CHARLA DE ANTON SAAVEDRA SOBRE PENSIONES EN EL HOTEL DE ASOCIACIONES DE POLA DE LENA

Buenas tardes, y muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias a las compañeras y compañeros de UNIDAS PODEMOS por la organización de este acto para hablar sobre las pensiones desde esta magnífica tribuna del Hotel de Asociaciones de Pola de Lena, y gracias a las compañeras Lourdes, Tere Dopazo y al compañero Mario Carmelo que me acompañan en este acto. Yo solo soy un compañero más que no pretende sino aportar un poco de luz en el oscuro túnel de las pensiones que, junto con el paro y la corrupción, suponen los mayores y más graves problemas que tenemos planteados en nuestro país.

Es verdad que todos los avances, mejoras y acuerdos alcanzados en los últimos meses de lucha por unas pensiones dignas son bienvenidos, como lo son las principales reivindicaciones que reclaman las plataformas de pensionistas, pero la lucha en la calle y en las instituciones no puede cesar hasta lograr una solución permanente que impida que estas se pongan en cuestión, protegiendo las pensiones públicas hasta elevarlas en la Constitución a la categoría de derecho fundamental a la vez que prohibiendo su privatización y pérdida de poder adquisitivo. De ahí la importancia de nuestro voto a la hora de meter la papeleta en las urnas el próximo 10 de noviembre.

Estamos cansados de escuchar que las mujeres y los pensionistas son dos colectivos sociales poco permeables a las exigencias políticas: en ambos casos se los tenía por votantes mayoritariamente cautivos por la clase dominante, casi siempre conservadora en lo imaginario, pero también de izquierdas. Tanto es así que los partidos no suelen tenerlos de partida entre sus preocupaciones electorales; apenas en los días de campaña, como está ocurriendo en esta campaña, les suelen hacer guiños que luego olvidan cuando se instalan en los sillones del poder.

Pero en los últimos tiempos esta actitud y esta sensación han empezado a cambiar. Las mujeres, respaldadas por el peso intelectual, artístico y laboral que han cobrado, alzan su voz en defensa del derecho a la igualdad que les asiste, y han conseguido, sino la culminación de sus objetivos, sí avances muy importantes. Lo han demostrado también, y de manera más sorprendente, los pensionistas. Después de muchos años con las pensiones encubiertamente congeladas, han reaccionado en defensa de sus derechos.

Sus argumentos, nuestros argumentos, son convincentes: hemos tributado varias décadas para garantizarse un futuro tranquilo y, por lo tanto, solo reclamamos lo que se nos adeuda, y las movilizaciones de las compañeras y compañeros por todos los rincones de España son el ejemplo de que la lucha continúa.

Y, sin más preámbulos, me vais a permitir que comience mi intervención con unas reflexiones a modo de sinopsis, centradas en los conceptos que titulan mi ponencia.

LA PRIMERA, para poner de manifiesto que nuestro sistema público de pensiones está en una permanente deconstrucción, al  igual que viene ocurriendo con la mayor parte de los sistemas europeos, de acuerdo con el discurso corsario del Banco Mundial para el abordaje a los sistemas públicos de pensiones, asumidos por la Unión Europea en sus libros Verde y Blanco sobre pensiones, y muy recientemente desarrollados a través del PRODUCTO PANAEUROPEO DE PENSIONES INDIVIDUALES (PEPP), aprobado por el Parlamento Europeo, el 4 de abril de 2019, con el único voto en contra de UNIDAS PODEMOS.

Antón Saavedra y Tere Dopazo en la charla debate sobre pensiones celebrada en Pola de Lena, el 6 de noviembre de 2019

Un plan de pensiones de ahorro a largo plazo con muy escasas posibilidades, por no decir nulas, para su rescate, que no busca sino canalizar más dinero hacia los mercados de capitales, impulsando el programa de la Unión de Mercados de Capitales.

En realidad, se trata de una “colecta” del capital que, al grito corsario del neoliberalismo viene a decir algo así como: ¡¡¡Ahorradores, prestadle dinero al capital, necesita liquidez!!!

Las sucesivas reformas perpetradas por los gobiernos del bipartidismo PPSOE durante los últimos 35 años nos han abocado a un futuro de pensiones precarias y pensionistas empobrecidos donde, según estimaciones de la propia Comisión Europea, en 2030 un ciudadano con un salario de 1000 euros recibirá una pensión de 600 euros, y en 2050 será tan sólo de 465 euros. Por lo tanto, el problema no es si las pensiones se podrán pagar el mes que viene: el problema es que las pensiones públicas del futuro, caso de seguir existiendo, no van a permitir una vida digna después de muchos años de trabajo.

Ello, sin olvidar que, según los técnicos del Ministerio de Hacienda, el 32,6 % de los pensionistas cobran en la actualidad menos de los 8.200 euros que delimita el umbral de la pobreza. Es decir, más de tres millones de personas, de las cuales el 60 por ciento de los pensionistas que perciben pensiones por debajo del umbral de la pobreza son mujeres.

