LOS MUERTOS SE QUEDAN SOLOS

Es doloroso hablar de los que nos han dejado. Es doloroso volver a revivir el dolor, la angustia, la impotencia. Es doloroso que no nos hayan permitido ver a nuestros seres queridos antes y después de morir. ¿Por qué ha muerto mi padre? ¿Por qué ha muerto mi madre? ¿Por qué falleció mi marido o mi mujer? ¿Ha sido justa su muerte? No. Entonces ¿Conseguiré que se haga Justicia en este mundo o en el otro? (Morgue Palacio de Hielo en Madrid, el 8 de abril de 2020)

Desde que apareció el coronavirus en nuestro país se viene conociendo que el gobierno de España no viene computando los fallecimientos en las residencias de ancianos y en los domicilios como muertos por la COVID 19, y ello, independientemente del profundo rechazo que me produce esta actuación, desde el punto de vista jurídico el no poder demostrar la causa de la muerte plantea una dificultad importante para el ejercicio de las acciones de responsabilidad por estas muertes.

Pero, no solo eso, sino que el principal problema surge a la hora de saber qué tipo de acción se puede ejercitar para saber quien o quienes son los responsables del genocidio cometido contra la parte más vulnerable de la población.

Hasta la fecha de marzo de 2020 habrían fallecido entre un 6% y un 8% de las personas que vivían en estas residencias a causa de la covid-19, siempre según los datos facilitados en rueda de prensa por la fiscal de la Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra. Esto significa que entre 19.330 y 25.774 personas mayores fallecieron por el coronavirus desde que se desencadenó la pandemia, según los datos de residentes en España aportado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Tras aportar los datos estadísticos de las muertes de personas residentes por la pandemia, María José Segarra, que fue la predecesora de Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado, ha explicado las medidas que ha tomado la institución y en concreto su Sala para investigar si ha habido negligencias en ciertas residencias en relación con esas muertes, de tal manera que, desde ese mismo mes de marzo de 2020, la Fiscalía ha abierto 441 diligencias penales, de las que solo sobreviven en estos momentos 209, que siguen instruyéndose. Más de la mitad de ellas, 112, se refieren a residencias en Madrid, tanto públicas como privadas.

Según explica la fiscal María José Segarra, el 42% de las denuncias recibidas lo han sido por presuntos homicidios por imprudencia, y un 36% por la situación de las residencias, sobre todo, por no permitir la visita de los familiares. Fueron once las denuncias por delitos contra la salud de los trabajadores de las residencias y 21 por deficiencias en la atención médica. La Fiscalía admitió seis denuncias por lesiones y cinco por trato degradante a residentes. Cuatro de las denuncias fueron por abandono de familia; dos por prevaricación y una por rechazo a ser trasladada las personas en UCI. 

En el ámbito civil fueron 499 los procedimientos de seguimiento de residencias, seis por falta de medios, cinco por denegación de ingreso hospitalario, tres por reclamación de visitas y uno por desamparo de persona mayor en domicilio. Según ha explicado la fiscal Segarra, en estos momentos hay tres denuncias por negativa de los familiares a la vacunación; 69 por el elevado número de fallecimientos en el centro y 15 por falta de atención sanitaria. Desde marzo se incoaron 786 procedimientos civiles, de los que 294 han sido archivados.

Además, por si no fuera suficiente con los archivos de las denuncias por la Fiscalía, algunas que llegaron a los juzgados fueron denegadas por los jueces, caso concreto de la jueza de la localidad madrileña de Leganés, que ha desestimado una querella de once familias de fallecidos en residencias durante la ola de coronavirus de la primavera, según se puede ver en el diario El País fechado el 14 de setiembre de 2020.

Es difícil, casi imposible, que un fiscal, en este caso una fiscal, general del Estado abandone el puesto con más apoyos y reconocimientos de los que tenía cuando llegó a dirigir el Ministerio Público. Hasta en la oposición reconocen que esta militante activa de la Unión Progresistas de Fiscales (UPF) no lo ha hecho «del todo mal» porque ha logrado siempre preservar la independencia del Ministerio Público. Segarra no solo se ha dejado la piel por apartar a la Fiscalía de la esfera de influencia del poder, sino que fue capaz de recordarle al presidente Sánchez esa «autonomía» cuando el jefe de Gobierno defendió durante la campaña electoral la «dependencia» del Ministerio Público del Ejecutivo a cuenta de su promesa de traer de vuelta a España al huido Carles Puigdemont.

