido en más de medio millón de personas.

Así las cosas, tal y como se recoge en los muchos documentos que hasta la fecha habían permanecido ocultos por el poder, se puede afirmar rotundamente que fueron los prisioneros republicanos los que más contribuyeron a “levantar” la España destruida, hasta integrarla en el club de las naciones más industrializadas del mundo. Fueron los prisioneros republicanos los que construyeron las grandes obras hidráulicas del país; los que reconstruyeron los pueblos y ciudades de España; los ferrocarriles, aeropuertos y carreteras; las iglesias, catedrales y conventos; pero, por encima de todo y todos, fueron los mineros asturianos los que más contribuyeron a esa enorme labor con la extracción del carbón, tan fundamental para mover la industria a la vez que paliar la terrible hambruna existente en España, con los miles de prisioneros republicanos destinados a las Colonias Penitenciarias de los Pozos Fondón, San Mamés, Mosquitera, Sotón, entre otras muchas explotaciones.

Monolito levantado al lado del Pozo Fondón que recuerda a los presos políticos que trabajaron en régimen de esclavitud.

En definitiva, el sistema de reducción de penas a través del trabajo fue una forma más de represión en el marco de un sistema totalitario y fascista, con tintes conservadores y pretendidamente tradicionalistas. Entre las empresas privadas españolas que más frecuentemente tuvieron a su servicio como trabajadores forzados a prisioneros políticos  del franquismo figuraron en lugar muy destacado y constante DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, BANUS, A.MARROQUIN, SAN ROMAN, DURO FELGUERA, CARBONES ASTURIANOS, BABCOCK-WILCOX, ANTRACITAS DE GAIZTARRO, MINAS DE ORALLO, METRO DE MADRID, y un largo etcétera. La iglesia católica española, el más importante e influyente apoyo de FRANCO tras haber declarado formal y oficialmente que la insurrección militar era una “CRUZADA”, también se benefició de este trabajo esclavo, pero a la fecha de hoy, a diferencia de los jerarcas nazis juzgados y condenados en NÜREMBERG por la esclavitud, las deportaciones y los asesinatos que cometieron,  ninguno de los responsables de la política, el ejército y la iglesia españoles fue nunca juzgado ni reprobado por ello, ni durante el franquismo (evidentemente) ni durante el actual periodo monárquico constitucional. A diferencia de las empresas alemanas que han pedido perdón a las víctimas antinazis que esclavizaron, abonándolas también miles de millones en marcos, ninguna de las empresas españolas que se enriquecieron  con este trabajo esclavo han pedido perdón a los forzados que fueron explotados por ellas y no han abonado nunca ni un céntimo en concepto de indemnizaciones. A diferencia de las iglesias católicas y de otras confesiones que en Alemania han pedido perdón por haberse beneficiado del trabajo esclavo de judíos, gitanos, rusos o polacos, la iglesia Católica Apostólica y Romana nunca ha pedido perdón porque la solidez de su actual patrimonio inmobiliario se sustenta en buena parte de obras ejecutadas por prisioneros políticos republicanos y antifranquistas encerrados y explotados en contra de su voluntad.

ANTON SAAVEDRA