AHORA VIENEN A POR NOSOTROS, JUBILADOS Y PENSIONISTAS IV

 

CHARLA-DEBATE SOBRE LAS PENSIONES EN EL CENTRO CULTURAL “TOMAS Y VALIENTE” DE CORVERA A CARGO DE ANTÓN SAAVEDRA.

1 de marzo de 2018.

Buenas tardes, y muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias, compañera, por tus palabras de presentación, pero yo sólo soy un compañero más que pretende aportar un poco de luz en el oscuro túnel de las pensiones que, junto con el Paro y la Corrupción, suponen los mayores y más graves problemas que tenemos planteados en nuestro país.

Y sin más preámbulos, con el fin de dar paso a un debate enriquecedor sobre los peligros que acechan a nuestras pensiones, muy especialmente en las venideras, me vais a permitir que haga unas reflexiones a modo de sinopsis, centradas en los conceptos que titulan mi ponencia.

LA PRIMERA, para decir que nuestro sistema de pensiones está en permanente deconstrucción, al igual que viene ocurriendo con la mayor parte de los sistemas europeos.

Las sucesivas reformas perpetradas por los gobiernos del bipartidismo PPSOE durante los últimos 30 años nos están abocando a un futuro de pensiones precarias y pensionistas empobrecidos donde, según estimaciones de la propia Comisión Europea, en 2030 un ciudadano con un salario de 1000 euros recibirá una pensión de 606 euros, y en 2060 será tan sólo de 465 euros. Por lo tanto, el problema no es si las pensiones se podrán pagar el mes que viene: el problema es que las pensiones públicas del futuro, caso de seguir existiendo, no van a permitir una vida digna después de muchos años de trabajo.

Centro Cultural Tomás y Valiente de CORVERA, el 1 de marzo de 2018

LA SEGUNDA, para constatar que la estructura legal de nuestro sistema de pensiones no es más que el resultado de reformas que siempre han tenido como argumento evitar la quiebra de la Seguridad Social, elevando primero, en 1985, de 10 a 15 años el periodo mínimo de cotización para acceder a pensión; después, en 2011, la edad de jubilación elevada de 65 a 67 años; y muy recientemente la introducción por parte del gobierno Rajoy del “factor de sostenibilidad”, eliminando la revalorización automática de las pensiones a partir de 2013, aunque mucho antes ya lo había comenzado a realizar el gobierno de Zapatero con el incremento cero para las pensiones.

Como debe de ser conocido, el tan cacareado “factor de sostenibilidad”, uno de los ejes fundamentales de la reforma de las pensiones en nuestro país, se aplicará a partir del año 2019 y no viene sino a añadir dos nuevas variables al cálculo de la pensión a las ya existentes actualmente, como son la edad de jubilación, los años cotizados y la cuantía cotizada, entre otras.

La primera variable, conocida como “factor de equidad intergeneracional”, tendrá en cuenta al calcular la pensión la esperanza de vida del futuro jubilado, y la segunda variable consistente en ligar la revalorización de las pensiones a la salud de las arcas públicas, de tal manera que las pensiones solo subirán si aumentan los ingresos del sistema por encima de la tasa de crecimiento del número de pensiones, aunque siempre moviéndose entre unos valores situados entre un mínimo del 0,25 por ciento y un máximo del IPC del 0,50 por ciento.

Si a ello sumamos las nefastas reformas laborales, que han precarizado el empleo, otorgando más poder a los empresarios en perjuicio de los trabajadores, esto nos ha llevado a unos salarios reales menores y, con ello, a una mayor dificultad para cotizar.

LA TERCERA, para afirmar que el objetivo de fondo no es otro que acabar con el sistema público de pensiones, lo cual procuraría un doble beneficio al capital. El más evidente: promocionar el negocio de los sistemas privados de pensiones y lograr que las cotizaciones gestionadas actualmente por la Seguridad Social lo sean por agencias privadas propiedad del oligopolio bancario, dando más dinero fresco a la banca para seguir especulando en los mercados financieros.

