RESPONSABLES DEL GENOCIDIO

La información sobre mortalidad diaria por todas las causas se obtiene del Registro General de Registros Civiles y Notariados del Ministerio de Justicia, distribuidos entre todas las Comunidades Autónomas y que incluye las 52 capitales de provincia. Durante el año 2020 el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) en España incluye las defunciones por todas las causas procedentes de 3.929 registros civiles informatizados, que representan el 92% de la población española. Las estimaciones de mortalidad esperada se realizan mediante modelos restrictivos de medias históricas basados en la mortalidad observada del 1 de enero 2008 hasta un año previo a la fecha actual, procedente del Instituto Nacional de Estadística.

Los unos trataron desde un principio de cargar las responsabilidades a los otros, y los otros a los unos. Ambos, viejos conocidos conformando el bipartidismo PPSOE y actuando groseramente al servicio del capitalismo neoliberal globalista son los responsables del genocidio silencioso causado en España con casi 5 millones de infectados y más de 86.000 muertos, según los datos que nos ofrece el ministerio de Sanidad a la fecha del 13 de setiembre de 2021, lo que tampoco quiere decir que estemos hablando de los datos reales.

Una oposición carroñera – los unos – aprovechando permanentemente la muerte de las personas por el coronavirus para atacar al gobierno – los otros -, aunque tratando de ocultar que la sanidad es una materia que ha sido transferida íntegramente a las comunidades autónomas. Por ejemplo, la comunidad madrileña, en manos del PP, tiene las competencias en Sanidad, y estas también incluyen la gestión de epidemias en la región. De hecho, una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 26 de noviembre para determinar la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad, establece que una de las funciones de la Dirección General de Salud Pública es la «vigilancia, análisis y control epidemiológico de la salud y sus determinantes», así como de «la incidencia de las enfermedades transmisibles y no transmisibles y su distribución en los distintos grupos de población y la vigilancia epidemiológica y control de microorganismos multirresistentes».

De ahí que, en enero, cuando la crisis sanitaria por el coronavirus golpeaba con fuerza en China, el Gobierno regional crease el «comité de expertos del nuevo coronavirus de la Comunidad de Madrid», con diecisiete miembros, que se reunió hasta en tres ocasiones a finales de ese mes. Y lo mismo se puede decir del resto de las comunidades autónomas, unas gestionadas por el PSOE, otras por el PP, y otras por los nazionalistas vascos y catalanes, donde por cierto se alcanzan los máximos índices de infectados y muertos por coronavirus.

Lógicamente, a la hora de entrar en materia, me remontaré necesariamente a la fecha del 31 de enero, cuando quedaba confirmado por el Centro Nacional de Microbiología del primer caso de coronavirus en la isla canaria de La Gomera, cuando, a miles de kilómetros de distancia, en China, ya se estaba librando una dura batalla contra la enfermedad, quedando confinada la provincia de Hubei.

El día anterior, 30 de enero, en una reunión técnica que tuvo lugar en el ministerio de Sanidad, uno de los expertos en Salud Pública de la Organización Médica Colegial, Juan Martínez Hernández, alertaba al gobierno sobre los grandes peligros que suponía la presencia del coronavirus que podía ocasionar infecciones graves y mortales y contra los que no había todavía ni vacuna ni tratamiento, pero la mayoría de los expertos, entre los que se encontraba el director del Centro de Control de Alertas y Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, desoyeron las alertas expuestas y decidieron quitarle importancia. Es decir, el gobierno tenía datos, lo sabía, pero, quizás pensando más en el perjuicio que esto podía suponer para la economía impuso la inacción.

Hoy se sabe que, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), advirtió al Gobierno “desde el primer momento” de la “gravedad” del brote de coronavirus, pero el gobierno de España no decretaría el Estado de Alarma hasta el día 14 de marzo, cuando la cifra de muertos por el Covid-19 se elevaba entonces a 136 personas.

