EUGENESIA Y VACUNACIÓN

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado han interpuesto de manera arbitraria sanciones contra personas que supuestamente desobedecían el Real Decreto del Estado de Alarma, sin observar los criterios de necesidad y proporcionalidad que indican los estándares internacionales. Y esto bajo la aplicación de la denominada Ley Mordaza, una ley que, tal y como ha repetido Amnistía Internacional desde hace años, debe modificarse porque supone una amenaza para los derechos de reunión pacífica, expresión e información, al igual que amplía los poderes de la policía a la hora de sancionar, sin otorgar mecanismos de control (Amnistía Internacional, 8 de mayo de 2020)

Desde que se impusiera el estado de alarma en nuestro país llevamos al día de hoy, 14 de octubre de 2021, seiscientos setenta días con la pandemia y el lema de que “el fin justifica los medios”, de tal manera que nos ha tocado ver cosas tan horribles como muertes por abandono o dosis de morfina, entre otras prácticas, en muchos de los pretanatorios llamados sarcásticamente residencias de mayores, las muertes en solitario por todos los rincones de los hospitales y geriátricos, los partos más violentos que nunca, la privación de la libertad, los recortes de derechos sin ciencia ni ética, la consulta médica telefónica, y un largo etcétera.

En la calle se ha extendido la violencia policial, bien vista y estimulada por las autoridades, pero también por una parte de la población que estuvo dispuesta para hacer de policía, denunciando y criticando a sus vecinos por “irresponsables” al verlos sin mascarilla o a una distancia entre sí de 1,49 metros en las colas del pan, tal y como si no hubiera pasado el tiempo de los “chivatos y los somatenes” – en los primeros meses de la pandemia no eran necesarias las mascarillas -, o cuando los veían salir del portal en pleno “arresto domiciliario”, sin ni siquiera preguntarse se tenían el perro en el trastero para ir a sacarlo a cagar, incluso con denuncias escritas a la policía, como ha quedado fehacientemente demostrado en algunos casos.

Ahora les toca el turno a las vacunas, y por más que el Consejo de Europa haya dicho que tienen que ser voluntarias y que no se puede discriminar a nadie, sirvan las imposiciones realizadas en las llamadas residencias de mayores.

Una cuestión ha quedado muy clara a lo largo de la historia: nunca se ha demostrado que las vacunas sean más eficaces que no hacer nada en absoluto. Todo lo contrario, cuando sí ha quedado demostrado que han contribuido a numerosos brotes de múltiples enfermedades, incluso la muerte.

En 1918-1919, por ejemplo, durante el brote de gripe aviar conocido como “gripe española”, aunque procedente de EE.UU., solo aquellos soldados y civiles que se vacunaron contra la gripe realmente enfermaron y murieron, a menudo justo después de ponerles la inyección. Millones de personas murieron por vacunas letales contra las que el cuerpo no tenía defensas naturales, de tal manera que los que se negaron a ponerse la vacuna permanecieron sanos, incluso a pesar de ayudar a los enfermos y llevarse los cadáveres. No, no se trata de ninguna teoría negacionista ni nada que se le asemeje. Se trata de una realidad perfectamente constatada en los documentos existentes.

El simple hecho de que ciertos sectores de la población, como el caso citado de la “gripe española” donde los soldados fueron utilizados en experimentos humanos para probar vacunas sin su consentimiento y, a veces, sin que lo supieran siquiera, junto con los motivos encubiertos de los fabricantes de las vacunas, debiera hacernos de reflexionar a todos de que nos encontramos ante un asunto muy peligroso. ¿Acaso nuestros mayores fallecidos en los pretanatorios fueron o están siendo utilizados como experimento a modo de “cobayas” de la misma manera que fueron utilizados aquellos soldados en la llamada “gripe española” de 1918?  Pienso que no podemos continuar obedeciendo como carneros de un rebaño, sin tener el conocimiento necesario.

Además, ¿por qué debemos de confiar nuestra salud, nuestro bienestar e incluso nuestra vida a unos responsables políticos que, haciéndose epidemiólogos y virólogos de la noche a la mañana, se pasan la vida engañando al pueblo con falsas promesas? ¿por qué fiarnos de unas compañías farmacéuticas cuyo único fin es el negocio multimillonario obtenido con sus pócimas y venenos?

Las grandes farmacéuticas internacionales involucradas en la producción de la vacuna contra la covid-19 han ganado más de 24.500 millones de euros en el primer semestre de 2021, impulsadas por la alta demanda del fármaco. Según datos recopilados por la agencia Efe, las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Johnson & Johnson (J&J), matriz de Janssen, consiguieron un beneficio neto de 24.522 millones en este periodo, esto es un incremento del 70 % respecto al año 2020. La última en presentar resultados este jueves ha sido Moderna, que ganó unos 3.377 millones de euros hasta el mes de junio, gracias a las ventas de su vacuna, por las que ingresó 4.980 millones. Esta compañía estadounidense, que venía de perder 203 millones de euros en el mismo periodo de 2020, facturó 5.310 millones durante los seis primeros meses, tras la venta de 302 millones de dosis, elevando sus previsiones de ventas de la vacuna para este año hasta los 16.900 millones de euros, teniendo previsto la entrega de entre 800 y 1.000 millones de dosis del suero.

Lo vimos con los medicamentos antirretrovirales para el tratamiento del VIH/sida. Aunque se demostró que podían producirse a un precio mucho más barato y, por lo tanto, ser accesibles para millones de personas seropositivas en el sur de África, una de las zonas más golpeadas por el virus, las compañías farmacéuticas lucharon para mantener unos precios elevadísimos que les generaban grandes beneficios. Y lo vimos también hace unos años con la vacuna de la neumonía. Esta grave enfermedad mató solo en 2017 a más de 800.000 niños menores de 5 años, sobre todo en países en desarrollo, a pesar de que las empresas farmacéuticas Pfizer y GlaxoSmithKline llevan décadas comercializando una vacuna efectiva para prevenirla (Médicos sin Fronteras, 1 de julio de 2020).