No nos engañemos, ni nadie trate de engañarnos: los planes privados de pensiones en absoluto pueden ser una solución para la clase trabajadora: si con un salario medio bruto en España de 12,84 euros a la hora apenas se puede llegar a final de mes, ¿qué dinero podrían destinar los trabajadores a dichos planes? ¿de qué sirven a la mayoría de la población mileurista? ¿y para qué?

 LA CUARTA, para confirmar que  el objetivo de los gobiernos neoliberales del bipartidismo turnista PPSOE no es otro que  alcanzar el mayor debilitamiento de la clase trabajadora, porque sin pensiones garantizadas, los trabajadores seguiremos siendo ciudadanos temerosos ante nuestro futuro, cada vez más incapaces de movilizarse en defensa de nuestros  intereses, y ni siquiera de perder un solo día de cotización para hacer una huelga, quedando obligados a trabajar hasta el fin de sus días, aquellos que tengan el “privilegio” de tener un puesto de trabajo.

Se trata, compañeras y compañeros, de ir al desmantelamiento de lo que un día se llamó el “Estado del Bienestar” que siguió al final de la II Guerra Mundial, con sus políticas de pleno empleo y amplios servicios públicos redistribuidores de renta y riqueza logrados a través de la “lucha de clases”, esa “lucha de clases” que hoy se ha transformado en una “lucha de frases” tan grotescamente practicado por las élites del pandillerismo sindical actual.

LA QUINTA, para manifestar, una vez más, que nunca nadie ha regalado nada a los trabajadores. Si nuestro sistema público de pensiones está ahí es como resultado de la presión que los trabajadores ejercieron un día frente al capital, una presión que se articuló a través de los trabajadores organizados en los sindicatos y los partidos de izquierda de antaño.

Es decir, las pensiones públicas son una conquista obrera, al igual que la jornada de 8 horas o el descanso semanal, y como todas esas conquistas seguirán ahí mientras sus beneficiarios – presentes y futuros – seamos capaces de seguir luchando y presionando para que así sea frente a quienes llevan 30 años deconstruyéndolas.

Por supuesto, tanto el gobierno actual del PP como los que le precedieron del PSOE, pueden seguir esgrimiendo cifras y más cifras en defensa de sus reformas antisociales, pero lo que no es de recibo es la interpretación que se puede hacer de cada una de ellas.

Pudiendo ser cierto que la Seguridad Social cerró 2016 con un déficit equivalente al 1,7%, ¿por eso no se pueden pagar las pensiones? ¿a quién puede escandalizar un déficit tan exiguo como el de la Seguridad Social? ¿Acaso no cerraron las Administraciones Públicas en 2009 con un déficit del 11% del PIB, en 2010 del 9,4%, en 2011 del 9,6%, en 2012 del 9,5%…, y se financió?

¿No se puede financiar un déficit del 1,7% o es que depende de a quién vaya destinado el dinero?

Recordemos que buena parte del déficit de aquellos años se debió al rescate bancario y a las políticas de austeridad. No es que el déficit de la Seguridad Social sea elevado: la clave radica en si los trabajadores tienen o no la misma capacidad de presión que la banca para que el Estado ponga el Presupuesto a su servicio, y a tenor de los sucesivos recortes de pensiones que venimos padeciendo parece más bien que no, sobre todo si observamos la actitud pasota de las élites sindicales, cuando no de la propia connivencia de éstas con la patronal y el gobierno de turno.

Mirad, compañeras y compañeros: manejando exactamente los mismos números que manejan los Montoro, De Guindos y compañía, el dinero de nuestras cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los últimos cuarenta años, éste ha servido, se ha utilizado para muchas cosas, desde la financiación de la sanidad hasta las pensiones no contributivas pasando por la financiación de los propios Presupuestos Generales del Estado.

Sí, compañeras y compañeros, con el dinero de nuestras cotizaciones, de nuestras pensiones, se han financiado hasta los Presupuestos Generales del Estado, y si todo ese dinero se hubiese destinado exclusivamente al fondo de las pensiones, ahora mismo ese fondo de pensiones tendría ¡¡¡MEDIO BILLÓN DE EUROS!!!