Una de las querellas culpaba a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y otros miembros de su gobierno de la muerte de más de 6.000 muertes de residentes por denegación de auxilio, pero la jueza de Instrucción Mónica Boticario la desestimó al considerar que las once familias querellantes no presentan indicio alguno de delito contra la presidenta Ayuso, los consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, y de Justicia, Enrique López, y cuatro directores de residencias en Leganés, ante la denuncia de los querellantes que los culpaban de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación, de tal manera que, ante la cantidad de documentación aportada  por los querellantes esta sería rechazada por la jueza al estimar que la misma “no podía considerarse como prueba acreditada de certeza, al menos no en este caso, máxime cuando estamos hablando de una enfermedad nueva de la que poco o nada se sabía en marzo de 2020, cuando aconteció todo lo escrito en la querella», tal y como se puede leer en su auto del 18 de agosto de 2020.

Parece ser que los protocolos del gobierno autónomo de Madrid, limitando o negando la derivación a los hospitales de las personas que murieron en esos pretanatorios, o que aquellos pretanatorios en ningún momento fueron “medicalizados”, tal y como declararía el mismísimo director general de coordinación socio-sanitaria, Carlos Mur de Viu, cuando reconocía en el diario de El País que hasta el 6 de abril los internos mayores habían quedado sin apoyo médico relevante en las residencias, no fueron suficiente para que la jueza pudiera juzgar y dictar una sentencia acorde con los denigrantes hechos ocurridos con la muerte de miles de ancianos y ancianas como resultado final.

Y siendo verdad que Teruel existe, no es menos cierto que, con fecha 6 de junio de 2020, la magistrada del Juzgado de lo Social número 1 de Teruel, Elena Alcalde Venegas, dictaba lo que era el primer fallo de lo que, según los juristas y sindicatos, han denominado como el tsunami judicial que vendrá contra entidades, empresas y administraciones públicas por la gestión realizada durante la pandemia de la Covid-19.

En una breve síntesis de las conclusiones de la primera sentencia dictada en España contra las administraciones por no proveer de medios de protección a sus trabajadores, fundamentalmente a sanitarios y médicos de hospitales, centros de salud y residencias de mayores durante la pandemia del coronavirus, la magistrada dejaba sentenciado que “la pandemia no puede considerarse que haya sido un supuesto de fuerza mayor, imprevisible e inevitable. En consecuencia, ni se les puede eximir a las (administraciones) demandadas de la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales ni pueden eludir su responsabilidad de proteger a sus trabajadores y empleados frente a los riesgos en su trabajo, amparándose en estar ante un supuesto de fuerza mayor, o de riesgo catastrófico que no lo hay».

La sentencia llega semanas después de varias sonadas polémicas protagonizadas por el Gobierno aragonés de Javier Lambán por la falta de equipos de protección para los sanitarios. El 1 de abril, Lambán arremetió sanitarios que habían denunciado esa falta de medios. Instó públicamente a contra los jueces que habían dictado autos cautelares dando la razón a los jueces que firmaron esos autos a que «se pongan ellos a hacer» mascarillas, lo que mereció un comunicado de respuesta por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Sus declaraciones generaron tal oleada de protestas que la consejera Pilar Ventura acabaría dimitiendo. El fallo condena, efectivamente, al Gobierno aragonés que preside Javier Lambán y a sus entes sociosanitarios: el Servicio Aragonés de Salud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), del que dependen las residencias de ancianos, pero el fondo de la sentencia es más extenso y apunta directamente contra la gestión desarrollada por el Estado, con el Gobierno central al frente, citando en varias ocasiones al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y se advierte que las autoridades españolas sabían de la gravedad del Covid-19 desde enero, pero no actuaron en consecuencia.

