DIARIO DE UN CONFINAMIENTO: 8 de junio

8 de junio

Si algo estoy aprendiendo de las pandemias y sus consecuencias que me han ocupado bastante tiempo de lectura y análisis de las cinco pandemias anteriores del siglo XXI  (SARS en 2003, H1N1 en 2009, MERS en 2012, Ébola en 2014 y Zika en 2016) durante mi confinamiento impuesto por el estado de alarma decretado por el gobierno español – en el día de hoy por fin, después de 86 días puedo afirmar que ya no estoy arrestado domiciliariamente al entrar en fase 3 del confinamiento y, por tanto tener  libertad de horarios para salir y entrar en mi casa cuando quiera -, es que estas pandemias han exacerbado las desigualdades y que el proceso continuó en los años posteriores, incluso después de que la enfermedad estuviese bajo control.

Siendo cierto que las pandemias analizadas alcanzaron una extensión continental, no es menos cierto que ninguna afectó al mundo entero, y tampoco condujeron a un cierre generalizado como ocurrió con la covid-19 que nos toca vivir. Por esta razón, son previsibles efectos más graves en el contexto del covid-19, que las impuestas por aquellas pandemias, pudiendo concluir que las políticas hasta ahora adoptadas, tendrán efectos regresivos, es decir, efectos que acentuarán la desigualdad.

Algunos reconocidos economistas de prestigio mundial como Sérgio Correia, de la Junta de la Reserva Federal de EEUU, y sus coautores, Luck y Verner, han añadido en sus exhaustivos y detallados análisis motivos de preocupación en los costes sociales.

Concretamente, refiriéndose a la gripe de 1918 conocida como “La Española” – aunque nada tuvo que ver su origen en España -, después de constatar el alto índice de mortandad en torno a los 675.000 muertos en EE.UU. (200.000 en España), mucho más alto que la pandemia actual de la covid-19, especialmente para la población en edad laboral, han analizado  la evidencia disponible sobre la estrategia de recuperación económica que se siguió en 30 estados de EEUU, llegando a la conclusión  de que cuanto más intensa es la respuesta no farmacéutica (las medidas de contención y protección social), más rápida es la recuperación económica y que, por lo tanto, el esfuerzo por defender la salud pública fue virtuoso para la economía.

El tema no es menor, sobre todo porque algunos gobernantes utilizan el argumento de la alternativa salud-economía para reducir las medidas sanitarias, como en el caso de Trump y Bolsonaro. Si Correia y sus colegas tienen razón, esta alternativa es falsa y es protegiendo la salud como se salva la economía. El tema es esencial para las decisiones inmediatas. En cualquier caso, desde mi punto de vista, el tema de la desigualdad debería servir como guía para elegir las políticas concretas en caso de la emergencia que vivimos en nuestro país.

A raíz de esta preocupación, un interesante estudio realizado por la Escuela Nacional de Salud Pública de Portugal se pregunta lo que podría pasar si la desigualdad que se viera  agravada por la pandemia, fuera también uno de los mecanismos sociales que facilitara la propagación de la enfermedad, llegando a la conclusión que al comparar la propagación del covid-19 y los indicadores de desempleo y desigualdad por país, existe  una fuerte correlación en varios casos, pero también diferencias significativas.

Como resultado, entre los países que tuvieron la mayor incidencia de la enfermedad por cada 100.000 habitantes se encuentran España e Italia, que también son los que tienen la mayor desigualdad y el mayor desempleo. Portugal destaca por su nivel de contagio promedio y su alto nivel de desigualdad, pero hay que dejar claro que se trata de una correlación y no de una demostración de causalidad.

Con los datos a la vista de los estudios realizados, estos sugieren  la hipótesis de que las condiciones sociales están relacionadas con el grado de contagio, particularmente en algunos países, pudiendo afirmar, siempre que los datos utilizados para la realización del estudio sean reales, una prolongación de los efectos sociales desigualitarios y desigualizantes. El problema social ya es el principal problema económico de 2020 y seguirá siéndolo en los próximos años, porque no va a desaparecer sino todo lo contrario.

Lógicamente, este impacto social era predecible, dado que los canales de transmisión económica de la pandemia son el desempleo y otras formas de pérdida de ingresos y, considerando los primeros datos para las economías desarrolladas y emergentes, son los sectores populares más frágiles los que sufren los peores embates.

Según un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), uno de cada seis jóvenes perdió su trabajo en el mundo como resultado de las perturbaciones económicas con la pandemia de la covid-19.