Por lo tanto, si el dinero de nuestras pensiones ha estado financiando otras políticas, sería justo que ahora otras políticas, otros impuestos, financiasen a las pensiones. En absoluto habría ningún problema de sostenibilidad si el fondo de pensiones hubiese sido destinado a las pensiones. Sí, claro que hay dinero para las pensiones. Claro que el sistema de pensiones es sostenible.

¿De dónde puede sacar el Estado más dinero para no tener déficit y garantizar las actuales y  futuras pensiones? Buscad en internet la palabra GESTHA, que es una organización de inspectores de Hacienda que se dedica a informarle a nuestro pueblo de lo que está ocurriendo tras la cortina de la economía y los impuestos. Y estos inspectores, que saben perfectamente de qué se está hablando, nos dan los siguientes datos escalofriantes:¡¡¡En España se defraudan todos los años 90.000 millones de euros!!! Es decir, más de lo que ha querido recortar el presidente del Gobierno. Y dicen mucho más: el 72 % de ese fraude lo tienen los grandes empresarios de este país. En España está sobrando en estos momentos dinero.

Pero hay un fraude que pone los pelos de punta y que demuestra realmente a quienes sirven determinados políticos y los gobiernos. Existe una cosa que se llama Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV). Es decir, un señor quiere pagar menos dinero y menos impuestos por su dinero y funda una SICAV, pero le ponen una condición: tiene que haber por lo menos cien personas y entre todas juntar 2,4 millones de euros. Yo pongo 2 millones y las cuatro décimas la reparto entre las 99 personas o “mariachis”. Desde ese momento yo no pago el 35 % de impuestos, sino que pago el 1 %. Claro, es un escándalo, esto es un robo consentido.

El caso es que los inspectores de Hacienda cuando se dieron cuenta de qué estaba haciendo el señor y sus “mariachis”, quisieron meterle mano. Y cuando empezaron los trámites, se aprueba en el Congreso, con el voto del PSOE y PP, ambos juntos, CIU y PNV, una ley por la cual, esto se quita a los inspectores de Hacienda y se le pasa a una entidad nueva que se llama Comisión Nacional de Valores (CNMV), y ésta lo primero que dice es que “aquí ya no se le mete mano a estos señores”.

 ¿De dónde podría además sacar el Estado más dinero? Los estudios de estos señores de Hacienda dicen que si aquí, en España, el nivel de vida fuese el de Suecia y, por tanto, los impuestos de Suecia, tendríamos todos los años 200.000 millones de euros más. Por eso, cuando dicen que en España no hay dinero, decirles que “eso es mentira”.

Hay dinero, el problema es si se quiere ir por él. Si se va a los paraísos fiscales, si se coge la fiscalidad, si se tiene el valor cívico de meterle mano a uno de los problemas más gordos que hay junto con la economía sumergida. El Estado no quiere tener más ingresos. Pero no porque el Estado sea misericordioso con los que tienen el dinero. Es que el Estado es el dominguillo, el criado, el títere del auténtico poder económico; por lo tanto, nuestro problema es con el poder. Lo que pasa es que el gobierno se interpone, porque es el fiel manisero de ese poder.

Todo lo que se nos ha contado sobre nuestras pensiones es mentira. No es verdad que gastemos en pensiones de manera desproporcionada. Ni en el peor de los escenarios llegamos a invertir en pensiones lo que gastan alemanes o franceses, por ejemplo. Concretamente, refiriéndome al país germano, éste acaba de anunciar estos días la mayor subida de pensiones en 23 años, incrementando las prestaciones de los jubilados un 4,25 % en el Oeste y un 5,95 % en las zonas del Este. Incluso Portugal las ha incrementado muy recientemente.

Ni siquiera es cierto que el déficit de la Seguridad Social se deba a un aumento espectacular de los pensionistas. Se debe, sobre todo, a las sucesivas reformas laborales que han mandado a los trabajadores a la precariedad permanente con salarios de subsistencia.

Además, abundando más en el tema, ¿por qué se habla del “déficit” de la Seguridad Social y no de otros organismos del Estado? ¿Cuál es el déficit de la Casa Real o del Tribunal Constitucional? ¿Y del Ministerio de Defensa? ¿Cerramos la Universidad? ¿Dejamos de hacer carreteras?

