¡¡¡ CONDENADOS !!!

Jesús Urrutia García, exsecretario general de la FIA-UGT y exconsejero de Industria, Comercio y Turismo en el gobierno autonómico de Asturias (2000-2003)

“Esto de La Camocha no es nuevo, y, por lo tanto, es necesario que los gestores de las minas trabajen con legalidad y limpieza, vigilando el destino de los seis millones de toneladas de carbón que anualmente se importan en Asturias”.

Jesús Urrutia García, Consejero de Industria, Comercio y Turismo del gobierno autonómico de Asturias (2000-2003)

La cuestión es que, apenas habían transcurrido cuatro meses desde la “podredumbre generalizada del PSOE” que había dado el turno al gobierno del Partido Popular en 1996, cuando los diputados del PSOE, Javier Fernández Fernández – expresidente del gobierno autonómico de Asturias – y José Luis Rodríguez Zapatero – expresidente del Gobierno de España -, presentaban una denuncia en el Congreso de los Diputados sobre posibles irregularidades del Ministerio de Industria del gobierno presidido por Aznar en la tramitación de ayudas y cobro de subvenciones carboneras en algunas empresas mineras, aunque al final, alguien desde los escaños les apuntó “por lo bajini”, que no abrieran fuego con carbón, “no fuera a ocurrir que salieran ellos chamuscados”, y la cosa quedó en una pequeña ascua, cuando, de repente, todo el sector minero se quedaba convulsionado cuando ve reproducidas aquellas imágenes de la Guardia Civil llevándose detenidos a todos los miembros de la dirección de la emblemática mina de La Camocha, como si de unos vulgares ladrones de gallinas se tratase.

Víctor Zapico Zapico (Ciaño de Langreo 1947- Oviedo 2017) 

La mina de La Camocha se había segregado de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) para caer en las manos de otro cuatrero de la mafia carbonera que olvidaba sus pistolas en cualquiera cajón del despacho: Fernando Luis García Brugos, alias “El Ruchu”, siendo el motivo de su detención un supuesto fraude contra la Hacienda por valor de 15.000 millones en pesetas de 1999, donde destacaba con luz propia un exalto cargo del PSOE, archiconocido en los ambientes del carbotráfico y de las falsas inversiones sitgeskuwaitís para la implantación de Petromochos en Asturias: don Víctor Zapico Zapico.

Este apasionado exfalangista había llegado a las filas del PSOE de la mano de otro exfalangista como Fernández Villa, procedente del Partido Comunista de Asturias, quien le habría designado “ministrin” de Obras Públicas y Transportes en el gobierno felipista de Rafael Fernández para ocupar, primero la Dirección Regional de Minas, y más tarde la Consejería de Industria en el gobierno del Principado de Asturias, justamente desde donde mejor se podía controlar el contrabando del carbón.

Modus operandi de los carbones de importación depositados en la explanada de la Mina de La Camocha con destino a las térmicas de Aboño y Soto la Barca.

En efecto, aquellas fórmulas de “carbón sudafricano + carbón nacional + tierra de escombrera: tantas mil de pesetas, limpias de paja y polvo, por tonelada de carbón metida en térmica”, o , aquella otra de “carbón colombiano + carbón de cielo abierto + residuos de lavadero : tantas mil pesetas tan sucias como las anteriores” eran las empleadas con el pleno conocimiento de los responsables irresponsables del gobierno felipista, dándose casos tan espeluznantes de empresas que, sin tener trabajadores en plantilla, sin embargo, colocaban anualmente el cupo asignado por el gobierno de la nación, o el caso sangrante de HUNOSA que, para maquillar las cuentas de su corrupta gestión, recurría permanentemente a estas prácticas mafiosas a través de sus múltiples operadoras en los cielos abiertos, las cuales no hicieron otra cosa que hacer desaparecer pueblos enteros y degradar irreversiblemente una parte importante de esa Asturias que alguien, desde la propia Consejería de Industria, Comercio y Turismo, se empeño en eliminar aquello de “paraíso natural” para seguir “adelante, con nuestros negocios carboneros”.