En España, la pandemia elevó la tasa de paro en el primer semestre desde el 13,8% al 14,4% a causa del impacto económico de la pandemia, según la encuesta de población activa (EPA), aunque las cifras no tienen en cuenta los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de ocupación (ERTE) ya que a efectos estadísticos no se les considera parados, aunque no hayan trabajado. Por eso el INE ha aclarado que la EPA de este trimestre es atípica y su impacto no refleja con plenitud el impacto de la pandemia. El número de ocupados se redujo en el trimestre en 285.600 personas, pero la EPA detecta que hay otras 562.900 personas que manifestó no haber trabajado. Esta cifra que no tiene precedentes en un primer trimestre del año – según una nota de prensa del INE – refleja el altísimo volumen de trabajadores en situación de ERTE. En cuanto al número de parados, el volumen en 121.000 personas, hasta los 3,3 millones.

Las estadísticas del INE (Instituto Nacional de Estadística) van en la línea de las previsiones de impacto laboral de la Covid-19 que han realizado los servicios del Banco de España que estiman en el peor de los escenarios que el paro alcanzará el 21,7%.

Es decir, la pobreza y el desempleo, o la desigualdad que generan, aumentan la propagación de la enfermedad, ya que debilitan las condiciones sociales de la vida de sus víctimas. Era de esperar que fuese así, tanto por las condiciones de vivienda, como de desplazamiento y laborales de la población más pobres, entre otros problemas, pero también sabemos que, si las respuestas a la crisis consisten en empeorar la desigualdad con recortes salariales y ajustes sociales a través de una ola de despidos, entonces el resultado será peor que el de la crisis anterior.

En este contexto no podemos ni debemos de perder de vista el estallido de la crisis financiera del año 2008, que ha venido siendo utilizada por la mayoría de los gobiernos de los países occidentales para acelerar el proceso de desmantelamiento del Estado del bienestar, a través de la puesta en práctica de una serie de medidas de ajuste estructural que, bajo el lema de la austeridad pública, han consistido en atacar y destruir derechos sociales y servicios públicos que tradicionalmente habían servido para corregir la situación.

En nuestro país, hemos visto cómo en los presupuestos generales del Estado de los últimos años se han ido llevando a cabo reducciones sucesivas de las partidas destinas a sanidad, educación, ayudas sociales, salarios de los funcionarios públicos, pensiones o cooperación internacional con las consiguientes consecuencias negativas que ello conlleva para la población, que está sufriendo una merma sin precedentes en su calidad de vida.

Mientras tanto, los mismos presupuestos reflejan cómo una parte importante de los recursos nacionales se emplean en hacer frente al pago de la deuda pública, que ha crecido de manera exponencial en los últimos ejercicios. La puesta en práctica de estas medidas de austeridad pública viene acompañada de una agresiva campaña de marketing ideológico que se ha integrado en el discurso hegemónico oficial para hacer llegar a la población la idea de que en los años precedentes al estallido de la crisis ha vivido por encima de sus posibilidades, que ha intentado emular el estilo de vida de una clase a la que no pertenece, que servicios como la sanidad pública son un lujo que genera unos sobrecostes para el sistema que los hace insostenibles.

De esta manera, los gobiernos del bipartidismo PPSOE y sus teóricos han ido perfeccionando el legado ideológico de Hayek en su crítica al Estado social y su defensa de un estado poco intervencionista, de una economía regida por las leyes del mercado y de una sociedad basada en el individualismo, para ofrecernos un discurso moral que demoniza el gasto público, señalándolo como principal responsable de la situación de crisis actual a la vez que celebra las medidas de austeridad y ahorro público.

En este contexto es cuando resurge con fuerza la idea de la estabilidad presupuestaria como única situación deseable para las cuentas de un estado, como única fórmula posible para recuperar la buena marcha de la economía. Y decimos resurge porque el convencimiento de que es necesario aplicar estrictas reglas de control del nivel de endeudamiento de los estados como condición indispensable para el crecimiento económico no es algo novedoso, sino que ha constituido uno de los ejes centrales del pensamiento económico neoliberal.

Así, la estabilidad presupuestaria era recogida como principio rector de la política económica en el artículo 104 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, más tarde fue incluida en el Tratado de Maastricht entre otros criterios de convergencia nominal y, en 1997, se aprobaba el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), que vino a reforzar estos criterios a la vez que prescribía un procedimiento sancionador para los estados que no mantengan sus cuentas públicas dentro de los valores establecidos. No obstante, a pesar de la prolija legislación en materia de estabilidad presupuestaria y del esfuerzo de los legisladores nacionales por establecer límites al endeudamiento público, la realidad está poniendo de manifiesto que la obligación de respetar objetivos de déficit público cercanos al cero resultan difíciles de cumplir, por no decir imposible, sobre todo en tiempos de crisis económica, hasta tal punto que dichos límites han sido sistemáticamente incumplidos por todos los gobiernos nacionales, sobre todo desde el estallido de la crisis en 2008, revelando que estas reglas de estabilidad presupuestaria son demasiado rígidas y no dejan margen de maniobra a los estados para reaccionar ante las cambiantes condiciones económicas.