Claro que el gobierno y la oposición lo sabían, pero primaba la precampaña electoral del País Vasco y Galicia, cuyas elecciones habían quedado convocadas para el 5 de abril de 2020.

Así llegamos a la fecha del 13 de febrero cuando quedaba registrado el primer muerto en la provincia de Valencia, aunque no se tuvo conocimiento de ello hasta 20 días más tarde, esto es, el 4 de marzo. Una necropsia desvelaba el misterio de la neumonía “de origen desconocido” que había matado al paciente, pero en esos momentos el número de casos confirmados ya era de 160 infectados, siete de ellos en la UCI.

El 19 de febrero, el equipo de fútbol del Valencia viajaba a Milán para jugar el partido para la Champions League contra el Atalanta, siendo acompañado por más de 2.500 aficionados, a pesar de que la epidemia avanzaba a un ritmo alarmante en el país italiano, teniendo que suspender a los cuatro días los mundialmente famosos carnavales de Venecia a la vez que se procedía a la clausura de colegios, universidades y recintos de ocio en todo el norte de Italia.

Sin embargo, a finales de febrero, el gobierno de España todavía seguía ajeno a los peligros del coronavirus, dando prioridad, como el resto de los otros partidos políticos, a los mítines para las elecciones del 5 de abril en Galicia y País Vasco, mientras el virus iba ganando posiciones. Las bolsas comenzaban a hundirse ante el miedo del dinero que adelantaba lo que estaba por venir, dándose la coincidencia de que ese mismo día, 24 de febrero, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advertía de que el COVID-19 era una “amenaza real” y en Italia ya eran siete los muertos, pero sería el 27 de febrero cuando el ministerio de Sanidad hacía públicas sus primeras instrucciones al respecto: “En caso de tener fiebre o síntomas gripales y siempre que se haya estado en zona de riesgo en los últimos 14 días o en contacto con personas diagnosticadas de portar el virus, deberá permanecer en su domicilio y llamar al 112”.

En plena precampaña para las elecciones en Euskadi, en un acto celebrado en Vitoria el  1 de marzo, el presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pedía “confianza en la comunidad científica y en el sistema de sanidad pública que garantizaba la protección de la salud de todos los ciudadanos” a la vez que aseguraba que el gobierno trabajaba “codo con codo” con los ejecutivos autonómicos: “En este tipo de crisis no cuenta la ideología ni las opiniones, lo que cuenta es la ciencia y el conocimiento”, pero ese conocimiento que se había obviado un mes antes, cuando el gobierno descartaba la “explosión del caso”, seguía poniendo vendas en los ojos de nuestros gobernantes y dirigentes del PSOE, hasta el extremo de que su presidenta federal, Cristina Narbona, convocara una rueda de prensa el 2 de marzo para hacer una llamada a la movilización para que el día 8 de marzo “se vea a hombres y mujeres que comparten el grito en la calle contra el machismo”, convocatoria que sería rematada  al día siguiente por la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo Poyato, cuando afirmó públicamente: “Vamos a volver a salir para dar la mejor imagen de España”. La realidad fue que, con los ojos de nuestros gobernantes vendados y sus orejas taponadas, entre los días 5 y 8 de marzo, se produjo un salto cuantitativo al pasar de 90 a 202 infectados por el coronavirus y 8 muertos.

Pero, las manifestaciones convocadas para el 8-M se mantuvieron y se alentaron en toda España, acudiendo a las mismas cientos de miles de personas, sobresaliendo las convocadas en Madrid y Barcelona, aunque – todo hay que decirlo – no solo fueron las manifestaciones de las mujeres, sino también hubo partidos de fútbol y baloncesto, Vox celebraba su congreso multitudinario en el pabellón madrileño de Bellavista y se permitió el inicio de las Fallas en Valencia, asi como todo tipo de actos y espectáculos que concentraron a miles y miles de personas, resultando lo más irresponsable de lo ocurrido, desde mi punto de vista, la actuación del gobierno que, a pesar de que su portavoz en materia sanitaria, Fernando Simón, había reconocido públicamente la trasmisión comunitaria en Madrid, Vitoria y Labastida, seguía sin adoptar las medidas necesarias para la catástrofe que se avecinaba, aunque Madrid y el País Vasco, las dos regiones más afectadas, procedían al cierre de colegios, institutos, escuelas y universidades.