Mina de La Camocha con el carbón de importación amontonado en la explanada de la empresa.

Pero, volviendo al “camochomocho” de Fernando Luis García Brugos “El Ruchu”, nada mejor que situarnos en el año 1997, cuando quedaba suscrito el nuevo sistema de ayudas regulado en el plan de la minería del carbón 1998-2005 y adaptado a la decisión CECA 2632/93. Este plan establecía un volumen de ayudas de 160.000 millones de pesetas anuales, de los cuales un 65 por ciento correspondían a las ayudas a la explotación y la reducción de  actividad, todo ello al margen de otros 704.000 millones de pesetas para el periodo, que hicieron del plan en marcha el gran negocio para el gobierno, la patronal, la banca y los pandilleros del sindicalismo somático y cocoso: el Gobierno compraba la paz social a los sindicatos mineros por unos miles de millones que, consignados en la partida de “formación”, no escondían más que la financiación encubierta de los aparatos sindicales; eso sí, dos o tres veces año convocaban alguna de las “huelgas pactadas con el gobierno” para que los trabajadores vean que todavía les queda algo de dignidad y vergüenza. La Patronal se lleva un porcentaje de cada tonelada de carbón que deje de producir, al margen de seguir percibiendo la subvención correspondiente a las toneladas que dicen extraer de sus minas, y la Banca se beneficia con la administración y gestión de los miles y miles de millones de pesetas destinadas a la prejubilaciones desmovilizadoras, todo ello encaminado al cierre de las minas, dejando las comarcas desoladas y empobrecidas, con alguna que otra carretera, sin enlaces, para que los jóvenes puedan marcharse hacia otros lugares en busca de lo que tan injustamente les robaron.

Carbón colombiano para la mina que Goldman Sachs tiene abierta en el Musel de Gijón.

De acuerdo con el nuevo sistema suscrito, durante el año 1999, la mina de La Camocha que había recibido 5.000 millones de pesetas en ayudas anuales del Estado, había comprado 90.000 toneladas de carbón sudafricano que transportó desde los puertos marítimos de Amberes y Ámsterdam hasta los puertos de Gijón y Avilés en 19 barcos, siendo el consignatario la firma Bergé Marítima. Desde las zonas portuarias serían transportadas en camiones hasta una explanada en los terrenos de La Camocha, alquilada a Trabajos y Explotaciones – empresa que gestionaba Juan José Cachero, uno de los socios de García Brugos en Carbones Linares –, donde se mezcla con el extraído en La Camocha y otros carbones de cielo abierto más el porcentaje correspondiente de tierra, y, ¡carretera la de las térmicas de Aboño y Soto Ribera!

De esta forma, el mix de coste mejoraba sensiblemente al mezclar carbón extraído de La Camocha a 132 euros por tonelada por un carbón que se pagó, fletes incluidos, entre 24 y 36 euros, es decir, casi cuatro veces más. Eso sin olvidar los porcentajes de cielo abierto y tierra añadida que, lógicamente, incrementaban las ganancias a cuenta del fraude permitido contra Hacienda, al recibir la mina, además del precio pagado por la térmica – igual que el internacional bien referenciado al índice McKluski bien referencial de la UE -, la subvención estatal, prevista para cubrir la diferencia entre el coste real de la producción y el precio de venta, esto es, 90 millones de euros en una sola tacada, o si se prefiere, 15.000 millones de pesetas.

Como bien decía el Consejero de Industria del Gobierno autonómico de Asturias, Jesús Urrutia, “todos los años entran seis millones de toneladas de esos carbones” que saca el negro sudafricano por el precio de una cerveza, o el niño colombiano por un bocadillo de mortadela, después de 12 y 14 horas de trabajo, como yo mismo he tenido ocasión de ver en ambos lugares, para que cuatro hijos de puta coman langosta con Dom Perignon a cuenta del erario público y del sacrificio de los mineros españoles que están condenados a sufrir el cierre de sus explotaciones como, de hecho, ya ha ocurrido.