LA SEGUNDA, para constatar que la estructura legal de nuestro sistema de pensiones no es más que el resultado de reformas que siempre han tenido como argumento evitar la quiebra de la Seguridad Social, elevando primero, en 1985, con el gobierno felipista del PSOE, desde 10 a 15 años el periodo mínimo de cotización para acceder a pensión; después, en 2011, con el gobierno de Zapatero, elevando la edad de jubilación desde 65 a 67 años; y más recientemente la introducción por parte del gobierno Rajoy del “factor de sostenibilidad”, eliminando la revalorización automática de las pensiones a partir de 2013, aunque mucho antes ya lo había comenzado a realizar el gobierno de Zapatero con la congelación de las pensiones en el año 2010. Por cierto, un cero patatero de incremento en las pensiones, muy aplaudido por todos y cada uno de los diputados y diputadas del PSOE en el Congreso de los Diputados, entre los que se encontraba el actual secretario general y presidente en funciones del gobierno de España, Pedro Sánchez.

Público asistente al debate sobre pensiones en Pola de Lena, el 6 de noviembre de 2019

Desde mi punto de vista, el problema de la sostenibilidad del sistema público de pensiones siempre se ha venido planteando de la peor forma posible, tratándolo como un problema técnico cuando, en realidad, se trata de un problema político. Se ha querido enmarcar como una cuestión de insuficiencia de medio, cuando el verdadero quid de la cuestión es la distribución de la renta. Se pretende con ello que creamos que la sostenibilidad del sistema público de pensiones depende de “cuántos son los que producen” cuando la variable importante es “cuánto se produce”.

Es decir, para financiar las pensiones lo que importa es la riqueza que un colectivo produce, más allá de cuántos trabajadores lo producen. Por eso resulta más que vergonzoso que un tema de economía tan elemental se utilice tan superficial y erróneamente. Se olvidan esos economistas del neoliberalismo que, con el cambio tecnológico, cada trabajador está produciendo mucho más que antes, está incrementando la productividad, por lo que no debe importar tanto el número de trabajadores, sino la riqueza que producen.

Lo ocurrido con la agricultura puede servir como ejemplo de lo dicho:  Hace cincuenta años el 30 por ciento de la población activa trabajaba en la agricultura; hoy únicamente lo hace el 4,5 por ciento, pero ese 4,5 por ciento produce más que el 30 por ciento anterior. Por lo tanto, habrá que ir pensando en la necesaria cotización de las máquinas.

Lourdes Suárez, Antón Saavedra, Tere Dopazo y Mario Carmelo en el debate sobre las pensiones en Pola de Lena, el 6 de noviembre de 2019

Sí, compañeras y compañeros, es hora de empezar a hablar de cómo hacer que coticen las máquinas a la Seguridad Social. Dado que una de las principales causas del desempleo reside en el fenómeno de acumulación de capital en forma de máquinas muy competitivas, éstas deberían ser gravadas con un impuesto específico destinado, entre otros, al pago de las pensiones

Si a ello sumamos las nefastas reformas laborales, que han precarizado el empleo, otorgando más poder a los empresarios en perjuicio de los trabajadores, esto nos ha llevado a unos salarios reales menores y, con ello, a una mayor dificultad para cotizar.

En ese escenario, la reforma del sistema efectuada por el gobierno Zapatero en 2011 no hizo más que consolidar los principios corsarios al discurso oficial sobre las pensiones, y su reforma laboral de 2010 no sólo supuso una verdadera desamortización del mercado de trabajo, despojando la política de empleo de su dimensión social y devolviendo a manos privadas la regulación de las relaciones laborales, sino que fue una auténtica bomba de relojería en el corazón de nuestra Seguridad Social, de tal manera que, desamortizado el mercado laboral, la desamortización del sistema público de pensiones quedaba convertido en el más lucrativo negocio privado.

LA TERCERA, para afirmar que el objetivo de fondo no es otro que acabar con el sistema público de pensiones, lo cual procurará un doble beneficio al capital. El más evidente: promocionar el negocio de los sistemas privados de pensiones y lograr que las cotizaciones gestionadas actualmente por la Seguridad Social lo sean por agencias privadas propiedad del oligopolio bancario, dando más dinero fresco a la banca para seguir especulando en los mercados financieros.

Se trata de trasladar el modelo “piñerista”, implantado bajo la dictadura militar de Pinochet en Chile, allá por el año 1981, donde jubilarse en aquel país hermano es algo así como sacarse un carnet de pobre para los ya de por sí pobres. En efecto, Chile fue pionero en el establecimiento del sistema privado obligatorio, aunque curiosamente se mantuvo y todavía se mantiene el sistema público de reparto para las fuerzas armadas. En la actualidad, casi dos millones de los pensionistas chilenos viven con la limosna de 140 dólares mensuales que el gobierno introdujo a partir del año 2008, siendo una de las principales reivindicaciones del movimiento obrero chileno la lucha permanente por volver al sistema público de pensiones. Una lucha que se desarrolla estos días en toda su crudeza con el triste balance de 45 trabajadores chilenos muertos y más de mil heridos graves por las balas de las fuerzas policiales y del ejército.

