DIARIO DE UN CONFINAMIENTO:11 de mayo

11 de mayo

Cuando comienzo mi día 58 de arresto domiciliario, el mundo continúa parado. Nunca había vivido una situación así en mis 71 años de edad. Aparece un bichito insignificante, del que nos hemos dado cuenta de él cuando ya era demasiado tarde, produciendo la parálisis de más de medio mundo a la vez que produciendo una serie de emociones, hasta la fecha nunca vividas de esta forma: incertidumbre, miedo, temor, angustia, terror, pánico… a la infección y, en definitiva, como anticipación de lo peor, a la muerte. ¿Cómo será el bichito éste que ha sido capaz de parar desde las competiciones del fútbol en España, las corridas de toros, y hasta las procesiones y demás parafernalias de la semana santa por primera vez en la historia de nuestro país?

Sin embargo, a pesar de los 26.744 muertos y los 227.436 infectados que llevamos al día de hoy, 11 de mayo, según las cifras oficiales del ministerio de Sanidad, que nos sitúa en el segundo país del mundo con más casos detectados, por detrás de Estados Unidos, el bicho este, efectivamente, acabará siendo determinante en esta legislatura política, pero no tanto por su impacto sobre la salud como por su economía.

Fuente: Ministerio de Sanidad (10 de mayo de 2020)

Se presentan meses y tal vez años devastadores para la actividad productiva, un periodo de sufrimiento que no provocará tantas muertes, pero perturbará muchas vidas. Y es ahí donde el gobierno se juega su supervivencia política, más allá del indescifrable desvarío de la presión separatista, de tal manera que, sabiéndolo como lo saben, desde el gobierno ya tienen su estrategia muy decidida a través del llamado “escudo social” que ha llevado a la ministra de Trabajo a blasonar de tener bajo subsidio a más  de cinco millones de personas en España, donde 21 millones de españoles (44% de la población) perciben su salario del Estado, entre desempleados, afectados por ERTE, pensionistas y funcionarios, estando previsto que este porcentaje se ponga en el 60%  cuando entre en vigor la renta básica o ingreso mínimo vital que, tal y como ha anunciado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, echará a andar en el mes de junio a través del correspondiente decreto-ley que lo regulará, afectando en torno a un millón de hogares, puesto que la ayuda no está previsto concederla a las personas, sino a la “unidad de convivencia”, en conjunto. Unas cifras que superan por primera vez en España el 51% del Producto Interior Bruto y que, nadie se engañe, teniendo en cuenta la corrupción y el nepotismo existente en nuestro país a diestra y siniestra, donde la igualdad de oportunidades simplemente es un sarcasmo, este aparato elefantiásico, entre otras cuestiones, servirá para ir creando y manteniendo ese voto cautivo de estómagos agradecidos a la hora de meter el voto en las urnas.

El 1% más rico de España acapara el 25% de la riqueza del país. La España de hoy es más desigual que la España de antes de la crisis. Durante los años de recesión la diferencia entre la riqueza de los más pobres y de los más ricos se ha hecho mayor. En el informe de Oxfam Intermón se afirma que, en base a datos de Eurostat, «la recuperación ha favorecido cuatro veces más a los más ricos que a los más pobres» (22-01-2018)

Desde mi punto de vista, el único y principal problema de esta economía cautiva es que exige de muchísimo dinero para sostenerla y, habiendo como hay dinero – muchísimo dinero -, éste se encuentra en manos de una minoría demasiado minoritaria. La desigualdad en España se alimenta no solo durante las crisis económicas, sino también durante la recuperación de las mismas, de tal manera que un informe de Oxfam Intermón realizado en 2018, entre otros muchos elaborados, nos dice que la recuperación económica ha favorecido cuatro veces más a los ricos que al resto de la población y el 10% más rico de la población concentra ya más de la mitad de la riqueza total (53,8%), más que el otro 90% restante.  El informe señala que la evolución del reparto de la riqueza en España confirma su «injusta distribución», puesto que el 1% de la población más rica en España concentra una cuarta parte de la riqueza (25,1%), casi lo mismo que el 70% de la población (32,1%).