A consecuencia de ello, la necesidad de reformar el PEC para relajar los límites al déficit y a la deuda pública en él contenidos, ha sido una tarea que durante años ha estado pendiente en la agenda comunitaria, sin embargo, todas las propuestas presentadas habían resultado infructuosas hasta que, en 2011, el Gobierno alemán – que ya en 2009 había reformado su Constitución para establecer un límite del 0,35% del PIB al déficit federal y prohibir el déficit de los Länder – proponía, con el apoyo del Gobierno francés, un Proyecto de Pacto de Competitividad que, lejos de plantear la flexibilización de las normas contenidas en el PEC, señalaba la necesidad de incluir el principio de estabilidad presupuestaria en las constituciones nacionales con el objetivo de evitar futuros incumplimientos de los límites prescritos. Los acuerdos de este Pacto se formalizaron en el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, firmado el 2 de marzo de 2012. Sin embargo, España se había adelantado a las exigencias formales comunitarias y desde el mes de septiembre de 2011, cinco antes de que fuera legalmente prescrito, la Constitución ya incluía estrictas reglas relativas a la estabilidad presupuestaria.

Nos referimos a la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución española – firmado con alevosía y nocturnidad por el bipartidismos PPSOE durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, siendo uno de los portavoces del PSOE en las reuniones el actual presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez -, cuyo análisis es fundamental a la hora de estudiar proceso de desmantelamiento del Estado del bienestar, ya que su contenido dota de cobertura constitucional a todos los actos jurídicos y políticos promulgados en aras de la contención del gasto público social.

En este sentido, la constitucionalización de la estabilidad presupuestaria – cuando ésta es entendida como meta a alcanzar únicamente a través de políticas de selectiva austeridad pública – constituye un golpe estratégico al Estado del bienestar dentro de la dinámica de recortes en derechos sociales y rebaja de libertades públicas que viene caracterizando a los cambios legislativos introducidos en nuestro país en los últimos tiempos. ¿Vale seguir engañando al personal? ¡¡¡NO!!!

Buenas noches y hasta mañana. Salud y República.

Acerca de ANTON SAAVEDRA RODRIGUEZ

Hola a todos, soy Antón Saavedra y vivo en la cuenca minera asturiana del Nalón. Nacido en Moreda de Aller, (Asturias) el 30 de mayo de 1948, desde la edad de cinco años vivo en la barriada minera de La Juécara (LANGREO). Allí, en la Academia Mercantil de La Felguera (Frailín) cursé mis estudios de bachillerato por libre, y a la edad de 20 años, después de haber sido despedido de Constructora Gijonesa, Duro Felguera y Montajes de Ciaño por motivos sindicales, empezé a trabajar en la minas de Hunosa (Pozo Fondón) con la categoría de ayudante barrenista hasta el año 1974 que pasé a desempeñar el cargo de Graduado Social en el Grupo Siero (Pumarabule y Mosquitera). Posteriormente me licencié en Relaciones Industriales por la Universidad de Alcalá de Henares, y actualmente curso estudios para la licenciatura de Ciencias Políticas. Afiliado a la UGT y al PSOE en los inicios de los años 70, fui secretario general de la Federación Estatal de Mineros de UGT (1976-1989), vicepresidente de la Internacional de Mineros (1978-1990), y miembro del Comité Ejecutivo Confederal de UGT (1976-1988).Desde 1986 hasta 1994 ocupé un lugar en la Mesa del Comité Consultivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en representación de España. Durante este periodo participé como ponente en varios congresos y conferencias sindicales a nivel internacional, actuando en nombre de los trabajadores españoles ante la OIT, siendo autor del libro-informe publicado bajo el título “EL CARBON:UNA ALTERNATIVA A LA CRISIS ENERGETICA”, que fue asumido por unanimidad de los miembros de la CECA como ponencia base en el debate sobre la politica energética comunitaria en 1991. Entre los años 1991 y 1998 fui diputado del Partido de Acción Socialista (PSOE histórico) en el Parlamento Asturiano por las lista de IU, así como miembro de sus respectivos comités ejecutivos federales. Soy autor de “SECUESTRO DEL SOCIALISMO” y “EL HEREDERO DE SURESNES” de muy recientísima aparición.
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