DIARIO DE UN CONFINAMIENTO: 6 de junio

6 de junio

Hace días que había anunciado en uno de mis diarios que me iba a referir al Ingreso Mínimo Vital y, hoy, cuando se cumple 85 días de mi arresto domiciliario con libertad provisional, harto de soportar todo tipo de impertinencias, insultos y descalificaciones, especialmente cuando me refiero a las cifras de los muertos, tanto en los hospitales como en los pretanatorios, he decidido no hablar más, de momento, entre otras cuestiones porque ya ha quedado casi todo dicho de manera exhaustiva en mis diarios, incluido, como no, el triaje o la exclusión usados con los ancianos, no solo en Madrid, sino en la mayor parte de los pretanatorios, llamados irónicamente muchos de ellos geriátricos.

Así que, después de dar las cifras oficiales de muertos (27.135) e infectados (241.310) facilitadas por el ministerio de Sanidad en el día de hoy, 6 de junio, me dispongo a decir algo de lo que sé, no todo, sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

¿Quién no se ha imaginado alguna vez cómo sería vivir una pandemia? Cómo vamos a hacer frente al virus, qué pasa si pierdo mi empleo, cómo voy a llegar a fin de mes, o qué ingresos voy a tener para sobrevivir, son sólo algunas de las preguntas que hoy en día se hace una gran mayoría de la población.

Actualmente sabemos que la duración de la pandemia será clave para medir el impacto de ésta en todo tipo de factores económicos. Diariamente nos encontramos con datos y cifras macro que, como bien sabemos, parecen estar muy lejos del día a día de las personas pero que indudablemente nos afectan, apuntando todos ellos hacia un rescate de España, aunque los eufemismos políticos ya se encargarán de que no parezca un rescate, sino algo menos “feo”, como intervención, seguimiento, monitorización o “simples sugerencias”.

El ingreso mínimo vital podría complementarse, además, con otras rentas salariales, así como con otras prestaciones de las comunidades autónomas. «Hemos llegado a acuerdos con los gobiernos autonómicos para que el ingreso mínimo engarce con sus programas y el suyo sea el último nivel de protección. El nuestro será el mínimo y luego estará el de ellos en caso de que piensen que hay que complementar algo» (El Independiente, 28 de mayo de 2020)

Lo primero que hay que dejar muy claro es  que algunos de los responsables de la creación del IMV, tales como el actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Escrivá,  han estado ligados a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), habiendo sido su presidente desde 2014, y la AIReF tiene como uno de sus objetivos principales: “garantizar el cumplimiento efectivo por parte de las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución Española, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario y del endeudamiento público”. El mismo artículo 135 del bipartidismo PPSOE que reformó la Constitución para imponer el austericidio, esto es los recortes en sanidad, educación, dependencia y pensiones, para rescatar la banca, el cual entró en vigor el 1 de enero de 2020. En principio, un mal presagio.

Efectivamente el Consejo de Ministros aprobaba el IMV el pasado 29 de mayo. Como no podía ser de otra forma, la derecha y sus extremos estuvieron bombardeando, dentro de su campaña de acoso y derribo, con el peyorativo término de “la paguita” para desprestigiar cualquier posible medida a favor de las personas pobres. Actitud agresiva que cambió hacia otra más benevolente cuando las encuestas mostraron el alcance del apoyo al IMV.

En cualquier caso, el viernes 29 se aprobó lo que llevaba en el programa el PSOE, aunque sustancialmente recortado. Por su parte, Unidas Podemos en su programa electoral ofrecía un subsidio parecido con un presupuesto de 10.000 millones, el IMV de programa del PSOE hablaba de 6.000 millones. Pocos días antes de aprobarse, algunas declaraciones de ministros o personas próximas al gobierno anunciaban la cantidad de 5.000 millones. Finalmente, han sido 3.000, cantidad que quedará rebajada cuando se complemente el IMV con los subsidios similares que existen en las Comunidades Autónomas.

Hay que dejar claro también, para que nadie se engañe que esos 3.000 millones suponen un 30% de lo presupuestado por Unidas Podemos y un 50% por el PSOE en sus respectivos programas electorales, pero la razón aducida de los más bien escuálidos 3.000 millones de euros ha sido la de costumbre: la prudencia, la imposibilidad de asignar más fondos, la inmensidad de los gastos que debe afrontar el gobierno.