¿Será posible, me pregunto yo, mantener la red estatal de carreteras en 2040? Nadie parece preocuparse hoy por esa cuestión, de crucial importancia en la actividad de un país. Sin embargo, agoreros de distinto signo, pelaje y condición insisten en anunciar para esa fecha el colapso del sistema público de pensiones.

Según los apocalípticos profetas de la quiebra de la Seguridad Social, en 2040 la población española estará tan envejecida que la relación entre beneficiarios y cotizantes hará insostenible el sistema de pensiones.

Resulta de veras prodigioso que la grey de arúspices del futuro socioeconómico sólo ven encenderse luces de alarma en el tablero de mandos macroeconómico cuando se trata de las pensiones públicas, haciendo caso omiso del resto de los indicadores.

Porque si, tal como sugieren los lúgubres predictores basándose en las proyecciones demográficas, el problema va a ser de escasez de población activa en 2060, al faltar trabajadores no sólo entrarían en crisis las pensiones públicas, sino también las privadas, pues por la misma regla usada para afirmar que escasearán los cotizantes a la Seguridad Social, se deduce que también serán escasos los inversores en fondos privados.

Es más, al estrecharse la franja de población activa contribuyente, será muy difícil acudir con fondos públicos al salvamento de bancos en quiebra, como acaban de hacer los Estados, y más concretamente el Estado español, con 76.410 millones de euros regalados a la banca, según los datos oficiales del Banco de España y del Tribunal de Cuentas.

Y esto no es lo más grave. Si faltan trabajadores, tampoco será posible atender las redes viarias, los aeropuertos, los hospitales o los centros de enseñanza. Apenas habrá maestros, médicos o enfermeros. Disminuirá asimismo el número de jóvenes vigorosos aptos para nutrir los cuerpos militares, policiales y de emergencia que mantienen el Orden Público, la Defensa Nacional y la Protección Civil frente a incendios y otras catástrofes.

Esa escasez de fuerza laboral no sólo afectará al sector público, pues ¿de dónde va a salir la mano de obra que asegure el pleno funcionamiento de fábricas, oficinas y comercio?

Sin embargo, esa debacle general de la producción no parece inquietar a estas Casandras de vía estrecha, lo que nos hace sospechar que, cuando únicamente se muestran preocupados por el futuro de las pensiones, exigiendo su privatización, están mintiendo de una manera descarada como auténticos bellacos.

Por lo tanto, decir que la Seguridad Social se encuentra al borde de la quiebra es una estupidez, porque detrás de la Seguridad Social está el Estado con todos sus recursos financieros. En absoluto se trata de carencia de medios, es un problema de opciones: de a quien se da y a quien se quita, de qué gastos son prioritarios y, sobre todo, cuánto se recauda y de dónde.

Ningún colectivo ha sido tan castigado económicamente como el de los pensionistas. Nadie ha sido tan estafado como los jubilados. Ninguna demagogia tan despreciable como la dirigida a los ancianos, a quienes se asusta con el miedo a quitarles su pensión.

¿Hay alguna razón para que no se puedan pagar las pensiones? ¿Existe el menor riesgo de que dejen de cobrarse? El único peligro posible no nace de los hechos objetivos, sino de una ideología que considera pernicioso cualquier mecanismo redistributivo.

Introducir la incertidumbre, la duda y el miedo entre aquellas personas que, por haber llegado a la última etapa de su vida, se sienten más indefensas y son más vulnerables al argumento de la inseguridad es simplemente canallesco, porque el día que se diga que no hay dinero para el pago de las pensiones, ese día será que ha quebrado el Estado, y si esto llegase a ocurrir, entonces sería cuando el problema de nuestras pensiones, dejaría de ser un problema.

Por lo tanto, VAMOS a seguir luchando en la calle y en las instituciones a través de nuestros representantes políticos, para dar soluciones al problema de nuestras pensiones. Y para lograrlo, es totalmente necesario llenar los parlamentos y ayuntamientos de compañeras y compañeros rojos, verdes y moradas, procedentes, no sólo de la universidad, sino de las fuerzas del trabajo y, como no, del propio colectivo de pensionistas.