Estas y otras cuestiones debieran de  ser explicadas a la sociedad por los Gates, los Rockefeller y sus “caporales” en los distintos gobiernos del mundo, como socios que son de la Alianza Global para las Vacunas y la Inmunización (GAVI), la alianza que controla programas internacionales de vacunación muy importantes, donde participan la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Rockefeller, la Federación Internacional de la Industria del Medicamento, Unicef, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y la inmensa mayoría de los gobiernos títeres de esta oligarquía financiera.

El obediente y sumiso “caporal” del gobierno de España, Pedro Sánchez, sería uno de los primeros en contribuir con 125 millones de euros al GAVI, aunque le debió de parecer poca cantidad, pues en setiembre de 2019 anunciaba la donación de otros 100 millones para el Fondo Global contra el sida, la tuberculosis y la malaria para el periodo 2020-2022, además de otros 140 millones de euros a GAVI. En total: 350 millones de euros en una crisis donde la economía española había alcanzado cifras catastróficas – al día de hoy todavía no se ha hecho efecto el Ingreso Mínimo Vital a más del 70% de los solicitantes -, dejando escrito en un tuit publicado el 4 de mayo de 2020, después de la reunión de la Conferencia de Donantes de Respuesta Global a la Covid-19: “Nos hemos reunido para impulsar una respuesta ambiciosa y global a la Covid-19 basada en la justicia social, la ciencia y la colaboración. Aprendamos del pasado y aseguremos que, esta vez sí, salimos de la crisis sin dejar a nadie atrás”. Por cierto, una aportación económica que sería agradecida por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, en el transcurso de la conferencia: “Le agradezco al presidente Sánchez Castejón y al pueblo español por su compromiso de donación de 50 millones de euros a GAVI. Esta aportación vital ayudará a GAVI a hacer llegar las futuras vacunas de la Covid-19 a las personas más vulnerables del mundo.”

Al final, el resultado de esa vacunación masiva que se pretende tener, ¿será para contar con una población cada vez mayor de enfermos crónicos que, alargando sus días de lo que pretenden llamar salud, a base de un consumo cada vez mayor y más diversificado de fármacos, obtendría el objetivo contrario a la salud perseguida por cualquier persona blanca, negra o amarilla residiendo en España, Sudáfrica, India, Rusia, Egipto, Norteamérica o América del Sur?

¿Llegará la imposición del “pasaporte” de vacunación como una vuelta de tuerca más? ¿Una vuelta más del “no tolerar” las voces discordantes, e incluso a las personas discordantes, tal como si se tratase de la Alemania nazi donde los disidentes debían de ser excluidos de la sociedad, incluso matándolos por asociales e irracionales?

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, nunca ha sido muy partidario de la obligación en el uso de las mascarillas, pero, además, “en una situación de escasez en el mercado de mascarillas quisimos ser muy prudentes a la hora de hacer recomendaciones que no se pudieran aplicar” (La Vanguardia, 20 de mayo de 2020)

En efecto, la eugenesia fue una disciplina académica en muchos institutos y universidades que se fundamentó en la idea de que la civilización estaba frustrando la evolución, por lo que las personas “menos apropiadas” se estaban reproduciendo más que “las mejores” y, por lo tanto, había que tomar medidas para corregir ese error social, de tal manera, que, aunque su veracidad comenzaría a cuestionarse en la década de 1930, sin embargo seguía utilizándose muy ampliamente para la esterilización forzosa sobre aquellas “personas inferiores e improductivas”, tales como las afectadas de esquizofrenia y todo tipo de trastorno maniaco depresivo, la epilepsia, el alcoholismo, la sordera y ceguera hereditaria, la incapacidad intelectual, las deformidades físicas, la enfermedad avanzada que impedía trabajar, y los aborígenes e indígenas, entre otras, que más adelante se extendería hacia aquellas otras personas con teóricas conductas antisociales, como las prostitutas o los afectados de sífilis, por ejemplo, en los países más avanzados del mundo, desde Alemania a Suecia pasando por los EE. UU.

Las investigaciones realizadas en el campo de la medicina y las ciencias naturales y el ímpetu “civilizador” del colonialismo servirían para abrir un debate entre los pensadores europeos del siglo XIX sobre la posibilidad de “mejorar” a los seres humanos, de tal manera que el racismo, la higiene racial, el biologismo o la eugenesia componían todo un “menú” de actuación, ocupando los EE.UU. el liderazgo mundial eugenésico para sustentar sus políticas racistas con los negros, a la vez que prohibiendo la inmigración de “linajes inferiores” como habitantes de países del sur de Europa, hasta el extremo de que, entre los años 1927 y 1963, más de 64.000 personas serían esterilizadas bajo las leyes eugenésicas de EE.UU., desde los “imbéciles” hasta las personas con minusvalías físicas. Es decir: la salud de la población y la mejora de la especie humana se había convertido en el objetivo y en la razón de ser del Estado y en su consecuencia valía todo.

Naturalmente, los médicos se sumaron entusiasmados a estas políticas de “salud”, de tal manera que un 45% de los médicos alemanes aparecían enrolados en las filas del Partido Nazionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP), cuya ideología se sustentaba en el nazionalsocialismo, liderado por Hitler, con el racismo como eje central de su ideología nazi, resultando imprescindible la colaboración médica en todo el proceso de esterilización o eliminación de casi 400.000 alemanes “defectuosos”, en nombre de una ideología sanitaria que acabaría llevando a las cámaras de gas y a la muerte a millones de personas cuyo único delito fue haber sido judíos, gitanos, comunistas y homosexuales. 