Estamos a 10 de marzo, cuando el ministro de Sanidad, el filósofo catalán Salvador Illa, después de que admitiera que Madrid y Vitoria suponían un alto foco de contagio, se procedía a convocar la Comisión Interministerial sobre el COVID-19 que sería presidida por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para analizar la situación, pero sin adoptar medidas contundentes, si no, más bien, para seguir amagando, a pesar de que el goteo de afectados por el virus continuaba, dándose en personas significativas como el secretario general de Vox, Ortega-Smith; el presidente del mismo partido, Santiago Abascal; la ministra de Igualdad, Irene Montero; la ministra de Política Territorial, Carolina Darías; la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez; la expresidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor; la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Días Ayuso; la vicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo; el presidente de la Generalitat, Quim Torra o el lider catalán de Esquerra Republicana de Cataluña, Pere Aragonés, entre otros muchos.

El día 14 de marzo, esto es, 43 días después del aviso del 30 de enero, el Gobierno de España decretaba el Estado de Alarma, hablando el presidente, Pedro Sánchez, de una “crisis extraordinaria” en la que prometía movilizar “todos los recursos del Estado”, quedando confinado en sus casas todo el pueblo español, salvo las personas que por su profesión tuvieran que servir prestando sus tareas adoptando ciertas precauciones.

En estas condiciones comparecía Pedro Sánchez el 18 de marzo en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la declaración del estado de alarma, para decirnos que el virus no distinguía de ideologías, ni clases, ni territorios: «Nos golpea a todos, a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras parejas, nuestros hijos y nuestros seres queridos», a la vez que anunciaba la presentación de unos presupuestos “extrasociales” cuando quedase superada la pandemia y que “blindaría la protección de los ciudadanos”, pidiendo el apoyo de todas las fuerzas políticas.

Pedro Sánchez entrando en el Congreso de los Diputados, el 18 de marzo de 2020.

¿Estará pensando el gobierno español la cantidad de muertos que se podrían haber evitado de haberse tomado en serio una cuestión de máxima gravedad, en vez de aparecer su presidente en televisión con esos discursitos leídos por el telepromter tratando de justificar lo injustificable?

No obstante, el presidente Sánchez advertía que lo más duro de esta crisis «está todavía por llegar» y se producirá cuando el sistema sanitario «reciba el impacto de mayor número de personas contagiadas». «Hasta que la vacuna llegue, nosotros somos la vacuna», ha dicho Sánchez, y ha insistido en que cada persona que se quede en casa «suma para salvar vidas y ayuda a doblegar la curva». Por ello, ha pedido «sacrifico y unión» y ha subrayado que «no es caprichoso ni gratuito, sino necesario para salvar vidas, empresas, la economía, los valores y la forma de vivir y disfrutar la vida».

Sánchez también anunciaba que cuando pasase la crisis del coronavirus el Gobierno español impulsaría una comisión de estudio y evaluación del sistema de salud que lo analice con rigor para elaborar un libro blanco con los ajustes que sean necesarios. Además, justificaba el momento en el que se decretó el estado de alarma, que fue «cuando se tuvo la certeza de que resultaba imprescindible».

Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, el 18 de marzo de 2020.

Por ello, el presidente del Gobierno español ha asegurado que un desafío humano de estas dimensiones exige la máxima movilización de todos los recursos disponibles y la «unidad de acción» que requiere de «todos por encima de las siglas”.

El presidente del gobierno se dirigía así a un Congreso prácticamente vacío, con una treintena de diputados sentados en sus escaños y una mesa también mermada, leyendo un discurso duro, durísimo, catastrofista, de fin de época. Todo era la demostración palmaria de una situación absolutamente de excepción, inédita en España.