Por fin, habiendo transcurrido 16 años desde aquella detención de 25 directivos que componían la cúpula directiva de Mina La Camocha por un supuesto fraude a la Hacienda, el 20 de enero de 2014 daban comienzo las sesiones judiciales en el Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón contra los cinco imputados resultantes de las “añejas instrucciones”Manuel Martín Martín (presidente, consejero y apoderado de Mina La Camocha), Ángel Manuel García Brugos (administrador único de Hullas de Coto Quirós), Guillermo Alfredo Honrubia Álvarez (apoderado tanto de Hullas Coto Quirós como de trabajos y Explotaciones), Víctor Zapico Zapico (apoderado de Mina La Camocha) y Margarita García Fernández (responsable de contabilidad y apoderada de Mina La Camocha) -, para los que la Fiscalía había solicitado 9 años de cárcel y una multa de más de 17.000 de euros para cada uno.

Charo Fernández Hevia, la “jueza roja”, dejó muestras más que evidentes en sus muchos años de ejercicio del Derecho en Asturias que no estaba dispuesta a renunciar a la coherencia y por eso tiñó siempre de sus ideas, de izquierdas, feministas y reivindicativas, su ejercicio profesional. No había una Charo Hevia jueza y una Charo Hevia ciudadana.

Nada hacía presagiar que aquella investigación, iniciada en 1998 por una denuncia presentada ante los juzgados de Oviedo por el autor de este libro, siendo diputado de Izquierda Unida, podía llegar a su celebración y mucho menos a una sentencia condenatoria, sobre todo cuando el proceso de instrucción había sido archivado en dos ocasiones, hasta que llegó este a las manos de una jueza valiente donde las hubiera – Rosario Fernández Hevia – que, después de más de diecisiete maratonianas sesiones, dictaba sentencia contra los cinco imputados de la “trama carbonera” de Mina La Camocha: Nueve años de prisión y una indemnización de 16 millones de euros para cada uno, así como otros 21 millones de euros a pagar proporcionalmente entre los cinco condenados, tras considerarlos culpables de fraude en el cobro de subvenciones europeas por vender a las térmicas carbón importado como si fuera de la mina de La Camocha, según la sentencia dictada acorde con las pruebas del delito: informes de la Unidad Central de Investigación Fiscal y Antifraude de la Guardia Civil (UCIFA) – actualmente integrada en la UCO, que dirigió la investigación con el apoyo de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón – sobre la llegada del carbón importado por los puertos de El Musel y Avilés, la mezcla en una explanada de la empresa minera y el reenvío a la térmica de Aboño; las declaraciones de los camioneros que acarrearon el carbón; las cartas que Hidrocantábrico envió a Mina La Camocha tras detectar mezcla de carbones; el informe del Instituto del Carbón (Incar) que constató la mezcla de carbones y coque de petróleo en una muestra del enviado a la térmicas; un informe pericial de dos técnicos de Hacienda, que concluyó que entraron irregularmente en Mina La Camocha 98.686,4 toneladas de carbón ajeno y otro informe pericial de un ingeniero de minas que cuestiona las cifras de producción declarada por la empresa“.

Manuel Martín, Margarita García, Victor Zapico, Guillermo Honrubia y Ángel Garcia Brugos en el banquillo de los acusados, siendo condenados a nueve años de cárcel y 25 millones de euros en el primer juicio de la “trama carbonera de La Camocha”.

Sin embargo, el juicio por el fraude de Mina La Camocha sería anulado, teniendo que volver a celebrarse un nuevo juicio con “otro juzgador”, según sentencia de la sección número 8 de la Audiencia Provincial de Gijón, presidida por María Luisa Barrio Bernardo-Rúa – fallecida el 20 de setiembre de 2017 y a la que también pertenecen los magistrados Agustín Pedro Lobejón Martínez y Santiago Veiga Martínez que, si bien acepta los antecedentes de hecho de aquella sentencia, no admite la declaración de hechos probados, que queda sin efecto.