Un ejemplo de la ideología nazi de “buena salud” sería el rechazo al tabaquismo, bien expresado en el trabajo financiado por Hitler para demostrar su asociación con el cáncer de pulmón por primera vez en el mundo, y es que el nazismo fue un movimiento de jóvenes preocupados por cuestiones como la influencia de los judíos en la cultura alemana y los males del comunismo, pero también por los efectos nocivos del pan blanco, el amianto y los colorantes alimentarios artificiales.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, aspira a una segunda medalla, la primera obtenida por tonto y esta segunda por si pierde la primera.

Pero, volviendo a la pandemia del coronavirus, después del tristísimo balance de los 4.500.000de infectados y 125.000 muertos por el coronavirus en nuestro país, de los cuales más del 40 % ocurrieron en las residencias, de repente, el presidente del gobierno español sale a la palestra con uno de esos montajes a que nos tiene acostumbrados para colocarse la “medalla de oro” en vacunación contra el coronavirus, con el 55,7% de la población española que ya ha recibido la pauta completa de vacunación: “España es la nación que más ha vacunado entre los 50 países más poblados del mundo, situándose por delante del Reino Unido, Estados Unidos, Francia o Alemania, por lo que podemos decir que tiene la medalla de oro de la vacunación», ha llegado a declarar públicamente el presidente del Gobierno.

En su intervención, el presidente ha reflexionado que la crisis del Covid-19, un acontecimiento «inesperado» y «desconocido», ha marcado la vida del país «para siempre» y ha costado la vida de «miles de compatriotas», alterando también «seriamente» la forma de vivir del país. De esta forma, instaba a «no olvidar nunca lo ocurrido» y cómo se ha superado, al recalcar que la «unidad» y el «esfuerzo conjunto» fueron claves para resistir los efectos de la pandemia y que ahora toca una nueva fase, que pivotará sobre la transformación y recuperación del país. No obstante, lo manifestado, la realidad es que ni España es medalla de oro en vacunación ni la unidad y el esfuerzo conjunto han sido reales, en primer lugar, porque a 29 de julio de 2021, fecha de las palabras de Sánchez, España era superada en porcentaje de población completamente vacunada por Canadá, uno de los 50 países más poblados del mundo (57,37% de la población completamente vacunada mientras España tenía el 56,51%). En segundo lugar, porque hablar de unidad y esfuerzo conjunto después de los duros enfrentamientos que a diario se siguen librando entre gobierno y oposición resulta todo un insulto a la inteligencia.

Los judíos no fueron las únicas víctimas de la persecución nazi. Las autoridades alemanas del régimen nazi también se centraron en otros grupos en particular debido a la inferioridad racial y biológica que percibían, como los romaníes, las personas con discapacidades y ciertos pueblos eslavos, en especial los polacos. También persiguieron al escaso número de alemanes de raza negra, los cuales fueron sometidos a discriminaciones, arrestos, esterilizaciones y asesinatos. Otros grupos fueron perseguidos por motivos políticos, ideológicos y de comportamiento, incluidos los comunistas, socialistas, testigos de Jehová y homosexuales. Después de que Alemania invadiera la Unión Soviética en junio de 1941, las unidades móviles especiales de las SS conocidas como Einsatzgruppen cometieron asesinatos de funcionarios y comunistas soviéticos, así como de romaníes, junto con unos 2 000 000 de judíos en los territorios soviéticos ocupados por los alemanes. (Fotografía policial de un prisionero homosexual de Auschwitz: August Pfeiffer, sirviente, nacido el 8 de agosto de 1895 en Weferlingen, llegó a Auschwitz el 1 de noviembre de 1941 y murió allí el 28 de diciembre de 1941. Fotografía: Museo Conmemorativo del Holocausto en EE. UU. UU.)

¿Acaso pretende el presidente del gobierno concederse también otra “medalla de oro” por muertes producidas por efectos derivados de la vacunación, donde nuestros mayores tuvieran que sufrir la eugenesia de igual manera que sucediera en la Alemania de Hitler con millones de personas? ¿A qué viene la tercera vacunación de nuestros mayores sin que haya mediado ninguna explicación científica al respecto, de igual manera que tampoco se hizo con las anteriores vacunas?

Existen serias dudas sobre si la gestión de la pandemia por parte de los poderes públicos, centrada en la propagación del miedo y el ejercicio sistemático de la censura de personalidades científicas discrepantes con la información oficial, a las que vulgarmente se tilda negacionistas, ha tenido como verdadero objetivo la protección de la población contra la Covid-19.

No obstante, la forma en la que se está procediendo a la vacunación masiva, en la que no existe nada parecido al consentimiento informado, plantea serios interrogantes, sobre todo cuando la legislación española,  tanto la Ley General de Sanidad (LGS), como la más reciente Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, establecen muy claramente el derecho a la información acerca de los efectos adversos de medicamentos o productos sanitarios, así como la obligatoriedad del consentimiento informado como requisito previo para recibir cualquier tipo de tratamiento, quirúrgico o farmacológico.

Ambas leyes son básicas porque regulan competencias del Estado y son de aplicación general, aunque también pueden ser desarrolladas por cada una de las Comunidades Autónomas. Pues bien, en el artículo 99 de la LGS se determina que: “Los importadores, fabricantes y profesionales sanitarios tienen la obligación de comunicar los efectos adversos causados por medicamentos y otros productos sanitarios, cuando de ellos pueda derivarse un peligro para la vida o salud de los pacientes”, y la Ley de Autonomía del Paciente establece en su artículo 2.2. que “toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que debe obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada, se hará por escrito en los supuestos previstos en la Ley”.