Entre 2016 y 2017, el 1% más rico capturó el 40% de toda la riqueza creada en ese periodo, mientras que el 50% más pobre apenas consiguió repartirse un 7% de este incremento. Solo en el último año, cuatro nuevos multimillonarios españoles entraron a formar parte de la lista creada por la revista Forbes, que ya incluye 25 multimillonarios españoles en la lista.

El 26,1% de la población española está en riesgo de pobreza y/o exclusión social O lo que es lo mismo, 12,1 millones de personas tienen serios problemas para cubrir las necesidades básicas, según el informe “El estado de la pobreza”. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2018. Nada ha mejorado en el último año en este aspecto. Si discriminamos la tasa de pobreza, esta afecta al 21,5%, unos 10 millones de ciudadanos en todo el país.

Refiriéndose a los salarios, el estudio de Oxfam Intermón refleja que, mientras que la remuneración de los trabajadores no ha recuperado todavía los niveles de 2009, los beneficios empresariales lo hicieron dos años antes y se situaron, en el segundo trimestre de 2017, un 8,3% por encima de lo registrado en el primer trimestre de 2009. De esta forma, desde el primer trimestre de 2012 la productividad por hora trabajada ha crecido diez veces más que el salario promedio por hora trabajada.

Según Oxfam Intermón, respecto a las empresas cotizadas en el IBEX35, señala que la polarización salarial mantiene su curso, dado que mientras que en 2014 un trabajador medio de una empresa del IBEX35 tenía que trabajar 84 años para igualar el salario anual del primer ejecutivo de la compañía, en 2016 esta cifra se elevó hasta los 112 años. La cifra se elevaba hasta los 207 años si se compara con el salario mínimo promedio de las compañías del IBEX 35.

Asimismo, en el informe se denuncia que el sistema fiscal español también contribuye a generar desigualdad, entre otras razones porque son los asalariados los que soportan principalmente el sistema tributario, frente a empresas y capital. En detalle, el 83% de la recaudación fiscal en 2016 provino del IVA, el IRPF y otros impuestos pagados fundamentalmente por familias, mientras que el impuesto de Sociedades aportó el 12% de la recaudación total, diez puntos menos que en 2007. Es decir, el sistema fiscal español es uno de los sistemas con peor capacidad de redistribuir de la Unión Europea, situándose el cuarto por abajo, después de Bulgaria, Letonia y Lituania, y lejos del promedio europeo. En España, los impuestos y transferencias reducen la desigualdad de mercado en un 30%, mientras que el promedio de la Unión Europea se sitúa en el 40%.

En términos globales, la capacidad de los impuestos para reducir la desigualdad de la renta bruta disponible de los hogares se sitúa en un 2,97%, obteniendo que sólo el IRPF representa un efecto reductor de las desigualdades (en torno al 8%), mientras que el resto de impuestos supone un incremento de las desigualdades de un 5%.

Fuente: Ministerio de la Seguridad Social. (Año 2020)

¿Qué nos puede hacer pensar que esta gravísima crisis económica que se encuentra oculta bajo el caparazón del bicho va a ser distinta a lo ocurrido en 2008, cuando según Zapatero, jugábamos en la Champions League que, por cierto, también el bicho se la cargó? Por aquel entonces, el “austericidio”, provocado por la reforma de la Constitución en su artículo 135, sirvió para rescatar a los bancos, estafándonos la cantidad de 60.000 millones de euros del erario público, y ello ocurrió porque Europa decidió rescatar a los bancos en lugar de a los ciudadanos. O, mejor dicho, a costa de los ciudadanos. Y a quien se opuso le puso un revólver en la cabeza. Grecia fue el primero en plantarse. Por momentos pareció que lo conseguiría, pero fracasó. Su movimiento era clave para el resto de países europeos, pendiente de si aquella pequeña rebelión surtía efecto, por lo que durante semanas el Viejo Continente contuvo el aliento. Lo contuvo entre amenazas propias de mafiosos, pues la Unión Europea puso sobre la mesa la opción de asfixiar a Grecia. Dejarlos morir, literalmente, de hambre. Conmigo o muertos. Los griegos doblaron las rodillas y suplicaron a su maltratador europeo que el castigo no fuera muy severo. Perdieron un 20% la renta por habitante solo entre 2010 y 2015, aumentaron el desempleo hasta el 27%, la pobreza llegó a niveles insoportables y la deuda pública se disparó.