La sentencia considera que la jueza interrogó demasiado tiempo a los testigos, extralimitándose de su papel neutral en el desarrollo de la vista, y les hizo preguntas que revelaban “una previa toma de posición con respecto al objeto del enjuiciamiento”. El motivo es que la Audiencia Provincial aprecia “falta de imparcialidad”, mostrándose muy severa con la jueza del caso, Rosario Hevia, a la que acusa de “haberse extralimitado en su función de dirigir los debates, revelando el contenido de las preguntas formuladas, así como las valoraciones hechas con ocasión de los interrogatorios”. La Audiencia concluye que la jueza llegó a realizar preguntas innecesarias, de contenido incriminatorio, que revelaban un “juicio formado”, poniendo como ejemplo una pregunta que realizó esta a Víctor Zapico – éste solo respondía a su abogado defensor – diciendo que “lo normal no era que en la Mina La Camocha entraran camiones con carbón, sino que saliesen”.

De esa manera la decisión de la Audiencia, completamente excepcionalen 2015, el 97,1% de las sentencias penales recurridas ante la Audiencia asturiana fueron confirmadas íntegramente y solo el 0,27 fueron anuladas, según el boletín del Consejo General del Poder Judicial -, dejaba en el aire uno de los casos de corrupción más sonados de Asturias a la vez que cuestionaba con la mayor severidad a una jueza con una larguísima trayectoria de enfrentamientos con el estamento judicial asturiano. Hay que dejar clara constancia de que esta decisión judicial, “sorprendente” para algunos destacados juristas, cogió a Rosario Fernández Hevia ya fuera del partido judicial gijonés, pues en marzo de 2015 sería destinada como magistrada a la Audiencia de Valencia, tras 23 años en Asturias.

Tal como manifestaría la jueza Fernández Hevia a la revista Atlántica XXII desde su nuevo destino en Valencia, la repetición del juicio “No es algo habitual, pero entra dentro de la normalidad del funcionamiento judicial”, la jueza considera que no se le exige una imparcialidad imposible en cualquier ser humano: “No se trata de una imparcialidad total, sino de mantener una posición de neutralidad, y no hay límites marcados legalmente, entra en el criterio de cada Tribunal Superior o en este caso, al tratarse de la vía penal, de la Audiencia. Nos movemos en marcos que pueden ser más o menos amplios. En este caso, la Sala ha adoptado un criterio que respeto y acato”, señala la magistrada, que sí considera más excepcional la petición de las defensas de que se retire al fiscal del caso, Luis Miguel Llorente. “Me parecería más grave, no tengo memoria de algo similar”, asegura Fernández Hevia.

Una cuestión debe de quedar muy clara para los encargados y encargadas de la anulación del impecable y ejemplar juicio celebrado contra “la trama carbonera de Mina La Camocha”: En La Camocha “entraban camiones” con el carbón procedente de los puertos de Avilés y Gijón, así como de otras explotaciones mineras, y “salían camiones” con el carbón fraudulento para las térmicas de Abono y Soto Ribera. ¿Cómo se puede anular un juicio de estas características por este tipo de memeces? ¿Acaso el dinero robado en el colosal y multimillonario fraude al erario público también sirvió para pagar a algún que otro juez o jueza corrompido o corrompida?

Manuel Martin, Guillermo Honrubia y Ángel García Brugos condenados a siete años y medio de cárcel el primero, y cinco años y medió para los otros dos, además de una multa de 16 millones de euros para cada uno y otros 16 millones repartidos solidariamente entre los tres.

La cuestión es que, casi dos décadas después del comienzo de las pesquisas y tras dos juicios celebrados – el primero anulado, tal y como ha quedado explicitado -, con fecha de 2017, era  conocida la sentencia del segundo proceso, que condenaba a tres de los acusados – Manuel Martín, Ángel García Brugos y Guillermo Honrubia – por tres delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, aunque rebajaba sensiblemente los castigos del primer fallo al tener en cuenta la atenuante de «dilaciones indebidas». No obstante, el principal cambio es que absuelve a la imputada, Margarita García, directora contable de la explotación, que en el veredicto de 2014 fue considerada culpable.