Pero es que, además, esta misma Ley determina en su artículo tercero que “es el médico el responsable de facilitar la información y de recabar el consentimiento informado”, acreditándole como “el profesional que tiene a su cargo coordinar la información y la asistencia sanitaria del paciente o del usuario, con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo referente a su atención e información durante el proceso asistencial, sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que participan en las actuaciones asistenciales”. Queda claro, por tanto, que la primera y principal información que se debiera proporcionar al ciudadano es que todas las vacunas de la Covid – absolutamente todas -, están en fase de experimentación y que, al día de hoy, 23 de octubre de 2021, aún no han recibido la autorización definitiva. El hecho de que las vacunas Covid estén en situación de autorización condicional por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), es decir, una autorización provisional por no haber culminado los ensayos clínicos referidos, debería requerir consentimiento informado por escrito (Artículo 8.2 de la Ley anteriormente citada), al encontrarse aún en fase de investigación y por comportar riesgos adicionales para la salud del paciente, incluso de la propia vida.  

Es decir, si el consentimiento informado es esencial para que una persona pueda adoptar libremente una decisión, se puede afirmar que para las vacunas Covid en la inmensa mayoría de los casos el “consentimiento” se ha producido en ausencia, prácticamente absoluta, de información, dándose  la triste circunstancia en la mayoría de las ocasiones, de que la vacunación se hace fuera del Centro de Salud, hasta en el Corte Inglés, tal y como ocurrió en Madrid, seguramente esperando a que los vacunados puedan seguir consumiendo sus productos, donde el médico o médica no aparecen en ningún momento, hasta el extremo de que cuando son preguntados en la consulta acerca de la oportunidad de la vacuna en el caso concreto de enfermedades o tratamientos concurrentes, la respuesta suele ser de que ellos no son responsables de la misma, ya que todo lo relacionado con la vacunación es asunto de las autoridades sanitarias.

Esta exclusión de la figura médica en todo el proceso de la vacunación coronavírica, así como la censura y las coacciones contra quienes no siguen el discurso oficial, ha sido denunciada muy recientemente por la Alianza Internacional de Médicos y Científicos Médicos en la Cumbre sobre el Covid-19 celebrada el pasado mes de septiembre de 2021 en Roma, en la cual ha sido adoptada una Declaración que está siendo firmada por más de 12.000 profesionales de la medicina de todo el mundo, entre ellos varios premios Nobel, recogiendo en uno de sus apartados que: “los médicos deben defender su derecho a prescribir un tratamiento, observando el principio PRIMERO NO HACER DAÑO (…) Los derechos de los pacientes, tras estar completamente informados sobre los riesgos y beneficios de cada opción, deben ser restablecidos”.

Es verdad que, en un escenario vivido en donde muchos países sufrieron todo un colapso sanitario que llegó a considerar la edad y las expectativas de sobrevivencia de un paciente como factores determinantes a la hora de asignar un respirador artificial, tratando a nuestros mayores como “trastos viejos” o «activos caducados que lastran los cálculos del inventario económico», especialmente a la hora de calcular el costo de las pensiones, pero no es menos cierto que durante el coronavirus algunos o muchos de los médicos han recibido instrucciones para valorar las expectativas de supervivencia del paciente y no solo sus necesidades o el haber llegado a necesitar antes un determinado servicio sanitario como las Unidades de Cuidados Intensivos, donde algunos protocolos marcaban la edad como un factor a considerar para disponer de un respirador artificial, dada la escasez inicial de los mismos, lo que conlleva, desde mi punto de vista, una muy peligrosa discriminación que podría perdurar en el tiempo y que podría verse complementada con otras circunstancias personales de todo tipo, dando lugar a una inopinada eugenesia encubierta, es decir, a una selección del más fuerte.

Las estadísticas de mortandad parecían indicar que los más ancianos podían responder menos a los tratamientos, cuando se les debería haber catalogado como grupo más vulnerable y, por lo tanto, más digno de atención, al tratarse sobre todo de un problema logístico que imponía disponer de más respiradores, al igual que se necesitaban equipos de protección para el personal sanitario, sometido al contagio por esa imprevisión e ineficacia.

Los dueños del transatlántico Titanic decidieron escatimar botes para ganar velocidad, al considerar un barco insumergible por sus compartimentos estancos. E igualmente la pandemia nos ha confrontado con una impostada prepotencia que nos hacía creernos a salvo de contingencias como la del COVID-19. Habría que procurar que no hubiera pasajes de tercera clase para nadie y no confinar a los más mayores al final de la cola para salvarse del naufragio, como si fueran trastos viejos desechables, un lastre que arrojar por la borda en aras de salvar a los más robustos o mejor situados en cabinas preferentes.

Fuente: Porcentaje de población vacunada en los 50 países más poblados del mundo. Datos a 29 de julio. Our World in Data.

Profundizando mucho más en el asunto que nos ocupa, esta pandemia no es más que la segunda venida en un sentido histórico, ya que la misma se ha propagado un siglo después de la última y mencionada epidemia de la mal llamada “gripe española”. Y, además, se manifiesta como una suerte de segunda entrega del Sars-Cov-1 que azotó el sudeste asiático en 2003.

Por lo tanto, se puede afirmar que tenemos “repetición” y “continuidad” y no precisamente “aleatoriedad” y “novedad”, siendo la cruda realidad que actualmente nos encontramos sumidos en una aterradora huida hacia adelante debido al cortoplacismo, la torpeza y el desdén con que muchos de nuestros intelectuales, gobernantes y políticos en general miraron y siguen mirando al pasado.

