EL NEGOCIO DE LA SALUD

Ante la dilación de los programas de vacunación en varios países europeos por falta de suministros de nuevas dosis, la Unión Europea amenazó a las compañías fabricantes con un posible bloqueo a futuras exportaciones si incumplen las entregas pactadas con Bruselas. Varias farmacéuticas han tenido problemas en su capacidad productiva, ¿a qué se deben estas limitaciones de fabricación?

Tras casi un año desde que la Covid-19 entrara en nuestras vidas seguimos todavía pendientes de saber cómo vamos a salir de ella. Por una parte, las unidades de vigilancia epidemiológica de la red de salud pública, crónicamente infradotadas, siguen teniendo serios problemas para gestionar el rastreo y estudio de contactos de los casos, y los aislamientos en residencias y centros escolares, y por otra, la mayoría de los hospitales están al borde del colapso, debido a una presión asistencial mucho mayor de la que tienen capacidad de asumir.  

Ocurre que nuestro Sistema Público de Salud, antaño uno de los mejor dotados en la escala mundial, no ha ido acompañado de la financiación necesaria ni en personal ni en recursos, ambos recortados durante los últimos años, de tal manera que la campaña de vacunación está siendo llevada a cabo con una estructura debilitada y sobrecargada, con un personal sanitario cansado, precarizado, que ha tenido que asumir muchas tareas de vigilancia epidemiológica ante la fragilidad y escasez de los servicios de salud pública. Sin embargo, el factor clave que está retrasando la vacunación en nuestro país es el ritmo de llegada de las vacunas, debido a la falta de capacidad productiva de las multinacionales farmacéuticas y la comercialización primero con quien más paga, produciéndose un grave problema de abastecimiento en los países del IV Reich. Valga un dato tan ilustrativo como vergonzoso: los países con mayores rentas, como EE.UU., Reino Unido o Israel, entre otros, acaparan el 99% de las dosis de vacunas disponibles gracias a acuerdos confidenciales y secretos.

Y, es que la UE, con centenares de miles de muertos y millones de contagiados se muestra lenta, atrapada e irresoluta, secuestrada en una vertical pirámide burocrática y en una intrincada red de oscuros negocios farmacéuticos. En nuestro país,  con 70.000 muertos y más de tres millones de infectados, seguimos inmersos en lo que llaman tercera ola sin prácticamente haber salido de la segunda, pero, lo peor de esta carrera surfista, es que la crisis vírica y sanitaria a la que hay que sumar la económica y social, ha puesto sobre la mesa el debate sobre el acceso y reparto de la vacuna con implicaciones estratégicas muy importantes que sacan a colación la cuestión fundamental de la dicotomía entre bienes comunes y propiedad privada.  

“La vacuna es un bien global”. Bajo esa premisa parecía que el proceso de vacunación contra la Covid-19 iba a ser un camino de rosas. Nada más lejos de la realidad. De hecho, las espinas cada vez son mayores y ya se puede hablar de guerra entre la Unión Europea y las farmacéuticas por el suministro y los contratos firmados. Las versiones son contradictorias, y añaden un capítulo más a una cronología que se inicio casi a la vez que la pandemia.

Nos dicen que la pandemia lo ha cambiado todo, pero la cruda realidad es que ésta no ha hecho más que agudizar ciertas tendencias que ya venían de lejos, teniendo que aparecer el “bicho” para que mucha gente descubriera que el rey andaba desnudo, y nos diéramos cuenta de que el desorden global neoliberal es radicalmente incompatible con cualquier forma de gobernanza mundial que asegure una campaña de vacunación planetaria, universal o, al menos, mínimamente coordinada, pero, mientras tanto, la ley del mercado ha entregado a las multinacionales farmacéuticas la llave de la supuesta salvación sin pedirles nada a cambio. La punta visible de este iceberg es la pelea pública que la Comisión Europea viene manteniendo estos días con la farmacéutica AstraZeneca por el supuesto incumplimiento del número de dosis acordado, lo cual está poniendo en juego la campaña de vacunación continental anunciada con bombo y platillo.

Todavía están las costuras que quedaron al descubierto cuando, al inicio de la pandemia, la población europea descubría que en su territorio ya no se producían ni mascarillas, ni respiradores ni prácticamente nada de lo necesario para afrontar la pandemia, de tal manera que para tratar de evitar un nuevo «sálvese quien pueda», la Comisión Europea se erigió como «central de compras», mediando entre los países y los laboratorios. Pero en cuanto una de estas empresas ha respetado la única ley en vigor – que no es otra que la del mercado – el castillo de naipes euroentusiasta se ha venido abajo.

Nada debiera extrañarnos en los tiempos que vivimos de la salvaje mercantilización y privatización generalizada en el mundo, no en vano el IV Reich con bandera pirata de la UE recoge hoy los frutos de décadas de políticas neoliberales, esto es, servicios públicos fundamentales, como los sistemas sanitarios, precarizados proactivamente desde instancias gubernamentales para abrir y ampliar el nicho de mercado de la iniciativa privada, resultando ser la UE el mayor experimento neoliberal a gran escala jamás concebido y aplicado, demostrándose incapaz de estar a la altura de encontrar mecanismos de decisión para afrontar otras crisis centrales, pero sin escatimar recursos y contundencia cuando se trata de ahogar, por ejemplo, al pueblo griego o cuando se trata de aplicar ajustes estructurales draconianos sobre las mayorías sociales europeas.