El magistrado Luis Ortiz Vigil, juez titular del Juzgado de lo Penal nº 2 de Gijón, condena al que fuera presidente de Mina La Camocha, Manuel Martín, a siete años y medio de prisión y al pago de 16 millones de euros de multa -6,1 correspondientes al primer ejercicio, 9,7 al segundo y 187.000 al tercero-, y al apoderado de Trabajos y Explotaciones y Hullas de Coto Quirós, Guillermo Honrubia, y al administrador único de HCQ, Ángel García Brugos, a cinco años y tres meses de cárcel y 16 millones de euros de multa, cada uno. Además, los tres condenados deben abonar al Estado de forma conjunta y solidariamente 16 millones de euros, más los intereses legales, en concepto de responsabilidad civil, y sufragar cada uno un cuarto de las costas del juicio. El fallo también incluye la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, así como el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

Sobre Guillermo Honrubia y Ángel García Brugos la sentencia aprecia «responsabilidad criminal» en concepto de autores por la ejecución de actos que permitieron el desarrollo del comportamiento defraudador. Su condena es de cinco años y medio de cárcel – un año y nueve meses por cada uno de los ejercicios– y una multa de 16 millones para cada uno. La cuarta acusada, Margarita García, quedó absuelta al no apreciarse, «a diferencia de lo ocurrido con el resto de acusados», su posible responsabilidad criminal. Según el documento, «resulta asumible la tesis de descargo», consistente en que la acusada «carecía, en su posición de persona responsable de la contabilidad de la entidad Mina La Camocha, de facultad alguna decisoria». Los otros dos acusados ya fallecieron: el dueño de la mina, Fernando García Brugos, durante la instrucción de la causa, y el director de servicios y también exconsejero de Industria, Víctor Zapico, que murió el 15 de abril de 2017.

La sentencia considera probado que la explotación obtuvo durante los años 1998, 1999 y 2000 millonarias ayudas destinadas por el Ministerio de Industria y Energía para la reducción de la actividad – unos 93 millones de euros-, pero también que Manuel Martín, con la finalidad de obtener un beneficio económico, «modificó de forma esencial el destino» de estas ayudas. De hecho, según el fallo, queda probado que adquirió unas 98.000 toneladas de carbón importado o nacional de cielo abierto -más barato que el propio – para mezclarlo con el de Mina La Camocha y después revenderlo a la térmica de Aboño, bajo la apariencia de que todo era extraído de los yacimientos gijoneses y, por tanto, merecedor de las ayudas.

Parte de este mineral fue comprado justificándolo como destinado a vales para los trabajadores, mientras que la mayor parte se camufló a través de empresas interpuestas: Hullas del Coto Quirós, del mismo propietario que Mina La Camocha, y Trabajos y Explotaciones. De ahí que Manuel Martín tenga una pena superior, ya que a él se le considera «autor por la ejecución directa, material y voluntaria» de los delitos, mientras que a Guillermo Honrubia y Ángel García Brugos se les considera, igualmente autores, pero por «la ejecución de actos que permitieron el desarrollo del comportamiento defraudador».

Miguel López Villar, otrora poderoso vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda de la Junta que presidía su amigo Aznar fue condenado por prevaricación por conceder de forma irregular desde su responsabilidad en la Junta de Castilla y León subvenciones a empresas mineras asesoradas por su esposa, Rosario Carballo.

Como se podrá apreciar, las “puertas giratorias” también se abren en el sector minero, donde los principales empresarios mineros de España siempre les ha gustado rodearse de antiguos cargos de la Administración, conocedores de los entresijos del sistema, y Fernando García Brugos “El Ruchu”, propietario de Mina La Camocha ya fallecido no era una excepción, fichando a un exconsejero de industria como Víctor Zapico para la dirección general de servicios de la explotación gijonesa, el buque insignia de su conglomerado minero y también contratando los servicios de asesoría del exconsejero de Economía de Castilla y León presidida por Aznar, Juan Miguel Pérez Villar -inhabilitado en 1995 para ejercer cargos públicos, por prevaricación al dar subvenciones irregularmente a empresas mineras – y que fue el asesor fiscal de Mina La Camocha entre 1996 y 2006, que tuvo la desfachatez de calificar como “impecable” la contabilidad de la explotación gijonesa en su comparecencia como testigo en juicio oral, manteniendo su opinión a pesar de que inspectores de Hacienda echaron en falta la llevanza de parte de los libros y documentos necesarios para comprobar la veracidad de la contabilidad de la mina.