Y los “piñeristas” españoles, procedentes de la escuela de Chicago, caso concreto del exministro de Hacienda y Economía con el PSOE, Carlos Solchaga, están inmersos en ese abordaje corsario para convencer a los gobiernos del bipartidismo PPSOE de que la vía buena es la de favorecer los fondos privados de pensiones a costa de recortar nuestro sistema público, hasta llegar incluso a su desaparición. ¿De dónde saca el exministro Solchaga que los pensionistas no hemos cotizado lo suficiente? ¿Por qué quiere tener en cuenta solo las cotizaciones que pagan los trabajadores? ¿Quién ha producido la riqueza de la que vive el resto de la sociedad?

Los pensionistas españoles han trabajado un mínimo de 35 años para cobrar su pensión. ¿Puede presentar el exministro Solchaga los cálculos de que no han pagado lo suficiente para financiar sus pensiones?

Afirma también el exministro Solchaga que, si tuvieran los pensionistas un sistema de capitalización, estos cobrarían la mitad de lo que cobran ahora. En absoluto parece darse cuenta este energúmeno de que está incurriendo en una muy grave contradicción: si con el sistema de capitalización privado cobrarían menos es porque con sus cotizaciones no alcanzarían para cobrar más, mientras que con lo que cotizan a las pensiones públicas cobrarían doble. Es decir, el sistema público de pensiones permite un mejor nivel de vida a los ancianos que el sistema privado. Y, por supuesto, no vamos a preguntar cuánto dinero tiene invertido el señor Solchaga en los, sin duda jugosos, fondos privados que probablemente tiene para sus pensiones, derivados de los 600.000 euros al año que percibe por sus múltiples actividades para los grandes empresarios del IBEX35. Además, exministro Solchaga: si no hay dinero para las pensiones públicas, ¿de dónde sale el dinero para las pensiones privadas?

En otras palabras, existen poderosos sectores de las finanzas que buscan una España en la que jubilarse con cierta dignidad sea solo un privilegio reservado para aquellas y aquellos agraciados que cobran auténticas millonadas de dinero. Al respecto, conviene preguntarse si en el futuro las grandes empresas como el Corte Inglés o las grandes cadenas, tendrán su propio sistema de pensiones privados con entidades bancarias como el BBVA, Santander u otras, aunque no parece probable, debido, sobre todo, a la experiencia de muchas empresas en EE.UU. y en nuestro país, entre otros, donde muchas empresas importantes tenían su propio fondo de pensiones y quebraron, desapareciendo el dinero de las pensiones, caso concreto de la conocida ENRON, por no hablar del fondo de pensiones de TELEFONICA aquí, en España.

LA CUARTA, para confirmar que  el objetivo de los gobiernos neoliberales del bipartidismo turnista PPSOE no fue otro qué alcanzar el mayor debilitamiento de la clase trabajadora, porque sin pensiones garantizadas, los trabajadores seguiremos siendo ciudadanos temerosos ante nuestro futuro, cada vez más incapaces de movilizarse en defensa de nuestros intereses, y ni siquiera de perder un solo día de cotización para hacer una huelga, quedando obligados a trabajar hasta el fin de sus días, aquellos que tengan el “privilegio” de tener un puesto de trabajo.

Se trata, compañeras y compañeros, de ir al desmantelamiento de lo que un día se llamó el “Estado del Bienestar” que siguió al final de la II Guerra Mundial, con sus políticas de pleno empleo y amplios servicios públicos redistribuidores de renta y riqueza logrados a través de la “lucha de clases”, esa “lucha de clases” que hoy se va transformando en una “lucha de frases”.

Lourdes Suárez, Antón Saavedra, Tere Dopazo y Mario Carmelo en el debate sobre las pensiones en Pola de Lena, el 6 de noviembre de 2019

Estamos viviendo, amigas y amigos, un periodo de sindicalismo débil y de fuerte integración de muchos dirigentes sociales y políticos al pensamiento ortodoxo, lo que ha llevado a que muchos sindicatos, autoproclamados de clase, hayan aceptado acríticamente el análisis y las soluciones ofrecidas por los dirigentes económicos y políticos del neoliberalismo, considerándolos como el “mal menor”; otros, incluso, se están beneficiando de la privatización de las pensiones, lo que les ha conducido a debilitar fuertemente la oposición a estas.