El dique de contención para frenar la expansión del virus, insistió Sánchez una y otra vez es «el valor de lo público», la fortaleza de «lo colectivo». Empezando por el sistema sanitario, que está en la «primera fila de los más eficaces y sólidos del mundo».

El sistema ya resistió embates anteriores, recordaba el presidente. El virus del ébola, la crisis de las vacas locas, la gripe A, defendiendo que el gobierno siempre se ha sometido al «mandato de los expertos” y a las máximas de «unidad de acción», coordinación con las demás administraciones y cooperación. Pero «la pandemia ha desbordado las previsiones de todos, comenzando por la OMS», que ha ido actualizando su respuesta ante una crisis que es «dinámica» y «no estática».

Sánchez apeló a ese «sesgo de retrospectiva» al que «sucumbe con frecuencia» el ser humano cuando analiza que podía haber actuado de manera distinta, haber predicho el desenlace, si bien su Gobierno, dijo en su descargo, siempre se ha guiado por la orientación de los expertos. «Es obvio que con lo que sabemos hoy el mundo no hubiera actuado de la misma forma ayer. Es obvio que si China hubiese conocido las consecuencias del brote hubiese actuado de distinta manera. Es obvio que Francia no hubiera mantenido la primera vuelta de las elecciones locales si hubiera sabido que debería cancelar la segunda vuelta dos días después». Por ello, el Ejecutivo decretó el estado de alarma «cuando se tuvo la certeza de que resultaba imprescindible y solo entonces, porque los derechos que restringe y los bienes que pone en juego son suficientemente valiosos como para ser preservados hasta el último instante». En la primera réplica a los grupos, el jefe del Ejecutivo subrayó que haber decretado la alarma tan solo una semana antes a cuando se hizo «podría haber sido exagerado».

Llama poderosamente la atención la fecha del 12 de febrero cuando los responsables del Mobile World Congres (MWC), evento que iba a celebrarse en Barcelona, decidían suspenderlo debido al brote del coronavirus detectado el 31 de diciembre de 2019 en la localidad china de Wuhan, pero la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, manifestaría al día siguiente que la cancelación nada tenía que ver con el coronavirus: «No es por ninguna alerta sanitaria en nuestro país, que estamos en una situación de respuesta muy buena».

Esa semana, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, también habló de «demasiada histeria” y el propio director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, sostenía que en España no existía por el momento «riesgo de infectarse» porque los dos casos confirmados habían contraído el virus en el extranjero. Ni siquiera la declaración de emergencia internacional por el brote del coronavirus realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 31 de enero, asustó a nuestras autoridades políticas y sanitarias a juzgar por la nota pública del ministerio de sanidad con declaraciones del director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias Fernando Simón: «En España, estamos trabajando desde la primera notificación de coronavirus en China».  Además, “España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado» y que esperan que «no haya transmisión local y en ese caso sería muy limitada y muy controlada».

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, afirmaba en rueda de prensa el 31 de enero de 2020: «Nosotros creemos que España va a tener, como mucho, algún caso diagnosticado». Dos meses después, España es el segundo país del mundo en número de contagios (más de 120.000) y en número de muertos (más de 11.000) por la pandemia de coronavirus.

Todas estas y otras declaraciones de “tranquilidad” a la población serían corroboradas por el mismísimo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ante el primer caso de coronavirus de un turista alemán confirmado en la isla canaria de La Gomera, asegurando en su cuenta de Twitter que el sistema sanitario español es «fuerte» y que había una red de alerta y detección «con expertos profesionales que desde el primer minuto trabajan siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)».