La magistrada considera que las tres Administraciones empleadoras – Servicio Aragonés de Salud, Instituto Aragonés de Servicios Sociales y Diputación General de Aragón – han vulnerado los derechos de los trabajadores de la provincia de Teruel en materia de prevención de riesgos laborales, poniendo en riesgo grave su vida, integridad física y salud y lesionando su derecho a la integridad física y a la protección de la salud, condenándolas a proporcionar a los empleados públicos sanitarios en todos los centros sanitarios, los equipos de protección individual adecuados, por riesgos de exposición ante el agente biológico virus SARS-CoV-2 y el riesgo de contagio o infección desarrollando la enfermedad Covid-19, en el momento que disponga de ellos.

En efecto, las tres Administraciones empleadoras habían adoptado la estrategia de la fuerza mayor, tal como viene descrita en el artículo 1105 del Código Civil, que dice que «nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables», pero la magistrada tiro por tierra los argumentos esgrimidos por la Administración por entender que la fuerza mayor no puede ser aplicable, entre otras cuestiones, porque ya desde el 31 de diciembre de 2019, cuando se hizo público que en la localidad china de Wuhan se había detectado un conglomerado de casos de neumonía, de la que la Organización Mundial de la Salud (OMS) había informado hasta en 19 ocasiones, detalladas en la sentencia, sobre lo que después se ha convertido en la pandemia del coronavirus.

Una juez de Teruel acaba de condenar a la Administración por vulnerar el derecho fundamental a la vida con su gestión de la crisis del coronavirus. Responsabiliza directamente a las autoridades de «pasividad», de conocer el riesgo desde enero y no haber actuado en consecuencia, y -con ello- de haber vulnerado el derecho a la vida que protege la Constitución (ABC, 5 de junio de 2020).

Pero también la magistrada hace especial referencia a algunas, como la del 3 de febrero, en la que la OMS publica el «Plan Estratégico de Preparación y Respuesta de la comunidad internacional para ayudar a los Estados con sistemas de salud más frágiles a protegerse». O la del 27 de febrero, en la que el director general de la OMS, en una rueda de prensa señaló que «este virus no es la gripe. Con las medidas adecuadas puede ser contenido. Estamos en un momento decisivo. Si actuamos ahora de forma contundente podremos frenar a este coronavirus. Mi consejo es que actuemos rápidamente».

La magistrada sigue recordando en su sentencia que «existen hasta cinco alertas o avisos de la Organización Mundial de Salud en el mes de febrero de 2020 dirigida a los países, y que se debatieron en las sesiones plenarias del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El 30 de enero de 2020, la OMS declaró la emergencia internacional por el coronavirus SARS Cov-2, y pidió a todos los países una vigilancia activa. Calificando el 11 de marzo de 2020, el brote como pandemia».

Abundando más en la literalidad de la sentencia «las declaraciones, recomendaciones, informes y alertas de la OMS, aludidos también en los informes de seguimiento y en los procedimientos elaborados por el Ministerio de Sanidad, iban dirigidos ya desde al menos el 10 de enero, a la prevención y el control de infecciones destinadas a proteger a la ciudadanía y concretamente, a los profesionales sanitarios, recomendando precauciones contra la transmisión por gotículas y por contacto, al atender a los pacientes, así como precauciones contra la transmisión aérea en las intervenciones asociadas a la generación de aerosoles».

Esta es la conclusión a la que llega la magistrada en su sentencia: «la situación y la dimensión de la epidemia y posterior pandemia era conocida por el Ministerio de Sanidad y las Consejerías o Departamentos de Sanidad de las Comunidades Autónomas. No se ha acreditado un acopio de equipos de protección individual adecuados, según el nivel de exposición al riesgo, para cubrir las necesidades ni siquiera los centros sanitarios públicos de atención primaria, especializada, hospitalaria y extra hospitalaria».

Una visión de lo que va a ocurrir lo estamos viendo, cuando, desde el Gobierno, después de haberse atribuido el control de todas las actuaciones y decisiones en función del estado de alarma, vista la magnitud de lo ocurrido y los constantes errores que ha cometido, pretenda ahora, refiriéndose concretamente en el tema de las residencias de mayores, convencernos de que el ministro de Sanidad en absoluto tuvo nada que ver en el genocidio que tratan de silenciar.

Por otra parte, según se puede recoger en una de las conclusiones que consta en el informe sobre la gestión en las residencias realizado por CEAPs – la patronal que agrupa al mayor número de entidades gestoras en España – “los gestores y direcciones de las residencias no han tenido capacidad de decisión durante la pandemia. Todas las decisiones relevantes: acceso a equipos de protección individual; derivaciones hospitalarias, testeo de residentes y personal; protocolos de funcionamiento; sistemas de sectorización, entre otras, han sido tomadas por parte de las administraciones públicas”.