Pudiendo ser cierto que la Seguridad Social cerró 2018 con un déficit equivalente al 1,2 % del PIB, ¿por eso no se pueden pagar las pensiones? ¿a quién puede escandalizar un déficit tan exiguo como el de la Seguridad Social? ¿Acaso no cerraron las Administraciones Públicas en 2009 con un déficit del 11% del PIB, en 2010 del 9,4%, en 2011 del 9,6%, en 2012 del 9, en 2016 del 4,51 %, en 2018 con el 2,9%, y se financió?

¿No se puede financiar un déficit del 1,2 % o es que depende de a quién vaya destinado el dinero? Recordemos que buena parte del déficit de aquellos años se debió al rescate bancario, y resulta más que indignante cuando el gobierno de Mariano Rajoy ha destinado al rescate de las Cajas de Ahorros, la misma suma que había en la llamada “hucha” de las pensiones.

Utilizar este método de asignación del déficit a las políticas con insuficientes recursos propios, implicaría afirmar que existe también déficit en el capítulo de defensa, infraestructuras, protección ciudadana o justicia.

No es que el déficit de la Seguridad Social sea elevado: la clave radica en si los trabajadores tenemos o no la misma capacidad de presión que la banca para que el Estado ponga el presupuesto a su servicio.

Mirad, compañeras y compañeros: manejando exactamente los mismos números que manejan los turnistas gobiernos del PPSOE, el dinero de nuestras cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los últimos treinta años, éste ha servido, se ha utilizado para muchas cosas, desde la financiación de la sanidad hasta las pensiones no contributivas pasando por la financiación de los propios Presupuestos Generales del Estado.

Sí, compañeras y compañeros, con el dinero de nuestras cotizaciones, de vuestras cotizaciones, se han financiado hasta los Presupuestos Generales del Estado, y si todo ese dinero se hubiese destinado exclusivamente al fondo de las pensiones, ahora mismo ese fondo de pensiones tendría ¡¡¡MEDIO BILLÓN DE EUROS!!!

Por lo tanto, si el dinero de nuestras cotizaciones ha estado financiando otras políticas, sería justo que ahora otras políticas, otros impuestos, financien a las pensiones. Sí, claro que hay dinero para las pensiones. Claro que el sistema de pensiones es sostenible. Los que no son sostenibles son los corsarios del neoliberalismo gubernamental al abordaje del Estado del Bienestar.

¿De dónde puede sacar el Estado más dinero para no tener déficit y garantizar las pensiones? Buscad en internet, buscad la palabra GESTHA, que es una organización de inspectores de Hacienda que se dedica a informarle a nuestro pueblo de lo que está ocurriendo tras la cortina de la economía y los impuestos.

Y estos inspectores, que saben perfectamente de qué se está hablando, nos dan los siguientes datos escalofriantes: En España se defraudan todos los años 90.000 millones de euros, que equivalen al 8,6% del PIB. Una cifra cuatro veces superior a las ayudas destinadas a los parados, más del 90% del presupuesto anual para la salud o el 88% del gasto destinado a las pensiones.  Y dicen mucho más: el 72 % de ese fraude lo tienen los grandes empresarios de este país. En España, por lo tanto, está sobrando dinero.

Pero hay un fraude que pone los pelos de punta y que demuestra realmente a quienes sirven determinados políticos y sus gobiernos. Existe una cosa que se llama Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV). Es decir, un señor quiere pagar menos dinero y menos impuestos por su dinero y funda una SICAV, pero le ponen una condición: tiene que haber por lo menos cien personas y entre todas juntar 2,4 millones de euros. Yo pongo 2 millones y el resto lo reparto entre las 99 personas o “mariachis”. Desde ese momento yo no pago el 35 % de impuestos, sino que pago el 1 %. ¡¡¡Claro que es un escándalo, esto es un robo consentido!!!

El caso es que los inspectores de Hacienda cuando se dieron cuenta de qué estaba haciendo el señor y sus “mariachis”, quisieron meterle mano. Y cuando empezaron los trámites, el PSOE, el PP, CIU y PNV aprobaban una ley en el Congreso de los Diputados por la cual, esto se quita a los inspectores de Hacienda y se le pasa a una entidad nueva que se llama Comisión Nacional de Valores (CNMV), y ésta lo primero que dice es que: Aquí ya no se mete mano a estos señores y, además, olvídense de retroactividades.

Por eso, cuando nos dicen que en España no hay dinero, decidles que “eso es mentira”. Qué están mintiendo como malditos bellacos. ¡¡¡Hay dinero, mucho dinero!!!, el problema es si se quiere ir por él. Si se va a los paraísos fiscales, si se coge la fiscalidad, si se tiene el valor cívico de meterle mano a uno de los problemas más gordos que hay junto con el de la economía sumergida, precisamente, uno de los mayores lastres para el crecimiento del país con una cifra de dinero oculto a los ojos del Estado en torno al 20% del PIB.

