DIARIO DE UN CONFINAMIENTO: 28 de mayo

28 de mayo

Cuando me dispongo a cumplir con mi 75 día de arresto domiciliario me encuentro con un gobierno vestido de luto y una oposición que se ha calado el tricornio de charol cuando la política, a pesar de la catástrofe que nos ha tocado vivir, son cruzadas verbales, tal como si ambas estuviesen asistiendo a un concurso de frases, insultos y posados. Pura cáscara, palabrería prescrita, en el momento en que estamos a punto de entrar en la fase de sin PANdemia a la vez que causando un enorme daño a la democracia.

Los unos piensan que esto puede acabar a hostias y los otros piensan al revés, aunque en el fondo estén pensando en lo mismo, esto es en la rentabilidad electoral que les puede reportar esta pandemia para seguir ocupando las poltronas ministeriales. Ayer vimos cómo los unos le ponían a huevo a los otros con escándalos como el de Pérez de los Cobos, firmante, que no autor, del informe sobre las concentraciones y movilizaciones referidas a la covid-19, realizado por encargo de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel. No seré yo quien vaya a poner o quitar una sola coma en la actuación de esta magistrada. Si hay mucho que investigar, que se investigue, y si hay poco, también.

La polémica desatada por el informe, las destituciones y los ceses en la Guardia Civil le ha pillado a Rodríguez-Medel en el papel de juez instructora, pero no olvidemos que también pudo haber sido en el de máxima responsable del Instituto Armado, porque su nombre fue uno de los barajados recientemente por el gobierno actual para dirigir el cuerpo. Nada extraño, por otra parte, ya que es hija y hermana de guardias civiles y ha dado muestras a lo largo de su trayectoria judicial de su ambición y su capacidad.

La cuestión es que el ministro Grande Marlaska ha asumido el coste de la crisis con un protagonismo exclusivo, que deja fuera del foco tanto a la directora de la Guardia Civil, como al secretario de estado de Seguridad que son mandos intermedios entre el gobierno y el benemérito cuerpo del que forman parte 78.000 profesionales, incluidos cuatro tenientes generales y 70 generales de brigada o división.

El cese fulminante de un coronel de zona es un acontecimiento que requiere explicaciones (y menos ruido) y las que ha dado el ministro en sede parlamentaria y ante la opinión pública apestan a urgencia, improvisación, politiquería y a mentiras impropias de una persona con la trayectoria del juez Marlaska.

Estamos, desde mi punto de vista, ante un caso práctico de las imposiciones de la zona oscura de la política práctica. Probablemente Marlaska no tenía otra alternativa que atrincherarse con el aplauso de su bancada y la bendición de un presidente del gobierno que trabaja al día.

Nada sabemos sobre cómo llegó el informe de la policía judicial a la magistrada del Juzgado 51, informe sometido a confidencialidad requerida con mucha formalidad por la jueza. Parece obvio que el informe se haría público en su momento procesal, y que su valor es relativo y discutible, pero el gobierno no tenía derecho a conocerlo antes de tiempo. Lo conoció y actuó de inmediato con todos los recursos a su disposición para reventar el informe y el caso. Una cuestión en la que no voy a entrar hoy en mi diario, por haberlo hecho de manera exhaustiva en otros dos de mis anteriores diarios.

Carmen Calvo, vicepresidenta primera del gobierno de España en el Congreso de los Diputados, el 18 de mayo de 2020.

Sin embargo, sí me voy a referir a la comparecencia de la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo – por cierto, una de las infectadas a partir de su participación en la manifestación de la mujer el 8 de marzo -, en el Congreso de los Diputados el 18 de mayo, donde mostró una preocupación y una diligencia extremas del Gobierno ante la crisis del coronavirus.