Carlos Mur de Viu, el hombre que firmó los polémicos protocolos que impedían hospitalizar a los mayores de las residencias madrileñas los primeros meses de la pandemia, aunque después trató de quitarle importancia a los mismos, por videoconferencia, con los datos muy bien estudiados, y durante más de una hora, Mur insistía en que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y el de Políticas Sociales, Alberto Reyero- que dimitió en octubre- conocían esos protocolos y en ningún momento le mostraron su rechazo a los mismos. «No recibí ninguna llamada mostrando disconformidad», ha asegurado. Mur ha evitado responsabilizar a los geriatras que redactaron los protocolos. Asegura que eran «protocolos técnicos y hechos por expertos. Estaban realizados por entre 13 y 28 geriatras y con un «consenso total entre todos ellos». Dichas medidas establecían baremos sobre qué tipo de personas podían ser trasladadas a hospitales y cuáles no (NIUS, 4 de febrero de 2021)

Una conclusión que, con una simple lectura, sin ser ningún experto en la materia, hace a uno sentirse perplejo. Han muerto más 40.000 ancianos en esos pretanatorios llamados centros residenciales, en su inmensa mayoría por abandono y falta de asistencia médica, ¿y las entidades que las gestionan no han tenido ninguna responsabilidad? ¿Estaba el sector preparado para afrontar no ya una catástrofe pandémica como la del covid-19, sino cualquier otra crisis? ¿Todas las empresas y entidades gestoras actuaron correctamente en todo momento y en todo lugar?

Trabajadores de la residencia Nuestra Señora de Gracia de Tudela se aislarán con los residentes durante el periodo de confinamiento decretado por el estado de alarma ocasionado por la crisis sanitaria mundial debido a la expansión del COVID-19, que solo en Navarra ha causado más de treinta muertes y más de mil positivos (Diario de Noticias de Navarra, el 25 de marzo de 2020)

Sin embargo, a la hora de realizar un mínimo análisis sobre las responsabilidades que pudieran tener – que tienen estas gestoras de los centros residenciales -, es necesario hacer ciertas aclaraciones con el fin de sortear determinados discursos tramposos, entre ellas, la más importante, para afirmar que el mero hecho de denunciar ciertas prácticas y carencias en las empresas en absoluto se pueden entender como críticas hacia sus trabajadores y trabajadoras, entre otras cuestiones, porque afirmar que la mayoría de los grupos del sector residencial anteponen por encima de todo el beneficio económico por encima de cualquier otra consideración en absoluto se puede corresponder como un ataque a sus trabajadores, cuando ellos mismos también son víctimas de esa avaricia desmedida de la patronal.

Más allá de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales, uno de los principales focos de contagio y mortalidad son las residencias de ancianos. Es importante destacar que, en estas residencias, la mayoría de espacios son comunes: la sala de estar, el comedor, los servicios… E incluso a veces también las habitaciones ya que éstas no suelen ser individuales. Además de convivir en los mismos espacios, las personas que allí residen suelen ser ya muy mayores y presentan enfermedades y patologías graves, lo que supone un riesgo añadido ante el contagio de Covid-19.

Una de las cuestiones que más me sorprendió fue que, durante la pandemia, la sociedad reconociera con aplausos diarios desde los balcones y ventanas el trabajo del personal de los hospitales, olvidándose por completo del que hacían los trabajadores de los geriátricos, en situaciones incluso mucho más complicadas que en los propios hospitales, lo que siempre me pareció de una injusticia total, pero, lo que resulta del todo tan inaceptable como injustificable, es que una grandísima mayoría de los empresarios pretendan escudarse bajo esa entrega de sus trabajadores para presentarse como víctimas de una “criminalización del sector”. Un sector que, debieran saber, está formado no solo por “inversores de los fondos” dueños de los grandes grupos y sus “buitres carroñeros” que se han hecho millonarios, sino también y, sobre todo, por gerocultores a los que pagan entre 900 y 1.000 euros mensuales por dejarse parte de su salud en el cuidado de ancianos en unas condiciones laborales pésimas. Por lo tanto, criticar las políticas empresariales de Domus VI, Orpea o Ballesol no supone criminalizar a sus trabajadores, de la misma manera que ocurre con los grupos de la Iglesia y los Corazones Sagrados de Jesús y María Santísima. ¿Cómo se puede alcanzar tal cátedra de cinismo por parte de aquellos que, siendo culpables en gran medida de los principales problemas del sector de “aparcamientos residenciales” pretenden hacerse pasar como las víctimas?