Por supuesto, en absoluto me refiero a esa clase de energúmenos y energúmenas que han logrado su pensión máxima por echar la siesta o jugar al “Candy Crush Saga” con su tablet en los escaños del Congreso de los Diputados, caso concreto de la diputada pepera Celia Villalobos que, como Presidenta de la Comisión Parlamentaria de Seguimiento del Pacto de Toledo, nos recomienda “seguir trabajando hasta los 70 y 80 años, porque hay un número importante de pensionistas que están más tiempo pasivo que trabajando”.

En la actualidad, cada vez que toca la paga doble de nuestras pensiones, se nos machaca constantemente con que se han sacado tantos millones de la “hucha” de las pensiones, dejándonos “caer” que esto se va acabando. Pues bien, cuando se acabe que la vuelvan a llenar, así de fácil, pero que nadie trate de seguir engañándonos con el cacareado PACTO DE TOLEDO.

En efecto, éste ha sido para las prestaciones sociales lo que fueron los PACTOS DE LA MONCLOA de 1978 para los derechos laborales: las bases que propiciaron el principio del fin de un conjunto de derechos duramente conquistados a lo largo de la historia por el MOVIMIENTO OBRERO.

Curiosamente, los actores políticos no variaron sustancialmente. Aquellos “Pactos de La Moncloa” de 1978 fueron alborozadamente saludados como “una gran conquista para la democracia y los derechos de los trabajadores por CC.OO. y UGT”, de igual manera que el “Pacto de Toledo” de 1995 provocó el éxtasis de UGT y CC.OO. que declararon a los cuatro vientos, como papagayos que eran y son de los partidos redactores que, gracias al pacto, quedaban garantizadas para el futuro los derechos sociales y el Sistema de Seguridad Social, incluida la jubilación, cuando la cruda realidad es que el “Pacto de Toledo” introduce muy sibilinamente una novedad que, a la postre, ha resultado nefasta para los intereses de la clase trabajadora, al consagrar el llamado principio de “separación y diferenciación de las fuentes de financiación” del sistema.

¿Qué se esconde tras tan ampuloso epígrafe?  Pues, lisa y llanamente, que a partir de la firma del “pacto”, la financiación de las prestaciones de naturaleza contributiva dependerán básicamente de las cotizaciones sociales, quedando excluida la posibilidad de complementar tal financiación con cargo a otras partidas de los Presupuestos Generales del Estado, creando para ello lo que se ha venido en llamar la “hucha” del Sistema de Seguridad Social, cuyos ingresos – exclusivamente provenientes de las cuotas sociales – deberán servir para el pago de las correspondientes prestaciones, de tal forma que una previsión – verdadera o falsa – de incapacidad de tal “hucha” para garantizar los pagos a medio y largo plazo, se traducirá inmediatamente en recortes de las prestaciones o, incluso de su desaparición pura y dura.

Si para algo ha servido el PACTO DE TOLEDO ha sido para mantener a la sociedad inconscientemente tranquila respecto a la supuesta robustez del sistema de reparto, y evitar a cualquier precio una reforma profunda que lo sustituya por un sistema de capitalización para garantizar nuestras actuales y futuras pensiones. Pues bien, compañeras y compañeros, todo esto se firmó con el entusiástico aplauso de las élites sindicales de los llamados sindicatos mayoritarios de clase de CC.OO. y UGT.

¿Se entiende ahora por qué, en un contexto donde el gobierno anuncia “situaciones catastróficas” en las “reservas” que conforman la “hucha social” a medio plazo, siempre basadas en los “informes”, absolutamente faltos de rigor, provenientes del FMI, el BCE y el Banco de España, dan ganas de echarse “mano a la cartuchera” cada vez que el gobierno acuerda rebajar o suprimir cuotas sociales de la patronal, que no son sino un salario en diferido de los trabajadores, bajo el pretexto de que, con tales dineros, la patronal fomentará el empleo?