Una inquietud que le llevó desde el 7 de enero a hacer advertencias a las comunidades autónomas; crear comités de seguimiento, de situación y científicos; activar células de coordinación; recabar todo tipo de datos, incluidos los proporcionados por el CNI, y planear estrategias sanitarias, de movilidad, educativas… para frenar el contagio. Este temor se elevó muchos grados el 4 de febrero, cuando el Gobierno ya sospechaba la rápida expansión de la enfermedad. Del relato minucioso que hizo Calvo se desprende el miedo que albergaba ya entonces el Ejecutivo ante una previsible transmisión del virus y que se compadece mal con el aliento que dio a las concentraciones masivas del 8-M y la no prohibición de celebración de algunos grandes eventos en los primeros días de marzo, cuando a la pregunta de un periodista sobre «¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir a la manifestación?», Calvo respondía: «Le diría que le va la vida, que le va su vida. Que le va seguir tomando decisiones para proteger su seguridad». Y «como nos va la vida en lo colectivo, porque en lo individual nadie se salva solo, que tiene que formar parte de esto, que estamos viviendo en el siglo XXI, y que por más que se empeñen quienes se empeñen, esto ya no tiene retorno», añadía.

Ministras y ministro Marlaska en la manifestación del 8 de marzo en Madrid. Cuatro ministras infectadas por la covid-19, pero por viajar en el metro ese día.

El 7 de enero, según explicó Calvo en la Comisión Constitucional, el Gobierno tenía noticias “nada preocupantes” desde Wuhan, pero el CAES decide comunicar a las comunidades autónomas la necesidad de “empezar a tener en cuenta la aparición en el horizonte sanitario de un nuevo virus, el Covid-19”, de tal manera que el 13 de enero, se decide, de acuerdo con el relato de la vicepresidenta, “nombrar un comité de seguimiento continuo y permanente con las comunidades autónomas teniendo en cuenta que el sistema público de salud está transferido casi en su totalidad”.

El día 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud “ya nos avisa de que probablemente estamos en una emergencia y nosotros”, explicó Calvo, “empezamos a cumplir todas las recomendaciones internacionales de la OMS y del organismo europeo que lleva el seguimiento y prevención de enfermedades para la coordinación de los estados miembro de la UE”.

Así llegamos a la fecha del 4 de febrero, cuando a la vista de los datos disponibles, “el Gobierno decide crear un comité interministerial”. Y lo hace, según Calvo, al darse “cuenta” de que “la propia Organización Mundial de la Salud habla de emergencia sanitaria ya”.

En ese comité “trabajan diferentes ministerios para adelantar algunas cuestiones que podían ser absolutamente obligatorias, llegado el caso, de coordinación de políticas que tenían que ver con Interior, Defensa, naturalmente Sanidad, obviamente también con todas las políticas de Movilidad y con algunas que, en segundo lugar, se podían ver afectadas, fundamentalmente de Educación”.

Este despliegue se llevó a cabo porque, en palabras de la vicepresidenta, “estábamos hablando de una emergencia y, por el conocimiento de los técnicos, una emergencia de estas características podía conducir a la expansión de un virus sobre el que la OMS todavía decía que era controlable”.

El comité interministerial empezó a reunirse y lo hizo “seis veces: tres en rango técnico” a fin de que, “los expertos pusieran al Gobierno sobre la pista de algo que fuera más que una simple emergencia controlable como decía la OMS”. Las tres reuniones técnicas se celebraron el 26 y el 28 de febrero y el 6 de marzo. Los otros tres encuentros se llevaron a cabo “con la presencia del presidente” los días 25 de febrero y 10 y 13 de marzo.

El 19 de febrero, de acuerdo con la cronología relatada por Carmen Calvo, se reúne el comité de situación, un organismo previsto en la Ley de Seguridad Nacional de 2015. Ese comité se ha reunido en cinco ocasiones: el 19 de febrero y, después ya, el 16 de marzo y el 6, 17 y 28 de abril.

Este comité es “el que puede asesorar directamente al presidente del Gobierno para suministrar todo tipo de datos de tal manera que pueda tener un diagnóstico certero de las decisiones que se pueden ir tomando”. Este órgano ha estado presidido en todas sus reuniones, salvo una, por la propia Calvo.

“Para mayor eficacia», precisó, se activó también «una célula de coordinación que se ha reunido todos los días a partir del 19 de febrero”. Esta célula “registra todos los datos que el Gobierno puede necesitar para el seguimiento de la pandemia, la movilidad, el contagio, los sanitarios y todo tipo de datos que suministra también el servicio de Inteligencia”.