En la obra del escritor e intelectual británico Gilbert Keith Cherteston “What’s wrong with the Word” (Lo que está mal en el Mundo) publicada en 1910, en la conclusión de su recomendable ensayo decía sentirse consternado por la promulgación de una ley que, con el ánimo de acabar con la plaga de piojos, decretaba cortar el pelo a todos los niños pobres en la Inglaterra de finales del siglo XIX, un hecho, por otra parte, que no parecía escandaloso por su excepcionalidad, ya que “las leyes de pobres” se venían practicando desde el reinado de Isabel I de Inglaterra (1533-1603).

Lo interesante de estas leyes llegaría durante el primer tercio del siglo XIX cuando entraron en contacto con las teorías del clérigo y economista nacido en el condado inglés de Surrey, Thomás Malthus, que acabarían consolidándose como auténticos programas de control demográfico, muy especialmente dirigidos hacia los estratos más depauperados de la sociedad. Malthus entendía que los pobres se multiplicaban, presos del instinto de reproducción, aún en condiciones de miseria, entre otras cosas por su irresponsabilidad, fomentada, entendía Malthus, por las leyes de pobres inglesas que para Malthus suponían una liberación de la restricción moral y finalmente una carga innecesaria para el Estado en forma de ayudas a padres e hijos que suponían costes innecesarios.

Por eso se hizo una nueva Ley de Pobres de 1834, inspirada en sus teorías, que centralizaba la asistencia pública y los desempleados e incapaces de mantenerse solos eran «recogidos» como cualquier animal vagabundo en una institución llamada workhouse o «casa de trabajo», que separaba cuatro bloques de indigentes: ancianos y discapacitados; niños; hombres sin discapacidad y mujeres sin discapacidad. “Un hombre que nace en un mundo ya ocupado, si sus padres no pueden alimentarlo y si la sociedad no necesita su trabajo, no tiene ningún derecho a reclamar ni la más pequeña porción de alimento. En el gran banquete de la Naturaleza no se le ha reservado ningún cubierto. La naturaleza le ordena irse y no tarda mucho en cumplir su amenaza”, dejó dicho Malthus. ¿Acaso no es lo que está ocurriendo en la actualidad, me pregunto y pregunto?

Dentro del mismo contexto en el que nos encontramos, el escritor e intelectual británico Cherteston nos lo comentaba en su ensayo de la siguiente manera: “Hace un tiempo algunos médicos y otras personas (…) emitieron una orden que decía que había que cortar el pelo muy corto a las niñas pequeñas (…) niñas pequeñas cuyos padres fueran pobres”.

Evidentemente las condiciones de insalubridad en aquellos tiempos inmediatamente posteriores a la Revolución Industrial eran la norma, donde la suciedad no era solo un signo de pobreza, sino que muchas de estas costumbres antihigiénicas eran también habituales entre las niñas ricas, pero, ¿cuáles fueron, entonces, los verdaderos motivos que llevó a las autoridades a justificar aquellas normas y leyes tan injustas? ¿por qué había que cortar el pelo de los niños pobres y no el de los ricos en la lucha contra las plagas de piojos?

Lógicamente, desde la burguesía imperante se defendían aquellas leyes aludiendo a que “los pobres vivían en los submundos de miseria tan apestosos y sofocantes, que no se les debe permitir tener pelo, pues en su caso eso significa tener piojos”. Un pobre y cínico atropello que, sin embargo, hoy se sigue defendiendo de un modo muy similar cuando “a los pobres que se encuentran hacinados en viviendas de 30 metros cuadrados no se le debe de permitir salir del barrio más que para ir a trabajar, ya que ello puede significar que sean portadores del coronavirus”.

Es decir, “los médicos sugirieron suprimir el pelo, pero no se les ocurrió suprimir los piojos”, y hoy, los políticos de turno sugieren suprimir la libre circulación, sin habérseles ocurrido empeñarse en luchar de manera eficiente contra el coronavirus. Más claro: como resulta muy laborioso aplicar la guillotina para cortar las cabezas del tirano, entonces cortemos el pelo a los esclavos.

Refiriéndome muy concretamente al caso español, recién instalado el franquismo en el poder e iniciada toda una masacre represora y asesina contra cualquier tipo de disidencia, se optó por utilizar la epidemia de tifus exantemático, que además convivía con el rebrote de la viruela y la difteria por las condiciones de hacinamiento, pobreza y desnutrición en las que su sangrienta cruzada había sumido al país, orquestando, para ello, toda una campaña de propaganda gobbeliana, para tratar de culpabilizar al gobierno de la República contra la que se había sublevado a la vez que iba extendiendo sus dispositivos de control y exclusión social.

La estrecha relación de la enfermedad con el segmento poblacional más desfavorecido fue una de las razones que situaron esta enfermedad como argumento sanitario principal para la reafirmación ideológica de la dictadura franquista.

Precisamente, de aquella época, en la que el franquismo exhibía su sintonía con sus aliados nazis y fascistas de Alemania e Italia, proceden aquellos mentirosos eslóganes como aquel «año de rojos, hambre y piojos» que algunos sectores de la ultraderecha nostálgica siguen agitando ahora en pleno desconcierto pandémico.

Sin embargo, la verdad discurría por otros derroteros: el piojo verde, causa de los contagios al inocular en las personas la bacteria rickettsia prowazecki, tuvo como uno de los principales vectores de propagación el regreso a casa de los soldados del bando sublevado que se iban licenciando, mientras que el hambre y el hacinamiento que facilitaron la difusión de la enfermedad tenían su origen en la devastación de una guerra iniciada por el golpe de Estado con las armas del ejército franquista, pagadas por la oligarquía financiera española y bendecidas por los sacramentos de la iglesia católica, apostólica y romana, amén del apoyo decisivo que prestaron los fascistas de Mussolini y los nazis de Hitler.