Al respecto, resulta más que grotesco escuchar a las Adrianas, Adrianes y Pedros del PSOE, argumentar en su escrito de campaña electorera “que tú pensión está en peligro, porque el Gobierno del Partido Popular ha fomentado el empleo precario y las cotizaciones son más bajas que nunca. Su objetivo no es otro que agotar el Fondo de Reserva para destruir el sistema público de pensiones y después privatizarlo. No lo podemos permitir”.

¿Cómo se puede actuar con tanta frivolidad por parte del PSOE CUANDO FUERON ELLOS con su reforma laboral de 2010 quienes iniciaron el camino de la precarización, agravada por la reforma del PP en 2012?; CUANDO SE OLVIDAN de que su reforma de las pensiones en 2011 supuso la primera rebaja y el retraso de la edad de la jubilación; CUANDO CALLAN que su reforma del artículo 135 de la Constitución (pactada con el PP) da prioridad al pago de la deuda frente al dinero destinado a las prestaciones sociales y a los servicios públicos; CUANDO OLVIDAN que han pactado con el PP su oposición a un incremento sustancial del salario mínimo que repercuta en un aumento sustancial de los salarios y, por tanto, de las cotizaciones; CUANDO CALLAN que sus compromisos, y sus deudas, con la banca les obliga, a ellos y al PP, a incentivar los sistemas privados de pensiones… Y CUANDO OLVIDAN que ese PP que “pone en peligro las pensiones” está gobernando porque el PSOE les ha permitido con su abstención y lo sigue permitiendo con su oposición a la reciente moción de censura presentada por PODEMOS y negarse a presentar otra.

Por lo tanto, el PSOE no puede seguir engañando al pueblo pretendiendo actuar de “apagafuegos” cuando forma parte del bloque de los “incendiarios”.

Es decir, por mucho que sigan glayando los González, Aznares, Zapateros y Rajoys, las pensiones deben de seguir siendo sustentadas con cualquier tipo de partida presupuestaria y no sólo con las cotizaciones de acuerdo con el artículo 50 de la Constitución española que obliga al Estado a tener recursos suficientes para el pago de pensiones y su revisión periódica.

En la actualidad, compañeras y compañeros, más del 50% de los ¡¡¡  NUEVE MILLONES Y MEDIO DE PENSIONISTAS EXISTENTES !!! está por debajo del Salario Mínimo y casi el 30% apenas llegan al mínimo, una situación mucho más gravosa para las mujeres, que de media cobran un 30% menos que los hombres, pero la cruda realidad es que ni al Gobierno, ni a la Patronal, ni a las cúpulas de los sindicatos institucionalizados les preocupa en lo más absoluto el sistema público de pensiones y la sostenibilidad de los pensionistas.

Es una broma cruel decirle a alguien que cobra 700 euros al mes que se haga un plan de pensiones privado. La verdad sobre nuestras pensiones es muy sencilla. Donde nosotros vemos un derecho, ellos – la oligarquía y sus títeres gubernamentales -, ven un negocio. De los más de 500 planes de pensiones puestos en el mercado los últimos años, sólo dos fueron rentables para sus titulares. Sin embargo, sí fueron muy rentables para la banca que, cada año, solo en comisiones se embolsa la cantidad de 2000 millones de euros. Esa es la verdad.

Por lo expuesto y por mucho más, la movilización de la clase trabajadora, del conjunto de la ciudadanía, en contra de este ataque brutal contra la vida y la dignidad de las personas, es la única herramienta válida para paralizar este proceso irracional.

En efecto, las recientes movilizaciones del 22 de febrero han supuesto un gran éxito, que están haciendo recapacitar al gobierno, pero en absoluto podemos “bajar la guardia” hasta que hagamos realidad los objetivos; esto es, garantizar el poder adquisitivo de las actuales pensiones, a la vez que garantizar el actual sistema público de pensiones para todos los trabajadores y trabajadoras en radicales condiciones de igualdad.

 Los sistemas públicos de pensiones forman parte de los derechos sociales, de ese “contrato” social europeo fundamentado en la solidaridad y la justicia, luchado y conquistado por las generaciones que nos antecedieron.