Sin embargo, desde distintos miembros del gobierno de coalición PSOE-UNIDAS PODEMOS y, sobre todo, desde los tertulianos de “a tanto la palabra” han llegado a escribir o emitir expresiones como “conquista histórica”, un “paso de gigante en el Estado de Bienestar”, o, con un tono de gesta, “el IMC puede estar a la vanguardia de las nuevas políticas públicas”, llegando incluso a mencionar la posición favorable del Fondo Monetario Internacional. Resulta tentador el autobombo, incluso comprensible en el escenario político que vivimos. Pero excederse un poco en el autobombo puede provocar sonrisas hasta benévolas. Excederse mucho, el ridículo.

Tal parece que a algunos les molesta sobremanera que se llame a los subsidios para pobres precisamente subsidios para pobres. Ojalá fueran otra cosa. Las insuficiencias respecto a otras propuestas que podrían haberse estudiado como una Renta Básica son tan extremas que ya tendremos ocasión para escribir sobre ella.

Enagás justifica los ‘fichajes’ como consejeros de los exministros de gobiernos socialistas José Blanco y José Montilla, así como de Cristóbal José Gallego, miembro de la Comisión de Expertos para la transición energética que impulsó el anterior Gobierno y del El Observatorio Crítico de la Energía afín a Podemos, en la necesidad de traer nuevos perfiles a su consejo de administración que “aporten valor añadido” en la gestión de una situación de emergencia como la actual por la crisis del Covid-19.

Por supuesto, nadie está pidiendo un salario mínimo como el recibido por los dos exministros del PSOE, José Blanco y José Montilla, y el ingeniero aeroespacial, Cristóbal Gallego Castillo, de PODEMOS, por su entrada por las “puertas giratorias” en el consejo de Administración de ENAGAS, principal transportista de gas natural y gestor técnico del sistema gasista en España, por el que percibirán un Ingreso Mínimo Vital de 160.000 euros anuales.

Los motivos que ha esgrimido Enagás para justificar estos fichajes, que obligarán a la compañía a modificar sus estatutos para ampliar el tamaño de su consejo, son incuestionables. Dice la empresa que la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto amenazas para la garantía del servicio esencial de suministro de gas y, por ello, ha tenido que reaccionar “preventivamente” reforzando su órgano de administración con estos nuevos miembros que aportan “valor añadido en la gestión de una situación de emergencia como la que vivimos”.

Y es que, si por algo destaca Enagás, participada en un 5% por la SEPI, es por el valor añadido de sus consejeros. Allí siguen pastando felices exministros del PP como Ana Palacio e Isabel Tocino, el marqués de Oreja, don Marcelino, que lo fue de Exteriores con la UCD antes de integrarse en las filas populares y hasta el expresidente del partido Antonio Hernández Mancha.

Pero, volviendo al IMV real me voy a permitir hacer algunos números, tomando para ello los más favorables al mismo, los que se definen desde el propio gobierno dándolos por buenos, sin entrar a cuestionarlos. Según estos datos, se llegará a 2,3 millones de personas muy pobres, cuando según los datos del Oxfam, nunca desmentidos por nadie, había un 9,18% de la población española en 2019 de pobres extremos. Es decir, 4,4 millones de personas. Esto significa que, en escenario más ventajoso del gobierno, el IMV va a cubrir poco más de la mitad de los pobres extremos que había en el año 2019, antes de las condiciones sociales y económicas provocadas por la pandemia. Pero sacarlos de la pobreza extrema para situarlos en la pobreza. No sacarlos de la pobreza. El ministro Escrivá declaró a El Periódico el 24 de mayo: “Pensamos que con el IMV sacamos fuera de la pobreza extrema al 75% de esos hogares y los llevamos a niveles que, en algunos casos, seguirán siendo de pobreza, pero ya no tan aguda.”

Sigamos con los números. Si pasamos de los extremamente pobres a los pobres en general, el conjunto de personas por debajo del umbral de la pobreza era en el año 2019 de más de 10 millones de personas. Ahora hay más y al finalizar el año, habrá muchos más productos de una situación tan extraordinaria como la actual. Dejar fuera del IMV al menos al 75 u 80% de pobres y llamar a esta medida el “no va más” de las medidas sociales es como mínimo distorsionar un poco la realidad. Otra cosa es admitir que el IMV paliará algo la terrible situación. Que es mejor que nada. Algo indiscutible. Pero calificar al IMV como “la vanguardia de las nuevas políticas públicas”, francamente, es además de frívolo un cierre al horizonte que necesitamos abrir a la altura de las necesidades de la mayoría de la población.