Lourdes Suárez, Antón Saavedra, Tere Dopazo y Mario Carmelo en el debate sobre pensiones en Pola de Lena, el 6 de noviembre de 2019

Por cierto, ¿por qué todos los partidos, a excepción de UNIDAS PODEMOS, se han opuesto a que la banca devuelva los 66.000 millones de euros procedentes del dinero de los contribuyentes para el rescate de la banca? Sirva como comparativa para confirmar que esta cuantía sería suficiente para volver a llenar la tan manoseada “hucha de las pensiones”, pero todos los partidos, con la excepción de UNIDAS PODEMOS, se oponen porque la banca es quien les mantiene, es la que manda en el país, es la que maneja los hilos que mueven las marionetas sentadas en las poltronas ministeriales.

El Estado no quiere tener más ingresos. Pero no porque el Estado sea misericordioso con los que tienen el dinero. Es que el Estado es el dominguillo, el criado, el títere del auténtico poder económico; por lo tanto, nuestro problema es con el poder. Lo que pasa es que el gobierno se interpone, porque es el fiel manisero de ese poder.

Todo lo que se nos ha contado sobre nuestras pensiones es mentira. No es verdad que gastemos en pensiones de manera desproporcionada.

Nuestro país se gastó el año pasado en pensiones un 12% de su Producto Interior Bruto, muy por debajo de Francia (15%), Alemania (14,4%), Portugal (14,9%), por no hablar de Italia (16,5%) o Austria (14,6%), y muy por debajo de la media de la zona euro (13,6%), según los datos oficiales de Eurostat, la oficina estadística de la UE.

Pero, además, el sistema de pensiones cumple una función macroeconómica evidente, no en vano representa el 12 % del PIB actual orientado a consumo y, por tanto, una fuente básica de demanda de bienes y servicios suministrados por empresas, profesionales y administraciones públicas, con impacto evidente en la actividad económica, el empleo y la generación de retornos relevantes también, vía impuestos.

Por otra parte, constituye un mecanismo potentísimo de cohesión social, territorial y, muy especialmente, de solidaridad intergeneracional. Por lo tanto, la consecuencia lógica de todo ello es una formulación de “cómo debemos actuar para preservar, reforzar y garantizar nuestro sistema público de pensiones, el mismo sistema, a ser posible mejorado, del que tienen que seguir disfrutando nuestros hijos y nietos”

Ni siquiera es cierto que el déficit de la Seguridad Social se deba a un aumento espectacular de los pensionistas. Se debe, sobre todo, tal y como ha quedado dicho, a las sucesivas reformas laborales que han mandado a los trabajadores a la precariedad permanente con salarios de subsistencia.

Y no es que los salarios sean bajos porque se produzca menos riqueza que antes. Al contrario, ahora se produce más, tal y como ha quedado dicho. El problema es cómo se está distribuyendo ese dinero, cada vez más en menos manos, dónde los salarios son la principal base sobre la que se produce este trasvase de riqueza que acaba en manos de la oligarquía financiera.

Se trata de caminar, amigas y amigos, hacia una redistribución más justa, más equitativa, de la inmensa riqueza que produce nuestro país, comenzando por los salarios, y exigiendo que no haya ningún salario por debajo de 1.200 euros mensuales, a la vez que poniendo fin a este continuo saqueo sobre el conjunto de la población trabajadora.

Además, abundando más en el tema, ¿por qué se habla del “déficit” de la Seguridad Social y no de otros organismos del Estado? ¿Cuál es el déficit de la Casa Real? ¿Y del Ministerio de Defensa? ¿Cuánto dinero de nuestros impuestos se destina todos los años a la Iglesia? ¿Y cuánto al rescate de las autopistas? ¿Cerramos la Universidad? ¿Dejamos de hacer carreteras?

Solamente, por hablar del gasto militar en España por estar en la OTAN y la UEO, con sus gastos de personal incluida la seguridad social, supone hablar de 2,47 billones de pesetas, es decir el 2,8 por ciento del PIB. Y, lo mismo podríamos decir de la financiación de la Iglesia por parte de todos los gobiernos que se sucedieron en las poltronas ministeriales durante los años que llevamos de restauración monárquica, con cifras que superan muy ampliamente los 15.000 millones de euros anuales. ¿Seguimos hablando de cuánto nos cuesta la colmena de los zánganos y zánganas de la Casa Real?

Por lo tanto, decir que la Seguridad Social se encuentra al borde de la quiebra es una estupidez, porque detrás de la Seguridad Social está el Estado con todos sus recursos financieros.

En absoluto se trata de carencia de medios, es un problema de opciones: de a quien se da y a quien se quita, de qué gastos son prioritarios y, sobre todo, cuánto se recauda y de dónde.

En definitiva, compañeras y compañeros, ningún colectivo ha sido tan castigado económicamente como el de los pensionistas. Nadie ha sido tan estafado como los jubilados. Ninguna demagogia tan despreciable como la dirigida a los ancianos y ancianas, a quienes se asusta con el miedo a quitarles su pensión, cuando no la aceleración de su muerte.