A partir de esa fecha, la vicepresidenta primera del Gobierno da un salto de 20 días obviando lo acontecido en los primeros 10 días del mes de marzo, continuando con la fecha del 11 de marzo, cuando la OMS declara la situación de pandemia. “Habíamos pasado en muy pocos días, en casi 24 horas, de una emergencia controlable, según la OMS, a la declaración de pandemia”, en palabras del número dos del Gobierno.

El 13 de marzo se celebra una reunión del comité interministerial y, como explica Calvo, “el presidente decide que era el momento de declarar un estado que nos permitiera parar la movilidad de las personas y poner en marcha la alarma”.

Como slogan está muy bien, pero muchas y muchos acabaron en la UCI y en el cementerio.

Esa reunión finaliza en torno a las 12.00 horas. A partir de ese momento, se empieza a discutir el decreto de estado de alarma. El trabajo dura siete horas. La redacción del texto finalizó de madrugada, a las 4.00 horas, del 14 de marzo. El Consejo de Ministros activa ya esa misma mañana el mecanismo de excepcionalidad constitucional que entra en vigor a medianoche.

Tal y como he dicho desde el inicio de mi diario, allá por 15 de marzo, éste se iba a limitar a recoger lo sucedido día tras día, siempre de acuerdo con las versiones constatadas y documentadas, en este caso recurriendo al diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, pero la realidad, volviendo al informe de la Guardia Civil que provocó el cese del coronel revela muy claramente que la Delegación del Gobierno en Madrid se resistió a entregar información sobre la fecha del 8 de marzo, lo que hace sospechar a cualquier persona con dos dedos de frente, que el gobierno está ocultando datos de una manifestación que, póngase como se quieran poner quien así lo desee, desde mi punto de vista, jamás debió de celebrarse. Ni esa ni las otras casi cien concentraciones multitudinarias previstas en esas fechas. Y digo más, lanzar a la Abogacía del Estado a sabotear la instrucción de un proceso, como está ocurriendo en muchos casos con esta justicia bipartidista, presentando un recurso de apelación contra el auto de la magistrada que dio lugar al inicio del procedimiento judicial, es la enésima constatación de la falta de escrúpulos por parte del gobierno, empecinado en erosionar las instituciones todavía más de lo que están.

Por cierto, casualidades de la vida, la abogada del Estado designada para el asunto no es otra que Rosa María Seoane, la misma que sustituyó a Edmundo Val en el juicio del “procés”, que fue relevado por la hoy fiscal general y ayer ministra de Justicia, Dolores Delgado, para que negara la rebelión, sin apenas tener tiempo de leer el amplísimo dossier de más de 50.000 folios.

Y mientras esto ocurre, el problema más importante que debiera de afectarnos a todos seguimos sin saber la verdad sobre los muertos de la covid-19. Alguien quiere ocultar la muerte, porque la muerte nunca vende, y menos para quienes no saben otra cosa que convertir la acción de gobernar en un ejercicio de creativos publicitarios. Entre las muchas desgracias que nos ha traído la pandemia y que nos seguirá trayendo durante mucho tiempo, resulta escandaloso en particular la ocultación y la manipulación de los muertos. Para mí, el abuso más grave tanto moral como político. El gobierno se está haciendo el muerto porque espera que el bien acabará naciendo del exceso de males. Los expertos gubernamentales coinciden en que el 8 de marzo resultó marginal en la covid-19, tratando de justificarlo con que fue mucho más relevante el transporte público – siempre con el estúpido recurso del tú más que yo -, pero las ministras y la esposa del presidente del gobierno se contagiaron, no por ir agarradas a la pancarta, donde estaba prohibido hacer el beso de reconocimiento, sino en el metro camino de la manifestación. ¿Y los muertos? Nada que no pueda arreglar la estadística, un método lógico y preciso para decir una verdad a medias con toda exactitud. De momento, tal y como quedaba demostrado hace tres días, ya llevamos dos mil resurrecciones, pero el cotejo de los datos de los registros civiles en los meses de marzo y abril, así como la bajada histórica en el importe pagado por las pensiones, demuestran que estamos en las primeras posiciones del mundo en número de víctimas, por más que se hayan esforzado en relativizar las cifras.