Que centenares de entidades hayan manifestado en el Plan de Choque Social que “El IMV nace ineficaz e insuficiente tal y como diversos colectivos sociales vienen advirtiendo desde el inicio del confinamiento derivado de la emergencia sanitaria”, sigue siendo tildado por el gobierno y los jenízaros de los partidos que lo sostienen como posturas “radicales”, “demasiado extremistas” o cosas así. Hasta el propio secretario general de la UGT, José Álvarez, nada sospechoso de actuar en contra del gobierno, cuyo sindicato siempre ha defendido rentas mínimas condicionales, escribió en La Vanguardia el pasado 31 de mayo que “Esta prestación del IMV nace burocrática y centralizada, y presenta debilidades que no queremos”.

Abundando más en el tema: 3.000 millones de euros es el valor de los bienes y servicios que generaba España el año pasado cada 21 horas, aunque tampoco el año pasado fue de una prosperidad especial, ni mucho menos, lo que quiere decir que, con las capacidades de que disponemos a estas alturas del siglo XXI, a nuestro país no le cuesta ningún esfuerzo especial producir todo ese valor en menos de un día. Pues bien, con 3.000 millones de euros van a tener que conformarse dos millones trescientas mil personas para vivir siete meses, desde junio hasta diciembre de 2020.

Ello supone que van a disponer cada uno de unos 186 euros de media al mes. ¿Alguien me puede explicar por qué sacan pecho estos caraduras del gobierno al poner en marcha lo que ellos llaman un Ingreso Mínimo Vital?

Por supuesto que cualquiera de los que en estos momentos están sufriendo problemas reales para subsistir lo recibirán como caído del cielo, y no seré yo  quien afirme que no pueda ser uno más de los que se vieran obligados a ponerme a la cola algún día para solicitar esa ayuda si me quedara sin trabajo, en mí caso sin jubilación, pero una cosa es que no me queden más recursos y otra muy distinta que le tenga que estar agradecido a estos gestores del capitalismo por hacer vivir a casi dos millones y medio de trabajadores durante más de medio año con lo que nuestra sociedad produce en menos de un día.

Desde luego, la patronal debe estar supercontenta al pasar de tener que pelear el nivel salarial como valor social de reproducción de la fuerza de trabajo, a conformarnos con que tengan a bien asignarnos el nivel de subsistencia más ramplón, que ha hecho retroceder a la clase trabajadora un siglo.

Tengo que hacer una declaración al respecto, en el sentido de que el IMV se puede seguir cobrando mientras trabajas, siempre que la suma no supere el total de ingresos que te descualifican. ¡Qué conveniente para el empresario!

Ahora que sabe que el Estado me puede pagar, digamos, doscientos euros, ¿por qué no bajarme el salario esos doscientos euros y hacerme trabajar el mismo tiempo? Total, yo con doscientos euros no puedo vivir, y necesito que me mantenga empleado para llegar al nivel de supervivencia real. Pero no, esta forma de actuar no se va a considerar un fraude; es la manera en la que se están utilizando este tipo de ingresos vitales en todos los países en los que se han instaurado. No son una garantía de libertad para el trabajador, en realidad son una libertad para que el empresario baje los salarios por debajo del nivel de subsistencia, socializando el colchón que pueda evitar el estallido social que se va a producir en España. Son su libertad para aumentar la explotación y los beneficios en momentos de crisis.

Y encima hay que aguantar el oírlos seguir refunfuñando con el supuesto “fraude” que estas ayudas van a generar. Hasta hace tres meses – cuando había más trabajo – los trabajadores y trabajadoras demostraban no tener ningún escrúpulo para aceptar cualquier trabajo duro, temporal o estacional, que les permitiera llevar un ingreso suficiente a su casa.

Mientras el norte de Europa trabaja y mantiene las máquinas funcionando, el sur se toma vinos, cafés, toca la guitarra y se hace selfies para Instagram. El prestigioso semanario holandés, Elsevier Weekblad, ha publicado este jueves en su portada esta ilustración con la que tilda de «vagos» a españoles e italianos, mientras dos trajeados de pelo rubios holandeses no descansan para mantener la actividad económica y financiera de la Unión Europea. Bajo el titular «Ni un céntimo más al sur de Europa», la revista explica en un artículo «por qué el plan de (la canciller alemana Angela) Merkel y (el presidente francés Emmanuel) Macron de regalar 500.000 millones no es una buena idea», y añade que unos 30.000 millones de euros saldrán del bolsillo de Países Bajos.