«España tiene un sistema sanitario fuerte y una red de alerta y detección con expertos profesionales que desde el primer minuto trabajan siguiendo las recomendaciones de la OMS». (Twitter de Sánchez Castejón, el 1 de febrero de 2020)

Es decir, supimos de la epidemia en China; después vimos cómo iban aumentando los casos en Irán, y más tarde conocimos los inicios del problema en Italia, concretamente en la región de Lombardía, pero,  mientras los científicos venían avisando de lo que se avecinaba, los políticos españoles no acababan de querer enterarse de que el país estaba bajo una emergencia grave, con cerca de 3.000 contagios detectados, cuando, de repente, estando todo tan controlado, el Gobierno, reunido en Consejo de Ministros extraordinario presidido por el presidente, Pedro Sánchez, acordaba la declaración del Estado de Alarma en todo el territorio nacional para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 en España.

El presidente del gobierno había tardado exactamente 43 días en comparecer ante el pueblo español para reconocer la gravedad del asunto, leyendo a través del teleprónter un discurso tan largo como tedioso. Un tiempo transcurrido que nada tenía que ver con sus críticas al entonces presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, que tardó dos días en dar explicaciones públicas de los dos únicos casos afectados por la crisis del Ébola fuera de nuestras fronteras, aunque él le exigía  la comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar la crisis producida: «Le pregunto señor Rajoy: ¿qué miedo tiene a comparecer en el Congreso?», decía en aquella ocasión Pedro Sánchez, «¿qué es lo que tiene que ocultar? Si es que necesitamos políticos que no rehúyan los debates, que den la cara, que aclaren y den seguridad a los ciudadanos, que protejan a los profesionales de la sanidad pública y que no nos victimicen y responsabilicen de sus propios errores. Por eso, le digo al señor Rajoy que habrá podido rechazar con su mayoría absolutísima la comparecencia en el Congreso, pero voy a pedir una y mil veces la comparecencia del señor Rajoy en el Congreso para que rinda cuentas por la crisis del ébola».

Sin embargo, una epidemia como la que nos ha tocado en suerte gracias al coronavirus COVID-19 es una buena ocasión para replantearnos ciertos aspectos de nuestra existencia y, sobre todo, de nuestro modo de vida. Está sirviendo para poner al descubierto los aspectos superfluos o excesivos de nuestra cotidianidad a la vez que apreciar muy claramente lo que es sustancial de verdad.

Hemos llegado a esta crisis después de más de una década de la Gran Recesión de 2007-2008 sin que la débil recuperación posterior haya permitido volver a situarnos en muchos casos en el punto de partida. Y como todos y todas tenemos que saber, las políticas de austeridad neoliberales, con la reforma del artículo 135 de la Constitución española para el rescate de la banca, han tenido efectos demoledores en el gasto público, muy especialmente en el gasto social.

Esas políticas neoliberales del bipartidismo PPSOE y de CiU en Cataluña fueron las que propiciaron los recortes en todo lo que pudieron en la sanidad pública. En Madrid, hace doce años había 2.100 camas más que hoy y se perdieron 2.200 trabajadores. El colapso hospitalario para afrontar la crisis queda perfectamente explicado por esos recortes. Ahora proclaman que quieren contratar a 2.000 trabajadores con urgencia, pero ese número ni siquiera llega a las plantillas de hace doce años. Los profesionales de la sanidad – verdaderos héroes en la trinchera de esta guerra que se está librando contra el coronavirus – critican, además, que no se contraten no sanitarios, sin los cuales es imposible que funcionen los hospitales, como celadores o servicio de limpieza. En Cataluña, la situación no es mejor. La sanidad catalana es la que menos inversión por habitante realiza, 1.192 euros. El presupuesto destinado a sanidad bajó del 40% al 32% y ambas comunidades se han distinguido por desplazar hacia la sanidad privada una parte del dinero público, que ha servido para sostener económicamente los hospitales privados mientras se desprestigiaba a la sanidad pública, donde se sigue mendigando, en la actualidad, por mascarillas, guantes y todo tipo de equipación médica para el tratamiento de los infectados.