Al respecto, es bien conocida la frase de aquel Ministro de Economía japonés afirmando que “el deber patriótico de los viejos es que se mueran cuando les corresponda, esto es, lo más pronto posible”, un pensamiento muy deseado por esos corsarios del neoliberalismo, aunque no lo digan tan claro, utilizando narrativas un pelín más sofisticadas, como por ejemplo que “el alargamiento de los años que los ancianos viven está creando un enorme problema a la economía del país”

En realidad, siempre según Eurostat, el porcentaje de la población anciana es prácticamente la misma en España (19 %) que el promedio de los países de la UE-15 (19,03 %) y ligeramente inferior a la de la UE-28 (19,4 %). No es cierto, por lo tanto, que nuestro país sea uno de los países con “más viejos” o “más abuelos”.

No es la pirámide de población, ni el incremento de la esperanza de vida lo que amenaza la sostenibilidad de las pensiones, sino la insuficiencia de nuestro sistema fiscal, presa del fraude y de las continuas reformas regresivas acometidas por los distintos gobiernos del bipartidismo PPSOE.

José Castañón participando en el debate sobre las pensiones en Pola de Lena, el 6 de noviembre de 2019

El riesgo viene de una ideología liberal que contempla con satisfacción que la presión fiscal en España sea la más baja de la Europa de los quince (32,4 %), inferior incluso a Grecia (34,9%) y a Portugal (36,1%), trece puntos de diferencia con Francia, y de diez y de ocho con Italia y Alemania, respectivamente, y de unos políticos que prefieren recortar las pensiones a los jubilados antes que acometer en serio la reforma fiscal. Esta sí que tendría que ser la primera y principal reforma que habría de llevarse a cabo.

En la actualidad, compañeras y compañeros, más del 60% de los ¡¡¡ NUEVE MILLONES DE PENSIONISTAS !!! está por debajo del Salario Mínimo y casi el 35% apenas llegan al mínimo, una situación mucho más gravosa para las mujeres, que de media cobran un 30% menos que los hombres, pero la cruda realidad es que ni al Gobierno, ni a la Patronal, les preocupa en lo más absoluto el sistema público de pensiones y la sostenibilidad de los pensionistas.

¿Hay alguna razón para que no se puedan pagar las pensiones? ¿Existe el menor riesgo de que dejen de cobrarse? El único peligro posible no nace de los hechos objetivos, sino de una ideología que considera pernicioso cualquier mecanismo redistributivo.

Introducir la incertidumbre, la duda y el miedo entre aquellas personas que, por haber llegado a la última etapa de su vida, se sienten más indefensas y son más vulnerables al argumento de la inseguridad es simplemente canallesco, porque el día que se diga que no hay dinero para el pago de las pensiones, ese día será que ha quebrado el Estado, y si esto llegase a ocurrir, entonces sería cuando el problema de nuestras pensiones, dejaría de ser un problema.

Por lo tanto, es necesario seguir luchando en la calle y en las instituciones a través de nuestros representantes políticos, para dar soluciones al problema de nuestras pensiones. Y para lograrlo, es totalmente necesario llenar los parlamentos y ayuntamientos de compañeras y compañeros rojos, verdes y moradas, procedentes, no sólo de la universidad, sino de las fuerzas del trabajo y, como no, del propio colectivo de pensionistas.

En la actualidad, cada vez que toca la paga doble de nuestras pensiones, se nos machaca constantemente con que se han sacado tantos millones de la “hucha” de las pensiones, dejándonos “caer” que esto se va acabando. Pues bien, cuando se acabe que la vuelvan a llenar, así de fácil, pero que nadie trate de seguir engañándonos con el cacareado PACTO DE TOLEDO.

En efecto, éste ha sido para las prestaciones sociales lo que fueron los PACTOS DE LA MONCLOA de 1978 para los derechos laborales: las bases que propiciaron el principio del fin de un conjunto de derechos duramente conquistados a lo largo de la historia por el MOVIMIENTO OBRERO.

Aquellos “Pactos de La Moncloa” de 1978 fueron alborozadamente saludados como “una gran conquista para la democracia y los derechos de los trabajadores” de igual manera que el “Pacto de Toledo” de 1995 provocó el éxtasis de sus actores, declarando a los cuatro vientos que, gracias al pacto, quedaban garantizadas para el futuro los derechos sociales y el Sistema de Seguridad Social, incluida la jubilación, cuando la cruda realidad es que el “Pacto de Toledo” ha servido para introducir muy sibilinamente una novedad que, a la postre, ha resultado nefasta para los intereses de la clase trabajadora, al consagrar el llamado principio de “separación y diferenciación de las fuentes de financiación” del sistema.

¿Alguien piensa todavía que aquella proposición de ley que parió el Congreso de los Diputados el 6 de abril de 1995 a iniciativa de los pujolistas catalanes había caído del cielo? ¡Qué va! Aquello respondía, igual que ahora ocurre con el PEPP referido al inicio de mí intervención, a una ofensiva internacional en contra de las pensiones públicas y a favor de las privadas, que partía del Banco Mundial y de la Unión Europea.