Remontándonos al mes de marzo de 2020 las residencias o geriátricos seguían padeciendo un evidente déficit estructural de recursos, muy especialmente en las ratios de personal de atención directa a los mayores, una cifra que mide la proporción entre todos los trabajadores que atienden a los internos – médicos, enfermeras, gerocultoras, psicólogos o los fisios – y el número total de personas que viven en el centro.

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha elaborado un estudio comparativo de las normativas de residencias para personas mayores en España. A la vista de los datos, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología considera que las ratios actuales de personal en las residencias de personas mayores son insuficientes, especialmente en las ratios de auxiliares-gerocultores/as. También es necesario incorporar ratios de presencia de distintos perfiles profesionales y redefinir las características de las habitaciones en estos centros.

Qué duda cabe, las personas que trabajan en las residencias son determinantes para garantizar su calidad y son fundamentales para garantizar una atención de calidad centrada en la persona. Por eso, tan fundamental es una buena selección con profesionales cualificados, como el número de personas que trabajan en la misma, y por eso las ratios de personal son una de las herramientas con las que se mide esta calidad de la atención en los centros residenciales, de tal manera que cada comunidad autónoma establece en su normativa las ratios mínimas, que las empresas pueden mejorar si es menester, pero en ningún caso pueden empeorarlas, oscilando entre los tres y cuatro trabajadores de atención directa por cada diez internos.

Este déficit estructural de recursos humanos, que ya era muy grave en situaciones de normalidad, quedó convertido en un drama absoluto durante la pandemia cuando empezaron a multiplicarse las bajas del personal, quedando muchas residencias en cuadro, con las nefastas consecuencias producidas al no haber manos suficientes para cuidar de los mayores.

Por otra parte, las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan revisar los modelos de atención de los diferentes países, con el fin de hacer la transformación necesaria e introducir los cambios que convengan, para poder dar una respuesta adecuada a los nuevos retos que plantea el actual contexto social, sanitario, epidemiológico y demográfico, garantizando en todo momento unos “mínimos” que garanticen los derechos de los usuarios establecidos en las leyes de servicios sociales, con el objetivo de mejorar la calidad asistencial que se presta en los servicios residenciales.

Un auxiliar de geriatria que se ocupa, no solo del lavado e higiene del colectivo de la tercera edad, su trabajo va mucho más allá. El auxiliar en geriatría está en el día a día del paciente, lo escucha, lo acompaña, le hace sentir valorado. A veces, estos ancianos se sienten como una carga para la sociedad, cuando han sido ellos el motor de nuestra sociedad que tras muchos años logran con sus distintos empleos que sigamos avanzando. Por ello, el auxiliar de geriatría no solo se ocupa de lavar ancianos, sino que se ocupa de darles apoyo moral para sentirse queridos, darles cariño. ¿Sabes cuanto gana un auxiliar de geriatría? El sueldo medio del profesional auxiliar de geriatría en España oscila entre los 11.000 y los 14.000 euros al año.

Resulta evidente que no estaban preparadas de igual manera unas y otras residencias en cuanto al número de trabajadores para afrontar la pandemia, pero su responsabilidad, para bien o para mal, en absoluto se puede atribuir al virus, sino a la gerencia o a la consejera delegada de turno, pudiendo llegar a la conclusión de que la falta de personal ha sido probablemente el factor que tuvo el efecto negativo más determinante. Por supuesto, el tamaño de las instalaciones, el ahorro en los costes de mantenimiento y la ausencia de planes de contingencia, la escasa formación de muchos de los trabajadores y la escasez, cuando no la falta total, de los equipos de protección fueron otros de los factores que influyeron a la hora de afrontar con ciertas garantías lo que acabó siendo un auténtico genocidio.