España recortó a nivel estatal en diferentes sectores 44.448 millones de euros solo entre 2009 y 2014, incluida la sanidad pública y tras diez años de recortes, España estaba invirtiendo en Sanidad el 5,9% de su PIB, mientras que en Europa se invertía el 7,5%, lo que provocó escasez de personal sanitario, como enfermeras (5,7 por cada mil habitantes, mientras que la media europea es de 8,5 y hay países como Noruega que tienen 17).

Es decir, la Europa del Sur vivió una de las situaciones más ruinosas de las últimas décadas, pero los bancos franceses y alemanes cobraron, que era el objetivo de la Unión Europea, las bolsas volvieron a funcionar y la prima de riesgo desapareció de la escena. Por estas medidas, entre 2010 y 2018 solo Alemania creció en la Unión Europea por encima del 2%, pero el resto de países quedó estancado en niveles de crecimiento inferiores al 2%. El parón de la economía no fue la única consecuencia del austericidio, pues los niveles de desigualdad y pobreza alcanzaron niveles que ya casi ni se recordaban, pero que siguen estando ahí, sin solventar, a los que habrá que sumar todo lo que se avecina ahora.

Hasta ahora, los que sufrían los recortes eran solo los pobres o los hijos de los pobres, esos sectores marginales que conviven en el mismo vecindario que las élites. Los que esperan para recoger bolsas de comida en centros de caridad o acuden a comedores sociales mientras los más pudientes arrojan al cubo de la basura aquello que ya ni son capaces de comer.

Sin embargo, el virus lo cambió casi todo. El sistema ha sido tan esquilmado que no ha sido capaz de soportar ni siquiera un virus muy contagioso. Mención aparte, a pesar de la ocultación de datos y de cadáveres, el tiempo lo verá todo y considerará, quizá en un proceso, que nuestra generación condenó a muerte a más de 17.000 ancianos, abandonándolos de manera vil cobarde en esos pretanatorios, muchos de ellos con el nombre de geriátricos, negándoles asistencias en urgencias y en ucis. Muchos murieron asfixiados, sin respiradores. Les negaron retrovirales y les enviaban sedantes y morfina. Tendrán que explicar porque les pusieron la estrella amarilla y dejaron morir a una de las mejores generaciones de nuestra historia; ni siquiera se contaron los cadáveres que se mezclaron con los residentes vivos, solos, en días y noches de terror y miseria.

La pandemia del coronavirus ha colocado a la economía española al borde del abismo. En estos momentos, se encuentra en caída libre, con un déficit y una deuda pública fuera de control. Por eso hace ya semanas que el equipo económico del presidente del Gobierno, liderado por la eurocrata Nadia Calviño, prepara un duro plan de recortes económicos que permita a España recibir el imprescindible auxilio de Europa y bordear la intervención de nuestras cuentas por Bruselas. Sin embargo, este plan enfrenta frontalmente a los socialistas con su socio de Gobierno, Unidas Podemos, donde el vicepresidente Pablo Iglesias no está dispuesto a transigir con un programa de severos ajustes de las cuentas públicas, que suponga meter las tijeras a las pensiones, que el ministro de Seguridad Social tiene negro sobre blanco desde hace semanas encima de la mesa de su despacho y en su cabeza desde hace años.

Alineado con Calviño, tiene ya preparadas las tijeras para endurecer los requisitos de acceso a las pensiones, así como su cálculo. Además, está dispuesto a establecer en los Presupuestos de 2021 un crecimiento cero en las nóminas de 9,7 millones de pensiones, que, en un contexto deflacionista como el actual, supondrá un mantenimiento del poder adquisitivo, tal y como promete.