Hoy, por el contrario, nos encontramos ante el progresivo desmantelamiento del conocido y mencionado Estado del Bienestar en un contexto de crisis que está siendo utilizado como coartada para justificar la imposibilidad de su mantenimiento. Pero en la defensa de este modelo de bienestar, sabemos que hay en juego victorias históricas por los derechos sociales.

Emulando al compañero Julio ANGUITA en base al “Informe PETRAS” de 1996: ¡¡¡Chavales, no tenéis futuro alguno, salvo que luchéis!!! El “Informe PETRAS” que tengo en mis manos trata de un encargo del gobierno felipista del PSOE al profesor PETRAS que, cuando se lo entregó al gobierno, y éste leyó su contenido, se lo pagó y lo guardó en un cajón.

Entre sus conclusiones se decía en 1996: “Estamos ante la primera generación de jóvenes que van a vivir peor que sus padres”, pero decía otra cosa terrible: “Es una generación criada entre algodones, no está acostumbrada a la lucha. Este es el problema, este país no tiene ningún futuro, salvo lo que duren el sol, las playas y el turismo”. ¡¡¡Creéis que sois rebeldes, y no lo sois!!! De nada sirven las poses rebeldes: solo sirve la lucha, por eso hay que preparar los “gomeros” para acertar a la cabeza del gigante Goliat y derribarle. ¡¡¡Esa es la cuestión!!!

En definitiva, la Seguridad Social no es un capricho, sino una de las conquistas con las que el movimiento obrero humanizó la sociedad para alejarla del estado de las bestias. Algunos propugnan hoy volver a ese estado recuperando un capitalismo salvaje que despertaría violentas respuestas. Si los gobernantes y legisladores hincan la rodilla ante el poder económico, nuestro deber como ciudadanos y ciudadanas es aprestarnos a la defensa civil de las formas solidarias de convivencia.

Muchas gracias.

 

Acerca de ANTON SAAVEDRA RODRIGUEZ

Hola a todos, soy Antón Saavedra y vivo en la cuenca minera asturiana del Nalón. Nacido en Moreda de Aller, (Asturias) el 30 de mayo de 1948, desde la edad de cinco años vivo en la barriada minera de La Juécara (LANGREO). Allí, en la Academia Mercantil de La Felguera (Frailín) cursé mis estudios de bachillerato por libre, y a la edad de 20 años, después de haber sido despedido de Constructora Gijonesa, Duro Felguera y Montajes de Ciaño por motivos sindicales, empezé a trabajar en la minas de Hunosa (Pozo Fondón) con la categoría de ayudante barrenista hasta el año 1974 que pasé a desempeñar el cargo de Graduado Social en el Grupo Siero (Pumarabule y Mosquitera). Posteriormente me licencié en Relaciones Industriales por la Universidad de Alcalá de Henares, y actualmente curso estudios para la licenciatura de Ciencias Políticas. Afiliado a la UGT y al PSOE en los inicios de los años 70, fui secretario general de la Federación Estatal de Mineros de UGT (1976-1989), vicepresidente de la Internacional de Mineros (1978-1990), y miembro del Comité Ejecutivo Confederal de UGT (1976-1988).Desde 1986 hasta 1994 ocupé un lugar en la Mesa del Comité Consultivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en representación de España. Durante este periodo participé como ponente en varios congresos y conferencias sindicales a nivel internacional, actuando en nombre de los trabajadores españoles ante la OIT, siendo autor del libro-informe publicado bajo el título “EL CARBON:UNA ALTERNATIVA A LA CRISIS ENERGETICA”, que fue asumido por unanimidad de los miembros de la CECA como ponencia base en el debate sobre la politica energética comunitaria en 1991. Entre los años 1991 y 1998 fui diputado del Partido de Acción Socialista (PSOE histórico) en el Parlamento Asturiano por las lista de IU, así como miembro de sus respectivos comités ejecutivos federales. Soy autor de “SECUESTRO DEL SOCIALISMO” y “EL HEREDERO DE SURESNES” de muy recientísima aparición.
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