En efecto, a partir de la segunda mitad de 1937, la situación sanitaria de la población española ya había empezado a degradarse progresivamente, pero sería en la posguerra inmediata cuando irrumpió la epidemia del tifus exantemático, con los primeros diagnósticos en abril de 1939 en la capital madrileña, para seguir rebrotando con fuerza en la primavera de 1941, cuando España llevaba ya dos años bajo la bota del franquismo, expandiéndose por el resto de las provincias españolas de Málaga, Sevilla, Granada, Cádiz, Murcia, Córdoba y Valencia, y así hasta llegar al año 1943 cuando se daba por controlada la epidemia de aquel tifus exantemático, lo que hizo que las autoridades sanitarias centraran su atención en las infecciones ordinarias del país: fiebre tifoidea, difteria y disentería en una situación de dificultades y tragedia, no en vano el tifus exantemático estaba considerado entonces como «una enfermedad de elevada letalidad» que se caracterizaba por producir fiebre muy elevada y disminuir el estado de consciencia antes de causar un fallo hepático que conducía a la muerte en unos días, la cual, transmitida por piojos, estaba considerada como el paradigma de la enfermedad asociada a las malas condiciones higiénicas propias de las trincheras y de los campos de concentración, pero también a las viviendas malsanas de los pobres y a la miseria en general.

Hospital de infectados por el tifus exantemático organizado por la Diputación de Valencia en una granja que en muy poco tiempo se vería rodeada de tiendas de campaña en las que iban ingresando cada vez más infectados.

La respuesta oficial a la epidemia, sin dejar por un momento de seguir echando la culpa de todo a los “vencidos”, incluyó medidas sanitarias, como «la habilitación de nuevos e improvisados espacios sanitarios» en cualquier sitio y lugar, en un paralelismo con lo ocurrido con el coronavirus, y, también, el confinamiento de los afectados y la desinfección del espacio público, incluidos los medios de transporte.

Pero no fueron las únicas decisiones que tomó el régimen franquista, porque las medidas extrasanitarias incluyeron la culpabilización y el estigma de los afectados, las multas, las sanciones y los despidos, así como las deportaciones en masa, destacando el aparato propagandístico gobbeliano en seguir relacionando las enfermedades de la posguerra con los vencidos en la guerra producida por aquel golpe de estado fascista contra el gobierno legítimo de la II República, soslayando de ese modo cualquier responsabilidad propia en su aparición. El despioje de grupos de gitanos resulta, en este aspecto, paradigmático de cómo la dictadura manifestó durante la epidemia su xenofobia.

Pues bien, un siglo después de aquello, aquí tenemos, en España, a un tal Fernando Simón, como máximo responsable en la gestión de la pandemia aplicando la Ley General de Salud Pública de 1986 de modo extensivo, la cual dota de mayor margen de maniobra a las comunidades autónomas, entre las cuales, muchas de ellas, se afanaron en aplicar rápidamente la estrategia de los “confinamientos selectivos”, favoreciendo a los barrios más ricos y con menor densidad poblacional a la vez que quedaban “señaladas” las periferias urbanas.

De hecho, el reciente estudio “Impact of COVID-19 outbreak by Income” elaborado por la Universidad de Oxford nos señala los factores principales por los cuales la Covid-19 ha azotado con una mayor violencia a la clase trabajadora como consecuencia de unas rentas salariales bajas, precariedad laboral, hacinamiento en bloques de pisos con pocos metros cuadrados, necesidad de traslado en un transporte público masificado, exigencia de presencialidad física en el puesto de trabajo y la existencia de enfermedades crónicas previas constatan que nos encontramos frente a una pandemia de clase y que, precisamente por esto mismo, las medidas más drásticas son también medidas de clase, de lo que nuestra clase política, parece ser, aún no se ha enterado o prefieren no enterarse de que la lección de los piojos en los suburbios es que lo que está mal son los suburbios, no el pelo.

Lo que está mal, efectivamente, son los suburbios, no el contagio, pero de ese contagio que nos describe el filósofo italiano Giorgio Agamben a propósito de la pandemia en su magistral artículo titulado “Contagio”, del que extraemos una parte del mismo: “Es difícil no pensar que la situación que crean es exactamente la que los que nos gobiernan han tratado de realizar repetidamente: que las universidades y las escuelas se cierren de una vez por todas y que las lecciones se den en línea, que dejemos de reunirnos y hablar por razones políticas o culturales y solo intercambiemos mensajes digitales, que en la medida de lo posible las máquinas sustituyan todo contacto – todo contagio – entre los seres humanos”.

Es evidente que esta crisis sanitaria nos ha ido sumergiendo en un mundo de incertidumbres y dudas donde es difícil tomar partido, y más cuando dejan en las manos de los ciudadanos decisiones como si ponerse la segunda dosis de AstraZeneca o la de otra farmacéutica, de tal manera que, aunque el debate está servido y aunque la gran mayoría parece que está confiando en continuar con la misma vacuna, hay casos que hacen dudar.

Durante el mes de setiembre de 2021, estuvo circulando un whatsapp por las redes, mitad en serio y mitad en broma, que dejaba entrever que estaban usando a la ciudadanía como simples “cobayas” de laboratorio cuando hacían un recorrido por la vacuna AstraZeneca, recomendada para los mayores de 55 años en enero de 2021, cambiándola en febrero para los menores de 55 años, ofreciéndola en el mes de marzo para las personas entre 50 y 65 años, eliminándola del mercado en el mes de abril, para ofrecerla nuevamente el día 2 del mismo mes para mujeres de 55 años sin hijos, y concluir al día siguiente con su administración para los mayores de 60 años, previendo que, para el mes de julio solo se la inyectarán a la Rocío Carrasco y la Carlota Corredera de “Sálvame” hasta llegar al mes de agosto cuando la misma, parece ser, la regalarán con la revista HOLA, no en vano también es la vacuna más barata de las existentes hasta la fecha.