Fuente: Sociedad Española de Medicina Interna (28 de mayo de 2020).

En efecto, como decía al inicio de mi diario, España vive diez jornadas de luto oficial en honor a los muertos por la covid-19, pero tiene un gravísimo problema para saber exactamente cuántas personas perdieron la vida por esta razón. Mientras el Ministerio de Sanidad sitúa los decesos en 27.119 al día de hoy, 28 de mayo – hoy han resucitado otros 559 personas -, los informes de mortalidad que elabora el Instituto de Salud Carlos III (organismo del Ministerio de Sanidad) aseguran que, desde que se anunció el estado de alarma, hay un 55 por ciento más de muertes que las registradas habitualmente en el periodo de tiempo comprendido entre el 13 de marzo y el 22 e mayo. Este porcentaje se traduce en un exceso de muertos superior a los 40.000 este año en este mismo periodo. Y de estos últimos, a su vez, mas de 14.400 se corresponden con personas que murieron durante la pandemia pero que el ministerio de Sanidad no reconoce como víctimas del virus al no tener un diagnóstico oficial que lo confirme. Nada menos que un tercio.

Fuente: Sistema de Monitorización de la mortalidad diaria (MoMo) y Ministerio de Sanidad (28 de mayo)

Este exceso de muertos se conoció ayer, cuando se publicó la última actualización del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del mencionado instituto, que recoge los datos de muertos por todas las causas que le entregan los registros civiles repartidos por todo el territorio nacional. Entre el 13 de marzo y el 22 de mayo, último dato consolidado, el MoMo registró 120.851 muertos, mientras que sus proyecciones, basadas en comparaciones con las series estadísticas de los últimos doce años, auguraban únicamente 77.817. El exceso de muertos durante la pandemia, al comparar este año con un ejercicio normal, es de 43.034 personas.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República

Acerca de ANTON SAAVEDRA RODRIGUEZ

Hola a todos, soy Antón Saavedra y vivo en la cuenca minera asturiana del Nalón. Nacido en Moreda de Aller, (Asturias) el 30 de mayo de 1948, desde la edad de cinco años vivo en la barriada minera de La Juécara (LANGREO). Allí, en la Academia Mercantil de La Felguera (Frailín) cursé mis estudios de bachillerato por libre, y a la edad de 20 años, después de haber sido despedido de Constructora Gijonesa, Duro Felguera y Montajes de Ciaño por motivos sindicales, empezé a trabajar en la minas de Hunosa (Pozo Fondón) con la categoría de ayudante barrenista hasta el año 1974 que pasé a desempeñar el cargo de Graduado Social en el Grupo Siero (Pumarabule y Mosquitera). Posteriormente me licencié en Relaciones Industriales por la Universidad de Alcalá de Henares, y actualmente curso estudios para la licenciatura de Ciencias Políticas. Afiliado a la UGT y al PSOE en los inicios de los años 70, fui secretario general de la Federación Estatal de Mineros de UGT (1976-1989), vicepresidente de la Internacional de Mineros (1978-1990), y miembro del Comité Ejecutivo Confederal de UGT (1976-1988).Desde 1986 hasta 1994 ocupé un lugar en la Mesa del Comité Consultivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en representación de España. Durante este periodo participé como ponente en varios congresos y conferencias sindicales a nivel internacional, actuando en nombre de los trabajadores españoles ante la OIT, siendo autor del libro-informe publicado bajo el título “EL CARBON:UNA ALTERNATIVA A LA CRISIS ENERGETICA”, que fue asumido por unanimidad de los miembros de la CECA como ponencia base en el debate sobre la politica energética comunitaria en 1991. Entre los años 1991 y 1998 fui diputado del Partido de Acción Socialista (PSOE histórico) en el Parlamento Asturiano por las lista de IU, así como miembro de sus respectivos comités ejecutivos federales. Soy autor de “SECUESTRO DEL SOCIALISMO” y “EL HEREDERO DE SURESNES” de muy recientísima aparición.
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