La ausencia total de autocrítica tras el genocidio producido resulta verdaderamente ofensiva para cualquier ciudadano, salvo para los palmeros y los “bien pagaos”, pero muy especialmente para los familiares de los mayores fallecidos que, ni siquiera saben al día de hoy si, efectivamente, son sus padres, madres, abuelos o hermanos y hermanas los que se corresponden con los cuerpos que fueron depositados en los “cajones” o ataúdes mortuorios.

¿Un interrogante me surge al respecto? A modo de ejemplo, y sólo a modo de ejemplo, ¿quién o quiénes han sido los responsables de la hecatombe humana ocurrida en la residencia Elder de Tomelloso, donde en los primeros días de la primera ola de la pandemia habían muerto ya una quincena de ancianos, una cantidad que hacía pronosticar que la cosa iría a peor, como desgraciadamente quedaría demostrado después, al registrarse entre los meses de marzo y junio un total de 76 muertos de los internos a causa del coronavirus?

En este tétrico escenario se llega al 1 de marzo cuando el director de la Residencia de mayores Fundación Elder de Tomelloso, José Manuel Sampedro Lara, sería llamado a declarar ante el juez en calidad de investigado por presuntos delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro derivados de su gestión al frente de la residencia citada.

Así queda recogido en el auto dictado por el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Tomelloso, en el que se acuerda la práctica de diligencias adicionales de investigación con el fin de determinar «la relevancia penal de las actuaciones» realizadas por el director del centro, el mentado José Manuel Sampedro, periodista de formación y sin ninguna experiencia previa a su llegada a Elder en el ámbito de la atención sociosanitaria, a la vez que hijo del presidente de la residencia, el corredor de seguros, Ramón Sampedro Ramírez.

De este modo, el que fuera también concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Tomelloso, después de presentar su dimisión tras la explosión del escándalo producido, acudía a prestar declaración ante el juez como imputado, consecuencia de la denuncia de familiares de los residentes fallecidos en el centro, al considerar que se podría haber producido una actuación negligente por parte de quienes eran responsables de velar por la seguridad de los mayores.

Por ello este grupo de allegados de las víctimas que fallecieron en la residencia Elder, decidía hacer frente común y llevar a los tribunales su denuncia con el fin de que se esclarezca lo sucedido en aquel centro y que se asuman responsabilidades.

En 2015, con la salida de la Cospedal del Gobierno y la marcha de Nacho Villa en la televisión autonómica, Sampedro sería cesado de su cargo en la delegación provincial de la televisión pública castellanomanchega, para colocarse como director general de la Fundación ‘Elder’. Se ponía así al frente de la residencia de mayores impulsada por esta Fundación que, por otra parte, preside su padre, Ramón Sampedro. Cargo al que llegaba sin formación específica al respecto y sin experiencia laboral sobre este campo, puesto que, según él mismo especifica en su currículum público, tras licenciarse en Periodismo en el CEU San Pablo de Madrid en 2012 y completar dos másteres uno en Periodismo Audiovisual RTV en la Escuela Superior de Imagen y Sonido CES (2013) y otro en Dirección de Comunicación Corporativa en EAE Business School (2016). Al tiempo que ejercía como periodista en la delegación de Puertollano de RTVCM y posteriormente del director territorial de la Radio Televisión de Castilla-La Mancha en la provincia de Ciudad Real”, pasaba directamente a tomar las riendas de la residencia de mayores (Periódico CLM, el 19 de marzo de 2020)

Por cierto, unas fechas en las que las residencias ya llevaban algún tiempo cerradas a las visitas, y aunque el virus ya corría por Elder la información que se ofrecía a las familias era «nula», llegándoles a asegurar que allí «covid cero», tal y como se recoge en una entrevista concedida al Periódico CLM por la hija de una de las personas fallecidas en aquel pretanatorio: «Yo estaba tranquila, porque hablaba con el personal de la residencia y nos tranquilizaban», explicaba, antes de reconocer que no solo no se les ofrecía información sobre lo que ocurría tras las puertas del centro, sino tampoco sobre los cuidados que aquellos días estuvo recibiendo su madre.