¿Qué se esconde tras tan ampuloso epígrafe?  Pues, lisa y llanamente, que a partir de la firma del “pacto”, la financiación de las prestaciones de naturaleza contributiva dependerán básicamente de las cotizaciones sociales, quedando excluida la posibilidad de complementar tal financiación con cargo a otras partidas de los Presupuestos Generales del Estado, creando para ello lo que se ha venido en llamar la “hucha” del Sistema de Seguridad Social, cuyos ingresos – exclusivamente provenientes de las cuotas sociales – deberán servir para el pago de las correspondientes prestaciones, de tal forma que una previsión – verdadera o falsa – de incapacidad de tal “hucha” para garantizar los pagos a medio y largo plazo, se traducirá inmediatamente en recortes de las prestaciones o, incluso de su desaparición pura y dura.

Lourdes Suárez, Antón Saavedra, Tere Dopazo y Mario Carmelo en el debate sobre las pensiones en Pola de Lena, el 6 de noviembre de 2019

Si para algo ha servido el PACTO DE TOLEDO ha sido para mantener a la sociedad inconscientemente tranquila respecto a una supuesta robustez del sistema de reparto, donde se aceptaba sin más el marco de debate fijado previamente por el pensamiento corsario, cuando la realidad, oculta una elección profundamente ideológica: o mantener las pensiones en el ámbito de las políticas del bienestar, como una responsabilidad pública, o seguir aceptando su lento traslado hacia la esfera estrictamente individual.

En este contexto, resultaba verdaderamente grotesco, tener que escuchar a los máximos dirigentes del PSOE los argumentos y compromisos de su campaña electorera, cuando dicen, refiriéndose al PP: “tú pensión está en peligro, porque el Gobierno del Partido Popular ha fomentado el empleo precario y las cotizaciones son más bajas que nunca. Su objetivo no es otro que agotar el Fondo de Reserva para destruir el sistema público de pensiones y después privatizarlo. No lo podemos permitir”.

¿Cómo se puede actuar con tanta frivolidad y tanto cinismo por parte del PSOE cuando han sido ellos, con su reforma laboral de 2010, quienes iniciaron el camino de la precarización, agravada por la reforma del PP en 2012?; Cuando se OLVIDAN de que su reforma de las pensiones en 2011 supuso la primera rebaja y el retraso de la edad de la jubilación; cuando CALLAN que su reforma del artículo 135 de la Constitución (pactada con el PP) da prioridad al pago de la deuda frente al dinero destinado a las prestaciones sociales y a los servicios públicos; cuando CALLAN que sus compromisos, y sus deudas millonarias con los bancos, les obliga, a ellos y al resto de los partidos, con excepción de UNIDAS PODEMOS, a incentivar los sistemas privados de pensiones… y cuando OLVIDAN que ese PP que “ponía en peligro las pensiones” estaba gobernando porque el PSOE se lo permitió con su ABSTENCIÓN, hasta que una moción de censura gestionada magistralmente por UNIDAS PODEMOS conseguía echarlos del gobierno.

Por lo tanto, el PSOE no puede seguir engañando al pueblo pretendiendo actuar de “apagafuegos” cuando forma parte del bloque de los “incendiarios”.

Pues bien, ahora ya están ellos en el gobierno, y los pensionistas seguimos en lucha a la espera de lograr nuestras justas reivindicaciones, porque “gobierne quien gobierne las pensiones se defienden”, tal y como hemos demostrado muy recientemente en la multitudinaria manifestación de los pensionistas en Madrid, el 16 de octubre de 2019, donde el único partido político que tuvo la dignidad de recibir en el  Congreso de los Diputados a los pensionistas fueron los de UNIDAS PODEMOS,  con sus máximos dirigentes, Pablo Iglesias y Alberto Garzón, a la cabeza

De momento, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ya nos ha vuelto a mentir, una vez más, en sus programas electoreros, cuando dice que va a incrementar las pensiones con el coste real de la vida, mientras presentaba su Plan Presupuestario 2020 con un incremento del 0,9% – 8,94 euros mensuales -, tal como figura en el documento entregado el día 15 de octubre de 2019 en Bruselas, al margen de las nefastas repercusiones que traerá para los trabajadores y pensionistas la “mochila austriaca” que figura en ese mismo documento y que, a muy groso modo, consiste  en aportar cada mes el 1,53 % detraído del salario bruto del trabajador para destinarlo a un fondo de capitalización, como si fuese una cuenta de ahorro, que teóricamente irá creciendo a lo largo de la vida laboral del trabajador, permitiéndole  disponer del mismo en el momento que es despedido ya que no recibiría ningún otro tipo de indemnización, de tal manera que será el propio trabajador quien se pague su despido.