Pedro Sánchez ha comparecido en el Congreso para hacer evaluación de la situación que vive el país tras casi dos meses de declaración de estado de alarma para intentar contener la segunda oleada de la pandemia. Ha anunciado que para los meses de mayo y junio habrá ya entre 15 y 20 millones de españoles vacunados contra el Covid, ha asegurado que nos encontramos en “el principio del fin de la pandemia” y ha dado por hecho que el inicio de la recuperación económica ya ha comenzado (Pedro Sánchez, el 16 de diciembre de 2020)

Hoy, ante el desafío de la pandemia y el reto de vacunar a casi 500 millones de personas, la UE hace lo único que sabe: concebir las instituciones públicas como un gran «generador de mercado» que facilite la actividad de la iniciativa privada. Con dinero público se rescataron bancos, autopistas y aerolíneas privadas. ¿Tan extraño resulta exigir ahora que se «rescate» nuestro servicio público de salud, poniendo a los laboratorios farmacéuticos bajo control social para asegurar el servicio de un bien común como es una vacuna?

Si «vamos a salir mejor de esta crisis», que sea en lo que respecta a la gobernanza sanitaria a todas las escalas; a cómo se organizan las cadenas de producción y suministro en un mundo tan globalizado como amenazado por sus efectos; a una reorganización radical del papel de lo público y de lo privado; en fin, a la prioridad de la vida y de los derechos sobre el capital y los intereses corporativos.

Desde el 27 de diciembre, cuando comenzó aquí la campaña de vacunación contra el Covid, España aplicó a 173.000 personas -el 0,3 por ciento de su población- las dos dosis, ese pasaporte a la inmunidad contra el coronavirus que tanto se espera.Y algo más de un 1.300.000 españoles recibieron, hasta ahora, sólo la primera dosis, aunque algunos políticos, alcaldes, funcionarios, militares, obispos y sindicalistas que, por acomodo, se colaron en la fila de los prioritarios lo hicieron de un modo escandaloso, dándose la circunstancia de que uno de los militares vacunados fue el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Angel Villarroya, un rostro conocido para los españoles ya que, durante los primeros meses de la pandemia, solía participar en las videoconferencias diarias que daba el gobierno para informar sobre la evolución del coronavirus en España.

¿Acaso no se han suspendido derechos fundamentales como el de reunión y libertades básicas como la movilidad en nombre de una urgencia sanitaria? ¿Por qué la emergencia y el interés general que justifica la excepcionalidad de derechos para las mayorías no se aplica para recortar los intereses de una minoría peligrosa que pretende hacer negocio con el sufrimiento de muchos? ¿Y qué hay de todo el dinero público invertido en investigaciones de las que solo saca rédito económico un puñado de empresas, quedándose además con el monopolio de las patentes?

En este mismo escenario, pienso que es tan urgente como necesario  proceder a la abolición de las patentes farmacéuticas, poniendo simultáneamente todo el entramado industrial y de laboratorios farmacológicos bajo el control de los profesionales sanitarios que, con una estricta vigilancia social, elaboren estrategias de salud y no de mercado, creando en la base de la sociedad la urdimbre que haga posible la destrucción del actual sistema político y económico para ir caminando hacia la nacionalización de las grandes empresas multinacionales farmacológicas, permitiendo de esta manera que éstas puedan ser puestas al servicio de la salud colectiva de los seres humanos y no de la cuenta de beneficios de la reducida elite que hegemoniza el dominio de nuestras sociedades. La disyuntiva para la humanidad no es otra que la bolsa o la vida.

Acerca de ANTON SAAVEDRA RODRIGUEZ

Hola a todos, soy Antón Saavedra y vivo en la cuenca minera asturiana del Nalón. Nacido en Moreda de Aller, (Asturias) el 30 de mayo de 1948, desde la edad de cinco años vivo en la barriada minera de La Juécara (LANGREO). Allí, en la Academia Mercantil de La Felguera (Frailín) cursé mis estudios de bachillerato por libre, y a la edad de 20 años, después de haber sido despedido de Constructora Gijonesa, Duro Felguera y Montajes de Ciaño por motivos sindicales, empezé a trabajar en la minas de Hunosa (Pozo Fondón) con la categoría de ayudante barrenista hasta el año 1974 que pasé a desempeñar el cargo de Graduado Social en el Grupo Siero (Pumarabule y Mosquitera). Posteriormente me licencié en Relaciones Industriales por la Universidad de Alcalá de Henares, y actualmente curso estudios para la licenciatura de Ciencias Políticas. Afiliado a la UGT y al PSOE en los inicios de los años 70, fui secretario general de la Federación Estatal de Mineros de UGT (1976-1989), vicepresidente de la Internacional de Mineros (1978-1990), y miembro del Comité Ejecutivo Confederal de UGT (1976-1988).Desde 1986 hasta 1994 ocupé un lugar en la Mesa del Comité Consultivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en representación de España. Durante este periodo participé como ponente en varios congresos y conferencias sindicales a nivel internacional, actuando en nombre de los trabajadores españoles ante la OIT, siendo autor del libro-informe publicado bajo el título “EL CARBON:UNA ALTERNATIVA A LA CRISIS ENERGETICA”, que fue asumido por unanimidad de los miembros de la CECA como ponencia base en el debate sobre la politica energética comunitaria en 1991. Entre los años 1991 y 1998 fui diputado del Partido de Acción Socialista (PSOE histórico) en el Parlamento Asturiano por las lista de IU, así como miembro de sus respectivos comités ejecutivos federales. Soy autor de “SECUESTRO DEL SOCIALISMO” y “EL HEREDERO DE SURESNES” de muy recientísima aparición.
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