Sin embargo, la situación real que se vivía en esta residencia de Tomelloso saltaba a los titulares de prensa cuando era el propio director del centro, José Manuel Sampedro, quien el 18 de marzo de 2020 aparecía en un programa de televisión denunciando el supuesto «abandono» por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al centro, asegurando que estaban «completamente abatidos, destrozados psicológicamente», ante una situación «muy complicada» y que eran 14 los fallecidos, una cifra que «va aumentando», comentaba.

Reclamaba el ya exconcejal del PP «ayuda urgente», al tiempo que aseguraba que «nadie» les estaba ayudando, que por su parte se había informado «en todo momento» a las autoridades, tanto a la Consejería de Bienestar Social como al Ayuntamiento, pero insistía que «nadie nos había escuchado”.

Querella criminal presentada por familiares de los residentes en la residencia ELDER de Tomelloso contra su director, José Manuel Sampedro.

Por otra parte, aseguraba que se estaba informando a las familias por teléfono sobre la situación, «ayer por la tarde recibí 60 llamadas», pero «ninguna» de las autoridades, «nos sentimos abandonados», apostillaba.

En su comparecencia televisiva también explicaba que «desde el primer momento» en que se tuvo conocimiento del primer positivo, «cerramos la residencia, solo pueden entrar los trabajadores» y los residentes «están cada uno en su habitación».

Aquel José Manuel Sampedro era el mismo que tan solo dos días antes aseguraba en las redes sociales que en el centro se estaba «trabajando con normalidad». «La furgoneta que hay en la puerta es del hospital, verificando que todos los residentes están bien y haciéndoles pruebas del covid-19”, para facilitar a continuación un número de móvil al que podía llamar «cualquier familiar» que necesitara información. «Pero está todo bien!!!», concluía.

Pero no solo el propio Sampedro contradecía su propia versión en su vuelta a la televisión, puesto que el mismo miércoles 18 de marzo, desde el Ejecutivo regional salía el director general de Salud Pública, Juan José Camacho, a desmentir sus afirmaciones, explicando que las tres denuncias realizadas por Sampedro – el abandono por parte de la Junta, la ausencia de contactos con las autoridades sanitarias y la ausencia de pruebas ante el brote de coronavirus en la residencia – eran radicalmente «falsas».

El director general de Salud Pública ha comparecido en rueda de prensa para desmentir categóricamente las afirmaciones realizadas por el director de la Residencia ELDER de Tomelloso, que a lo largo del día ha vertido en diversos medios nacionales, denunciando abandono por parte de la Junta, la ausencia de contactos con las autoridades sanitarias de la región y la ausencia de pruebas ante el brote por coronavirus que está sufriendo su residencia de carácter privado.

Así, detallaba que ese fin de semana desde la Gerencia de Área de Tomelloso se contactaba con la residencia Elder, siendo ese el momento en el que se informa de que hay un grupo de residentes con síntomas, ante lo que se ponen a su disposición, y el domingo se informa de varias muertes, por lo que el mismo director general contacta con Sampedro por teléfono, “refiriéndome una situación compleja, donde no hay equipos de protección individual para los trabajadores, siendo esta empresa de titularidad privada, con lo cual la responsabilidad de sus trabajadores recae sobre ellos», precisaba Camacho.

También le informa de que «no tiene médico y la situación es alarmante», por lo que desde el Sescam se envía un equipo médico y enfermera para realizar las primeras tareas de “triaje” y se ponen «las primeras medidas de control epidemiológico sobre la población residente». Esa misma tarde del domingo, 15 de marzo, Camacho mandaría enviar “otros tres equipos desde la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario con médicos y enfermeras que realizan triaje a los 75 pacientes que en esos momentos presentan síntomas», y esa misma noche un equipo formado por un médico y una enfermera del Sescam permanecieron en el centro para atender a los residentes, y desde el día siguiente se reforzaron los servicios sanitarios con personal del Sescam, a la vez que proporcionando equipos de protección individual EPI a los trabajadores de la residencia, que hasta el momento carecían de ellos. Una situación que llevaba a la Junta de Comunidades a tomar las riendas de esta residencia de titularidad privada, para hacer frente al brote de coronavirus.

Con la comparecencia ante el juez del director de la residencia, José Manuel Sampedro, cuando ya eran 78 los muertos, se ponía fin a una serie de declaraciones, que debía haber concluido el pasado mes de abril de 2021, pero que finalmente tuvo que ser aplazada, estando a la espera de la fecha para fijar la celebración del juicio.