¿Va el gobierno de España a reclamar esa cantidad de millones de euros que nos debe la banca para ponerlos al servicio del pueblo, o va a seguir oponiéndose a exigirlo en el Congreso de los Diputados, tal como vino haciendo el PSOE, o, por el contrario, tal y como se hizo la otra vez vendrán más recortes en sanidad, educación, dependencia y congelación o reducción de nuestras pensiones? ¿Va el gobierno español, tal como dice su vicepresidente segundo Pablo Iglesias, a afrontar esa reforma fiscal para que los de arriba paguen lo que efectivamente les corresponde pagar o vamos a ser de nuevo los trabajadores y pensionistas los “paganinis”?

Vamos a hablar muy claro. No es posible comprender el carácter profundamente reaccionario y la irreformabilidad sustancial de las instituciones europeas sin explorar sus fundamentos ideales, que no tienen absolutamente nada que ver con el objetivo declarado de crear un espacio geopolítico económicamente próspero y sustraído de los horrores de la guerra, sino que se remontan a mucho antes de que la construcción europea diera sus primeros pasos y propusiera la aniquilación de la soberanía popular, el vaciamiento de la democracia y una drástica reducción de la fuerza contractual de las clases subalternas.

El economista austriaco Friedrich von Hayek se ha empeñado en desacreditar a toda costa la regulación económica alegando que es demasiado compleja para pretender organizarla. Su teoría del «Estado mínimo» se ha convertido en la religión del Partido Republicano de los Estados Unidos en oposición tanto al «New Deal» de los demócratas como al marxismo de los soviéticos. Su escuela, financiada por las fundaciones de las grandes transnacionales, se ha estructurado alrededor de la Sociedad del Monte Peregrino, ha obtenido siete veces el premio Nobel de Economía y ha inspirado a los gobiernos de Pinochet, Reagan y Thatcher.

Es bien sabido que los cimientos del neoliberalismo – Pablo Iglesias lo sabe mejor que nadie – fueron puestos no solo por von Hayek y otros, sino también por el famoso encuentro dedicado al intelectual liberal norteamericano Walter Lippmann, celebrado en Paris en 1938. En aquella ocasión se criticó la visión clásica del Estado mínimo, tan apreciado por los teóricos del laissez faire, y se empezó a discutir sobre la necesidad de un Estado fuerte capaz de llevar a cabo una función de “policía económica”, es decir, al que se le encomendase la tarea de contrastar la desintegración social provocada por un mercado abandonado a sí mismo, lo que habría sido posible elevando las leyes de mercado a leyes de Estado, de tal forma que se impusiera su respeto con la fuerza de la ley: el neoliberalismo, en definitiva, pedía a los poderes públicos que promovieran activamente el funcionamiento del mercado convirtiendo sus leyes en leyes del Estado. De ahí la necesidad de considerar la circunstancia de que “la democracia no es más que una forma de establecer la autoridad”. Esta filosofía, que se inscribe en el código genético de las instituciones europeas y sus reglas de funcionamiento, ha sido adoptada por las élites neoliberales, de derecha a izquierda, que han reconocido al instrumento estratégico para imponer desde fuera la disciplina económica que no conseguían imponer en sus propios países. De hecho Guido Carli, que representó a Italia en las negociaciones del Tratado de Maastricht como ministro del Tesoro, era perfectamente consciente de ello, llegando a declarar que el Tratado conduciría a “ampliar a Europa la Constitución monetaria de la República Federal de Alemania”, añadiendo que esto obligaría a todo el mundo a “adoptar un comportamiento antiinflacionista” y, en última instancia, implicaría “un cambio de naturaleza constitucional por el que se restringirían las libertades políticas y se reformarían las económicas “ realizando en particular “una redistribución de responsabilidades que restringiría el poder de las asambleas parlamentarias y aumentaría la de los gobiernos”, y un replanteamiento general de las “leyes con las que se ha logrado el llamado Estado del Bienestar”.

Con la aprobación del Tratado de Maastricht se inicia el proceso de desmantelamiento/neutralización de las características incompatibles, en el caso de España, de nuestra Constitución. De verdad, ante este panorama que se nos presenta, ¿no corremos ningún riesgo de ser intervenidos por la Unión Europea en un plazo no superior a tres o cuatro meses?

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República