Los profesionales de la sanidad son los verdaderos héroes en la trinchera de esta guerra contra el coronavirus, a la que todos, sin exclusión, nos debemos de sumar para contribuir a su derrota. 

Por otra parte, los efectos sociales de la pandemia y de las necesarias medidas de contención se harán sentir a muy corto plazo en una economía en desaceleración progresiva ya muy por debajo del 2% del PIB. Grandes fábricas, como Seat y Nissan, han anunciado expedientes de empleo, en las pequeñas industrias y negocios la repercusión puede ser brutal; en el turismo y restauración la perspectiva es terrible. No será lo mismo para el gran capitalista que tiene reservas o capacidad de crédito bancario, que para el autónomo o el pequeño empresario. Es bien sabido que la pandemia por el coronavirus es el caparazón que trata de ocultar una gravísima crisis económica que no ha hecho más que empezar. Tan grave, que el cierre de empresas se extiende en cadena y de forma casi tan explosiva como el microorganismo. De esto apenas se informa, pero en los barrios obreros cunde la desesperación y la angustia, según podemos leer diariamente en los medios de comunicación – más de la mitad de los españoles y españolas teme perder el empleo, tal y como publica El País en su edición del 20 de marzo de 2020 – consecuencia todo ello de la enorme precariedad laboral, derivada de las nefastas reformas laborales promulgadas por el gobierno de Zapatero en 2010 y por el gobierno de Mariano Rajoy en 2012, que facilita los despidos con indemnizaciones míseras o directamente sin ninguna, por el sencillo procedimiento de no renovar el contrato.

La pérdida del empleo en estas condiciones supone la desaparición de todo ingreso para personas y familias que apenas lograban sobrevivir. Me remito a los datos del Indicador Europeo de Pobreza y Exclusión Social (2019) o al más reciente del Relator de la ONU para la Extrema Pobreza: antes del coronavirus 12 millones de personas estaban por debajo de los indicadores mínimos de supervivencia y la mitad de la población no podía calentar en invierno su casa o comprar carne o pescado una vez a la semana. Sobre esta dramática situación caen los despidos masivos, la inmensa mayoría sin protección social.

Resulta verdaderamente escandaloso que el Real Decreto se haya publicado sin establecer medidas extraordinarias que son competencia del gobierno central destinadas a incrementar sustancialmente los recursos sanitarios, ya sobresaturados y claramente insuficientes para el aumento de las necesidades de asistencia que se espera. Y, sobre todo, es inaceptable la ausencia de medidas sociales y laborales, urgentes e imprescindibles, que detengan la sangría de despidos que está hundiendo aún más en la miseria a millones de personas.

La ministra de Sanidad Leire Pajín, el ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE Pepiño Blanco, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, el año 2010.

En una situación de incertidumbre como la que nos toca vivir en estos difíciles momentos las verdades son más necesarias que nunca, y hay cosas que no son opinables. Son realidades contrastables. Por eso, siendo verdad que, después de un duro enfrentamiento en el propio Consejo de ministros entre la gente del PSOE con la de Unidas Podemos, al final quedase promulgado el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, orientadas a reforzar la protección de los trabajadores, las familias y los colectivos vulnerables; apoyando la continuidad en la actividad productiva y el mantenimiento del empleo; y reforzando la lucha contra la enfermedad. Todo muy bonito, pero ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Acaso se le van a exigir a la banca la devolución de los 60.000 millones de euros robados al contribuyente español?, ¿Va a promulgar el gobierno una reforma fiscal equitativa y eficiente, de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución Española: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”, al tiempo que desde el lado del gasto continúa en su apartado 2 “El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”? ¿Será éste un redivivo de aquel Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local, conocido como Plan E de Zapatero para reactivar la economía durante la gran recesión de 2008 que, al final, todo él preñado de irregularidades en su aplicación, presentaría unas «pérdidas» globales de 7.836 millones de euros, según el propio Tribunal de Cuentas?