Es decir, por mucho que sigan rebuznando los González, Aznar, Zapatero, Rajoy, Rivera y Pedro Sánchez, las pensiones deben de seguir siendo sustentadas con cualquier tipo de partida presupuestaria y no sólo con las cotizaciones, a la vez que exigiendo el blindaje de las mismas en la Constitución Española de acuerdo con su artículo cincuenta que obliga al Estado a tener recursos suficientes para el pago de pensiones y su revisión periódica. Una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones, y que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones.

Es una broma cruel decirle a alguien que cobra 700 euros al mes que se haga un plan de pensiones privado. La verdad sobre nuestras pensiones es muy sencilla. Donde nosotros vemos un derecho, ellos ven el gran negocio.

Por eso, la movilización de la clase trabajadora, del conjunto de la ciudadanía, en contra de este ataque brutal contra la vida y la dignidad de las personas, es la única herramienta válida para paralizar este proceso tan irracional como inhumano.

En Francia acaban de convocar una huelga general del transporte contra la reforma de las pensiones. ¿Sabéis cuáles son los motivos de la misma? Porque el gobierno de Macron quiere ampliar la edad de jubilación desde los 62 años hasta los 64 y aumentar el número de años contribuidos necesarios para jubilarse, así como fusionar en uno solo los 42 regímenes de pensiones hoy vigentes y distintos en función de cada profesión. Aquí, en nuestro país, el gobierno del PSOE ha elevado la edad de jubilación hasta los 67 años y nos hemos quedado tan panchos.

Es cierto que, tal y como se recogía en los Presupuestos Generales del Estado, aprobados por el gobierno de Mariano Rajoy para los años 2018 y 2019, las pensiones actuales se han incrementado con el 1,6 por ciento, y las mínimas con un 3 por ciento; que la base reguladora para las pensiones de viudedad se ha  incrementado hasta el 60 por ciento, y que el temible “factor de sostenibilidad” ha quedado anulado, de momento; pero no es menos cierto que, siendo positivas todas estas conquistas arrancadas, en absoluto sirven para ahuyentar las amenazas que se ciernen sobre las pensiones.

De ahí, compañeras y compañeros, debemos de seguir insistiendo con mayor fuerza que nunca en que la única manera de que las pensiones públicas estén de verdad protegidas frente al abordaje de los corsarios del neoliberalismo es blindándolas en la Constitución, tal y como ha quedado expuesto.

En definitiva, la Seguridad Social no es un capricho, sino una de las conquistas con las que el movimiento obrero humanizó la sociedad para alejarla del estado de las bestias. Algunos propugnan hoy volver a ese estado recuperando un capitalismo salvaje. Si los gobernantes y legisladores hincan la rodilla ante el poder económico, nuestro deber como ciudadanos y ciudadanas es aprestarnos a la defensa civil con todas las armas que tengamos a nuestro alcance. Muchas gracias

Acerca de ANTON SAAVEDRA RODRIGUEZ

Hola a todos, soy Antón Saavedra y vivo en la cuenca minera asturiana del Nalón. Nacido en Moreda de Aller, (Asturias) el 30 de mayo de 1948, desde la edad de cinco años vivo en la barriada minera de La Juécara (LANGREO). Allí, en la Academia Mercantil de La Felguera (Frailín) cursé mis estudios de bachillerato por libre, y a la edad de 20 años, después de haber sido despedido de Constructora Gijonesa, Duro Felguera y Montajes de Ciaño por motivos sindicales, empezé a trabajar en la minas de Hunosa (Pozo Fondón) con la categoría de ayudante barrenista hasta el año 1974 que pasé a desempeñar el cargo de Graduado Social en el Grupo Siero (Pumarabule y Mosquitera). Posteriormente me licencié en Relaciones Industriales por la Universidad de Alcalá de Henares, y actualmente curso estudios para la licenciatura de Ciencias Políticas. Afiliado a la UGT y al PSOE en los inicios de los años 70, fui secretario general de la Federación Estatal de Mineros de UGT (1976-1989), vicepresidente de la Internacional de Mineros (1978-1990), y miembro del Comité Ejecutivo Confederal de UGT (1976-1988).Desde 1986 hasta 1994 ocupé un lugar en la Mesa del Comité Consultivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en representación de España. Durante este periodo participé como ponente en varios congresos y conferencias sindicales a nivel internacional, actuando en nombre de los trabajadores españoles ante la OIT, siendo autor del libro-informe publicado bajo el título “EL CARBON:UNA ALTERNATIVA A LA CRISIS ENERGETICA”, que fue asumido por unanimidad de los miembros de la CECA como ponencia base en el debate sobre la politica energética comunitaria en 1991. Entre los años 1991 y 1998 fui diputado del Partido de Acción Socialista (PSOE histórico) en el Parlamento Asturiano por las lista de IU, así como miembro de sus respectivos comités ejecutivos federales. Soy autor de “SECUESTRO DEL SOCIALISMO” y “EL HEREDERO DE SURESNES” de muy recientísima aparición.
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