Ahora que los despidos masivos se van a producir masivamente, encima la gente va a tener que aguantar sus estúpidas acusaciones sobre ese “privilegio” por vivir a la sopa boba de un subsidio de mierda, poniendo como ejemplo de esa  vagancia, tal como está siendo internacionalizada por las revistas holandesas de cara a su actuación de polí malo con Alemania de poli bueno a la hora de distribuir fondos económicos de la Unión Europea, que no quieren ir a la recogida de no sé qué cosecha en la que los van a tener viviendo en un barracón y meando en una lata.

Si aquí hay fraude es el de ustedes, empresarios “patriotas”. Ustedes que están enviando a los trabajadores a trabajar desde casa haciéndoles pagar todo de su bolsillo. Ustedes que han forzado a los trabajadores a coger un ERTE y seguir trabajando ocho horas. Y, si nos detenemos en este último fraude, debemos preguntarnos si no será el Ingreso Mínimo Vital la manera legal de prolongar esta sobreexplotación a perpetuidad y legalmente.

No, el IMV no es ningún hito en la historia de los derechos como dicen los miembros del gobierno; todo lo contrario. El IMV es un paso más, lógico y necesario, en un proceso de degradación y desmontaje de los derechos de los trabajadores que comenzó hace cuarenta años y en el que los socios del ilusionado Pablo Iglesias han sido ejecutores cum laude.

El IMV es lo que queda cuando te has cargado el despido nulo, has bajado las indemnizaciones por despido, has acortado y reducido la prestación por desempleo y has suprimido los salarios de tramitación; es lo que queda cuando has convertido a los fijos en temporales, has autorizado las ETTs y el tercer nivel de subcontratación; cuando has aumentado los años para calcular la pensión y elevado la edad de jubilación en un país con desempleo crónico; etc.

El Ingreso Mínimo Vital es, en definitiva, una vuelta de tuerca más en el aumento de la explotación del trabajo asalariado, ese aumento de la explotación que transforma cada vez más salario en beneficios empresariales. Esta vez con veintiuna míseras horas de trabajo social mantenemos a casi dos millones y medio de trabajadores a disposición del capital durante siete meses. Y lo peor es que no será la última vuelta de tuerca, porque en los próximos meses sufriremos mucho más.

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.

Acerca de ANTON SAAVEDRA RODRIGUEZ

Hola a todos, soy Antón Saavedra y vivo en la cuenca minera asturiana del Nalón. Nacido en Moreda de Aller, (Asturias) el 30 de mayo de 1948, desde la edad de cinco años vivo en la barriada minera de La Juécara (LANGREO). Allí, en la Academia Mercantil de La Felguera (Frailín) cursé mis estudios de bachillerato por libre, y a la edad de 20 años, después de haber sido despedido de Constructora Gijonesa, Duro Felguera y Montajes de Ciaño por motivos sindicales, empezé a trabajar en la minas de Hunosa (Pozo Fondón) con la categoría de ayudante barrenista hasta el año 1974 que pasé a desempeñar el cargo de Graduado Social en el Grupo Siero (Pumarabule y Mosquitera). Posteriormente me licencié en Relaciones Industriales por la Universidad de Alcalá de Henares, y actualmente curso estudios para la licenciatura de Ciencias Políticas. Afiliado a la UGT y al PSOE en los inicios de los años 70, fui secretario general de la Federación Estatal de Mineros de UGT (1976-1989), vicepresidente de la Internacional de Mineros (1978-1990), y miembro del Comité Ejecutivo Confederal de UGT (1976-1988).Desde 1986 hasta 1994 ocupé un lugar en la Mesa del Comité Consultivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en representación de España. Durante este periodo participé como ponente en varios congresos y conferencias sindicales a nivel internacional, actuando en nombre de los trabajadores españoles ante la OIT, siendo autor del libro-informe publicado bajo el título “EL CARBON:UNA ALTERNATIVA A LA CRISIS ENERGETICA”, que fue asumido por unanimidad de los miembros de la CECA como ponencia base en el debate sobre la politica energética comunitaria en 1991. Entre los años 1991 y 1998 fui diputado del Partido de Acción Socialista (PSOE histórico) en el Parlamento Asturiano por las lista de IU, así como miembro de sus respectivos comités ejecutivos federales. Soy autor de “SECUESTRO DEL SOCIALISMO” y “EL HEREDERO DE SURESNES” de muy recientísima aparición.
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