De hecho, el pasado 27 de mayo de 2021 fallecía en el Reino Unido, Lisa Shaw, una reconocida periodista de la BBC. Tenía 44 años y ninguna patología previa, pero falleció a causa de unos coágulos que le surgieron tras recibir la vacuna de AstraZeneca, siendo la primera vez en el Reino Unido que la vacuna contra el coronavirus es la causa subyacente, de forma oficial, de una muerte.

La detección de una serie de extraños y raros casos de trombosis en persona jóvenes vacunadas con AstraZeneca obligó al departamento dirigido por Carolina Darias a cambiar su protocolo de administración: la vacuna únicamente se inyectaría en personas con edades comprendidas entre los 60 y los 70 años. Una decisión incomprensible si tenemos en cuenta que pocos meses antes el Ministerio de Sanidad precisamente justificaba que, debido a la falta de representatividad de personas mayores de 60 años en los ensayos clínicos desarrollados por la farmacéutica anglosueca, no se les inocularía. Una incongruencia que dejó a miles de trabajadores esenciales en un limbo inmunitario sin saber de qué forma completaría la pauta (ConSalud.es, el 8 de setiembre de 2021)

El informe de la forense del caso, Karen Dilks, es muy claro al respecto: «Lisa murió por complicaciones tras recibir la vacuna». Por su parte, el patólogo Tuomo Polvikoski, incluso ha explicado en la vista judicial que el estado de salud de la periodista era bueno antes de la inyección. «La evidencia clínica apoya firmemente la idea de que el coágulo cerebral fue de hecho inducido por la vacuna”, argumentó Polvikoski ante las autoridades judiciales.

La vacuna de AstraZeneca mata a la presentadora de 44 años de la BBC Lisa Shaw sólo 10 días después de vacunarse (The Guardian, 27 de mayo de 2021)

Lisa Shaw murió tres semanas después de recibir la vacuna. La presentadora de la BBC tenía dolores de cabeza muy fuertes en las horas siguientes tras ser inoculada con AstraZeneca. Fue ingresada en la Royal Victoria Infirmary de Newcastle y falleció, finamente, a causa de un infarto cerebral.

Casos similares se vienen dando a lo largo y ancho del mundo occidental, dándose el caso de que el gobierno de Austria anunciaba con fecha 7 de marzo de 2021 la retirada de un lote de vacunas de AstraZeneca contra el coronavirus covid-19 como medida de precaución después de la muerte de una persona y la enfermedad grave de otra tras ser inmunizadas con ese remedio. La fallecida que moriría diez días después de recibir la vacuna debido a “graves trastornos de coagulación” era enfermera en el Hospital de Zwettl en la Baja Austria.  Hasta la fecha, las autoridades austriacas nada han informado sobre el número de dosis que componían ese lote de la muerte (ABV 5300) retirado, ni a cuánta gente se le llegó a administrar.

Sin embargo, refiriéndome al hecho más grave que se ha producido en nuestro país, como fue el fallecimiento de 300 personas, cifra sorprendentemente pequeña si se compara con la de otros países como se verá, la AEMPS no se refiere, ni en éste ni en anteriores Informes de Farmacovigilancia, ni a la causa de la muerte de las mismas, ni a su edad, ni al tiempo transcurrido desde la vacunación, ni se indica si había padecido o no la enfermedad, si concurrían otras circunstancias como embarazo o lactancia o si se ha realizado autopsia. Sólo, de manera muy escueta, se dice que “estos acontecimientos no pueden considerarse relacionados con las vacunas por el mero hecho de notificarse” o las sonrojantes consideraciones de que “la vacuna no reduce las muertes por causas diferentes de la Covid” o que “durante la campaña de vacunación se siguen produciendo fallecimientos por otras causas”.

Y eso es todo, de tal manera que el 8º Informe de la AEMPS, diez meses después de que se iniciara la vacunación, no avanza un milímetro en el análisis de esas 300 muertes, muchas de ellas, probablemente, acaecidas en personas previamente sanas, siendo esta una responsabilidad directa del Ministerio de Sanidad ante quienes han fallecido y sus familias y ante los millones de personas que están siendo vacunadas de manera indiscriminada.

Por otra parte, por si no fuera esto suficiente, el sistema europeo de farmacovigilancia, EUDRA2, es absolutamente opaco con respecto a la información sobre muertes producidas tras la vacunación, no debiendo de extrañarse nadie que la actual directora de la Agencia Europea del Medicamento, Emer Cooke, elegida para el cargo en plena pandemia, había ejercido como gerente  de Asuntos Científicos y de Regulación, en Bruselas, para la Asociación de la Industria Farmacéutica Europea (EFPIA), el lobby del sector farmacéutico ante la Unión Europea.

No obstante, otras fuentes fidedignas, como el Sistema de Notificación de Efectos Adversos, VAERS, de los EE.UU.  nos permiten extraer importantes conclusiones, tales como que, en EE.UU. las vacunas contra la Covid-19 han producido en los siete primeros meses de 2021 un 40% más de muertes que todas las otras vacunas existentes a lo largo de 31 años. En el Reino Unido, el número de muertes debidas a la vacuna contra la Covid, en los primeros seis meses de vacunación ha sido 407% superior a las muertes totales por todas las demás vacunas en los últimos 11 años, esto significa la muerte de 30.305 personas en Inglaterra durante los 21 días posteriores a haber recibido la vacuna en los seis primeros meses de 2021, mientras en Escocia fallecían 5.522 personas en los 28 días posteriores a la vacunación.