Decenas de personas, trabajadores y familiares de residentes, se han concentrado hoy a las puertas de la residencia Elder de Tomelloso, convocados por CC.OO. para exigir la dimisión de su director. Los participantes llevaban pancartas en las que podía leerse “Dimisión ya”, “Por una gestión digna y por el futuro de nuestros mayores” o “En lucha por el futuro de la residencia” (Diario.es, el 29 de julio de 2020).

A la espera de la sentencia, siempre que se celebre el juicio, nada mejor que recoger la situación de una gran mayoría de los pretanatorios a través de una dura y extensa carta escrita por Raquel quien, temiendo por la vida de su madre, interna en Orpea Buenavista de Madrid, se expresaba de esta manera en la carta enviada al director, recogida literalmente en el libro de Manuel Rico “¡Vergüenza! El escándalo de las residencias”: “Les he trasmitido en numerosas ocasiones – 12 correos electrónicos – que nuestros mayores son personas y se merecen el máximo respeto y las máximas atenciones, dado que son las que han conseguido con su esfuerzo y trabajo mantener la sociedad actual. Evidentemente, para el holding para el que usted trabaja, solo son una mercancía que genera beneficios millonarios. Mi madre paga 2.700 euros al mes actualmente, por la deficiente atención y alimentación que ha recibido hasta el momento en su residencia, durante los tras años que ha permanecido en ella. Según los datos publicados, la filial española del holding Orpea facturó 47,4 millones de euros durante el primer trimestre de 201. Quizá eso suponga un impedimento para contratar personal con la formación adecuada, en la cantidad necesaria y remunerarlos dignamente. Mientras no se proporcione una dignidad a los auxiliares de geriatría, nuestros mayores nunca podrán tener una digna atención. Esperemos que el Gobierno y las diferentes Administraciones, ante una situación de tan extrema gravedad e inhumanidad, tomen medidas contundentes al respecto, ya que con esta crisis se ha constatado la nefasta gestión de las residencias de mayores durante décadas.

 

 

 

 

 

Acerca de ANTON SAAVEDRA RODRIGUEZ

Hola a todos, soy Antón Saavedra y vivo en la cuenca minera asturiana del Nalón. Nacido en Moreda de Aller, (Asturias) el 30 de mayo de 1948, desde la edad de cinco años vivo en la barriada minera de La Juécara (LANGREO). Allí, en la Academia Mercantil de La Felguera (Frailín) cursé mis estudios de bachillerato por libre, y a la edad de 20 años, después de haber sido despedido de Constructora Gijonesa, Duro Felguera y Montajes de Ciaño por motivos sindicales, empezé a trabajar en la minas de Hunosa (Pozo Fondón) con la categoría de ayudante barrenista hasta el año 1974 que pasé a desempeñar el cargo de Graduado Social en el Grupo Siero (Pumarabule y Mosquitera). Posteriormente me licencié en Relaciones Industriales por la Universidad de Alcalá de Henares, y actualmente curso estudios para la licenciatura de Ciencias Políticas. Afiliado a la UGT y al PSOE en los inicios de los años 70, fui secretario general de la Federación Estatal de Mineros de UGT (1976-1989), vicepresidente de la Internacional de Mineros (1978-1990), y miembro del Comité Ejecutivo Confederal de UGT (1976-1988).Desde 1986 hasta 1994 ocupé un lugar en la Mesa del Comité Consultivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en representación de España. Durante este periodo participé como ponente en varios congresos y conferencias sindicales a nivel internacional, actuando en nombre de los trabajadores españoles ante la OIT, siendo autor del libro-informe publicado bajo el título “EL CARBON:UNA ALTERNATIVA A LA CRISIS ENERGETICA”, que fue asumido por unanimidad de los miembros de la CECA como ponencia base en el debate sobre la politica energética comunitaria en 1991. Entre los años 1991 y 1998 fui diputado del Partido de Acción Socialista (PSOE histórico) en el Parlamento Asturiano por las lista de IU, así como miembro de sus respectivos comités ejecutivos federales. Soy autor de “SECUESTRO DEL SOCIALISMO” y “EL HEREDERO DE SURESNES” de muy recientísima aparición.
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