Pero, volviendo al objetivo principal y más importante de la guerra contra el COVID-19: la vida de las personas, y recogiendo experiencias de otras pandemias, nos remontaremos al año 1918, para hablar de la gripe española, una pandemia tan letal como las de siglos anteriores que significó la muerte, en dos años, de más de cuarenta millones de personas en todo el mundo. Aquella pandemia se había abalanzado sobre una Europa que aún no había salido de las calamidades de la Primera Guerra Mundial, donde los servicios médicos se vieron desbordados ante aquella amenaza también de origen incierto, como la que estamos sufriendo actualmente en España, aunque cada vez parece ser menos incierto su origen.

Póster alertando a la ciudadanía sobre la gripe española en Alberta, Canadá, c. 1918. Da indicaciones sobre cómo usar una mascarilla. (Dominio público)

En aquel ambiente de angustia y miedo atroz, la prensa del país galo no dudó en culpar de la gripe al enemigo germano. Las teorías más descabelladas parecían creíbles en aquellos momentos. Circulaban rumores sobre conservas llegadas desde España en las que los agentes del káiser habrían introducido agentes patógenos. Lo cierto es que Alemania se vio igualmente afectada por la gripe. Cuando la contienda finalizó, el contraespionaje francés no había podido detener a nadie bajo la acusación de practicar la guerra biológica.

Sería muy deseable que alguna vez se informara en el Congreso de los Diputados sobre las verdaderas funciones de organizaciones tan oscuras, aunque cada vez más claras, como el Foro de Davos, donde participa el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Pues bien, hoy, como ayer, tampoco faltan las teorías conspiratorias. En Cuba, por ejemplo, está circulando el rumor de que el coronavirus es fruto de una operación emprendida por Estados Unidos, basando esta confirmación en que el país más afectado es China, rival de los norteamericanos en la pugna por la hegemonía mundial. Por supuesto, no es la única hipótesis que circula en foros conspiranoicos que manejan la Alta Finanza Internacional. De hecho, el Foro de Davos, donde participa el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ya realizó un ejercicio contra una epidemia de coronavirus, en octubre de 2019, con la participación del Johns Hopkins Center for Health Security y de la Bill & Melinda Gates Foundation. El ejercicio en cuestión tuvo lugar en Nueva York, exactamente el 18 de octubre de 2019, dos meses antes del inicio de la pandemia en China, y su objetivo explícito del ejercicio realizado en Nueva York era planificar la respuesta de ciertas transnacionales y gobiernos ante una pandemia de coronavirus, cuando nada permitía predecir el inicio de la epidemia detectada en la ciudad china de Wuhan a inicios de diciembre.

Más de 200 empresas anunciaron que se unirán a la nueva plataforma de Acción Covid lanzada por la organizadora del Foro de Davos. La alianza incluye bancos, como Bank of America; compañías farmacéuticas, como AstraZeneca; tecnológicas como Google o Microsoft; o firmas de seguros, como Allianz o Zurich, entre otras. Hasta ahora se han sumado desde España Acciona, Santander y Naturgy. La plataforma contará con el apoyo de la OMS, y funcionará como una red en la que los directores ejecutivos de las multinacionales, y otros representantes corporativos, ofrecerán su ayuda en proyectos específicos, o en el intercambio de mejores prácticas.

Ya, en enero de 2016, en la reunión del World Economic Forum en Davos (Suiza), se había parido un proyecto muy ambicioso con el objetivo de explorar nuevas vías de desarrollo de las respuestas a los retos más importantes a nivel global en relación a las enfermedades infecciosas emergentes. Se había gestado en el seno de la OMS y por interés de varios gobiernos, entidades de diversa naturaleza y múltiples expertos.