Si nos fijamos en los datos de Inglaterra, ¿alguien en su sano juicio puede creer que pueda tener 30.305 fallecimientos por vacunas Covid, y España, con sólo 8 millones de habitantes menos, tenga sólo 300? ¿Cómo es posible que dos territorios con indicadores generales de salud, servicios, incidencia y vacunación similares puedan distar tanto en número de fallecimientos?

Por si no pareciese suficiente, los argumentos de la industria farmacéutica a favor de una tercera dosis masiva para contrarrestar la disminución de la eficacia de las vacunas fueron desechados recientemente por el Comité Asesor de Vacunas de la FDA.

Desde luego que no resulta nada fácil ir desentrañado las claves que puedan explicar lo que sucede a nuestro alrededor, pero es necesario hacerlo para ir identificando los instrumentos ideológicos que aseguran la reproducción de las estructuras de poder, siendo el fundamental la construcción y la difusión de un relato que aleje el foco de las causas reales, persiguiendo a quienes lo cuestionan, la instauración del miedo que lo perpetúa y, con frecuencia, la venta de artículos-fetiche que, al tiempo que refuerzan el discurso del poder, aportan suculentos beneficios. El procedimiento es muy antiguo, pero las formas se adaptan a los nuevos tiempos. Si antes eran las religiones las encargadas de imponer la ideología de la dominación, hoy el capitalismo utiliza el control mediático y el fetichismo tecnológico.

Ahora, la llamada Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha acordado administrar una tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer o Moderna a los mayores de 70 años a partir del 25 de octubre, debido principalmente al perfil de «fragilidad, pluripatología y entornos cerrados» que tienen los ancianos de las residencias de mayores, así como aquellas personas con patologías previas concretas y, sobre todo, los que están en una situación de inmunosupresión patológica o secundaria a un tratamiento médico, como es el caso de las personas que han recibido un trasplante. Tras ese grupo, se tomó la decisión de también inmunizar a los ancianos que estuvieran en residencias.

¿De verdad que apetece ir a ponerse la tercera dosis de la vacuna anunciada para los mayores y personas en situaciones delicadas de salud?

Solo a manera de información, de tal manera que no se nos vaya de la memoria los hechos ocurridos en otros momentos de la historia, muy recientemente el Estado de Arizona en EE.UU. está estudiando la posibilidad de utilizar el “Zyklon B”, cuyo principal componente es el cianuro de hidrógeno, para ejecutar a sus presos, un químico Bayer que, como debe de ser conocido, fue usado por los nazis para asesinar a millones de personas en los campos de concentración.

Según The Guardian, el Departamento de Correcciones de Arizona, en Estados Unidos, gastó más de 2.000 dólares en ingredientes para fabricar el gas mortal (3 de junio de 2021)

De hecho, las autoridades del Estado de Arizona han reacondicionado la cámara de gas de una prisión y han comprado los ingredientes necesarios para crear el mismo compuesto químico mortal utilizado por los nazis durante el Holocausto para asesinar a millones de prisioneros – algunos de ellos españoles, por el único delito de defender el legítimo gobierno de la II República de España – en los campos de exterminio compuestos por judíos, polacos, gitanos, prisioneros de guerra y homosexuales.

La noticia provoca la más absoluta indignación, especialmente entre aquellos supervivientes de los campos de exterminio nazi, como el Auschwitz, tildándolo de un acto vergonzoso e indigno en cualquier país democrático, pero, además, insulta a las víctimas de aquel genocidio masivo. Desde mi punto de vista, si se vuelve a considerar el uso del “Ziklon B” como vacuna para el asesinato de seres humanos, ello no significará otra cosa que el desmoronamiento de toda una sociedad tan globalizada.

 

 

 

Acerca de ANTON SAAVEDRA RODRIGUEZ

Hola a todos, soy Antón Saavedra y vivo en la cuenca minera asturiana del Nalón. Nacido en Moreda de Aller, (Asturias) el 30 de mayo de 1948, desde la edad de cinco años vivo en la barriada minera de La Juécara (LANGREO). Allí, en la Academia Mercantil de La Felguera (Frailín) cursé mis estudios de bachillerato por libre, y a la edad de 20 años, después de haber sido despedido de Constructora Gijonesa, Duro Felguera y Montajes de Ciaño por motivos sindicales, empezé a trabajar en la minas de Hunosa (Pozo Fondón) con la categoría de ayudante barrenista hasta el año 1974 que pasé a desempeñar el cargo de Graduado Social en el Grupo Siero (Pumarabule y Mosquitera). Posteriormente me licencié en Relaciones Industriales por la Universidad de Alcalá de Henares, y actualmente curso estudios para la licenciatura de Ciencias Políticas. Afiliado a la UGT y al PSOE en los inicios de los años 70, fui secretario general de la Federación Estatal de Mineros de UGT (1976-1989), vicepresidente de la Internacional de Mineros (1978-1990), y miembro del Comité Ejecutivo Confederal de UGT (1976-1988).Desde 1986 hasta 1994 ocupé un lugar en la Mesa del Comité Consultivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en representación de España. Durante este periodo participé como ponente en varios congresos y conferencias sindicales a nivel internacional, actuando en nombre de los trabajadores españoles ante la OIT, siendo autor del libro-informe publicado bajo el título “EL CARBON:UNA ALTERNATIVA A LA CRISIS ENERGETICA”, que fue asumido por unanimidad de los miembros de la CECA como ponencia base en el debate sobre la politica energética comunitaria en 1991. Entre los años 1991 y 1998 fui diputado del Partido de Acción Socialista (PSOE histórico) en el Parlamento Asturiano por las lista de IU, así como miembro de sus respectivos comités ejecutivos federales. Soy autor de “SECUESTRO DEL SOCIALISMO” y “EL HEREDERO DE SURESNES” de muy recientísima aparición.
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