Respecto a los informes de los inspectores de Hacienda que echaban en falta el registro auxiliar del libro diario, con el que poder comprobar los asientos contables mensuales, el exconsejero de Castilla y León señaló que eso fue lo que “interpretó” el inspector de Hacienda, pero que sí había hojas que recogían esos datos, y refiriéndose al motivo por el que no fueron hallados esos libros contables, Pérez Villar respondió que “porque no los presentarían para la inspección”. ¿Porque no le interesaría a la empresa?, repreguntó el fiscal: “Pues claro”, contestó el testigo. La Agencia Tributaria no sólo echó en falta libros contables de los ejercicios 1998 y 1999, sino también balances e inventario, algo que el asesor fiscal dijo no recordar.

Acerca de ANTON SAAVEDRA RODRIGUEZ

Hola a todos, soy Antón Saavedra y vivo en la cuenca minera asturiana del Nalón. Nacido en Moreda de Aller, (Asturias) el 30 de mayo de 1948, desde la edad de cinco años vivo en la barriada minera de La Juécara (LANGREO). Allí, en la Academia Mercantil de La Felguera (Frailín) cursé mis estudios de bachillerato por libre, y a la edad de 20 años, después de haber sido despedido de Constructora Gijonesa, Duro Felguera y Montajes de Ciaño por motivos sindicales, empezé a trabajar en la minas de Hunosa (Pozo Fondón) con la categoría de ayudante barrenista hasta el año 1974 que pasé a desempeñar el cargo de Graduado Social en el Grupo Siero (Pumarabule y Mosquitera). Posteriormente me licencié en Relaciones Industriales por la Universidad de Alcalá de Henares, y actualmente curso estudios para la licenciatura de Ciencias Políticas. Afiliado a la UGT y al PSOE en los inicios de los años 70, fui secretario general de la Federación Estatal de Mineros de UGT (1976-1989), vicepresidente de la Internacional de Mineros (1978-1990), y miembro del Comité Ejecutivo Confederal de UGT (1976-1988).Desde 1986 hasta 1994 ocupé un lugar en la Mesa del Comité Consultivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en representación de España. Durante este periodo participé como ponente en varios congresos y conferencias sindicales a nivel internacional, actuando en nombre de los trabajadores españoles ante la OIT, siendo autor del libro-informe publicado bajo el título “EL CARBON:UNA ALTERNATIVA A LA CRISIS ENERGETICA”, que fue asumido por unanimidad de los miembros de la CECA como ponencia base en el debate sobre la politica energética comunitaria en 1991. Entre los años 1991 y 1998 fui diputado del Partido de Acción Socialista (PSOE histórico) en el Parlamento Asturiano por las lista de IU, así como miembro de sus respectivos comités ejecutivos federales. Soy autor de “SECUESTRO DEL SOCIALISMO” y “EL HEREDERO DE SURESNES” de muy recientísima aparición.
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2 respuestas a ¡¡¡ CONDENADOS !!!

  1. Jjjjj dijo:

    Revise esta redacción ya que se narran historietas, medias verdades y bastantes mentiras.

    • Aunque no tengo ni idea quien es ese fantasma que se presenta como jjjjjj, revisaré todo aquello que me indiques todo aquello de mis escritos que no responda a la verdad. Mientras tanto, te garantizo que todo está perfectamente contrastado. No obstante, si te afecta en algo por ser parte del latrocinio perpretado ya sabes lo que tienes que hacer: acudir a los juzgados. Saludos.

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