Este proyecto se ha concretado en la entidad Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) que ha sido oficialmente presentada en la reunión de 2017 del Foro Económico Mundial, nuevamente en Davos (Suiza), con los objetivos de estimular, financiar y coordinar el desarrollo de nuevas vacunas frente a enfermedades infecciosas capaces de causar brotes y epidemias, especialmente en casos en los que los incentivos del mercado por sí solos son insuficientes, siendo sus impulsores iniciales, además de la Organización Mundial de la Salud (OMS),  los gobiernos de Noruega e India, Welcome Trust, Bill and Melinda Gates Foundation y el World Economic Forum, contando con un presupuesto de, al menos, 1000 millones de dólares para los próximos 5 años, con dos objetivos principales: avanzar en el desarrollo de candidatos de vacunas para las enfermedades de mayor interés, y desarrollar una plataforma técnica e institucional para coordinar la respuesta ante la emergencia de patógenos. En cuanto a las entidades fabricantes de vacunas y de tecnología y las dedicadas al desarrollo de ensayos clínicos en fase III, la propuesta incluye compartir riesgos y beneficios y exige una política de precios razonable. En fin, una “suerte de política de aseguramiento global” a decir de J. A. Rottingen (NEJM, 2017), que ha despertado gran interés en gobiernos, fabricantes y una gran repercusión en los medios de comunicación. En la actualidad está circulando un vídeo por las redes sociales y en WhatsApp que los distintos medios de información al servicio exclusivo de la Alta Finanza Internacional se han apresurado a calificar de “bulo donde se vienen difundiendo opiniones de personas no expertas en el tema y rumores sobre el origen del coronavirus”.

¿Y si el coronavirus no hubiese sido tan impredecible? La triste realidad es que, al día de hoy llevamos la cifra de casi 5 millones de infectados por coronavirus, entre los que se encuentran afectados la expresidenta privatizadora de la sanidad pública en Madrid, Esperanza Aguirre, y su marido, y más de 86.000 muertos. Esa es la cruda y triste realidad.

 

 

 

 

 

 

Acerca de ANTON SAAVEDRA RODRIGUEZ

Hola a todos, soy Antón Saavedra y vivo en la cuenca minera asturiana del Nalón. Nacido en Moreda de Aller, (Asturias) el 30 de mayo de 1948, desde la edad de cinco años vivo en la barriada minera de La Juécara (LANGREO). Allí, en la Academia Mercantil de La Felguera (Frailín) cursé mis estudios de bachillerato por libre, y a la edad de 20 años, después de haber sido despedido de Constructora Gijonesa, Duro Felguera y Montajes de Ciaño por motivos sindicales, empezé a trabajar en la minas de Hunosa (Pozo Fondón) con la categoría de ayudante barrenista hasta el año 1974 que pasé a desempeñar el cargo de Graduado Social en el Grupo Siero (Pumarabule y Mosquitera). Posteriormente me licencié en Relaciones Industriales por la Universidad de Alcalá de Henares, y actualmente curso estudios para la licenciatura de Ciencias Políticas. Afiliado a la UGT y al PSOE en los inicios de los años 70, fui secretario general de la Federación Estatal de Mineros de UGT (1976-1989), vicepresidente de la Internacional de Mineros (1978-1990), y miembro del Comité Ejecutivo Confederal de UGT (1976-1988).Desde 1986 hasta 1994 ocupé un lugar en la Mesa del Comité Consultivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en representación de España. Durante este periodo participé como ponente en varios congresos y conferencias sindicales a nivel internacional, actuando en nombre de los trabajadores españoles ante la OIT, siendo autor del libro-informe publicado bajo el título “EL CARBON:UNA ALTERNATIVA A LA CRISIS ENERGETICA”, que fue asumido por unanimidad de los miembros de la CECA como ponencia base en el debate sobre la politica energética comunitaria en 1991. Entre los años 1991 y 1998 fui diputado del Partido de Acción Socialista (PSOE histórico) en el Parlamento Asturiano por las lista de IU, así como miembro de sus respectivos comités ejecutivos federales. Soy autor de “SECUESTRO DEL SOCIALISMO” y “EL HEREDERO DE SURESNES” de muy recientísima aparición.
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