EL HUNDIMIENTO DEL PSOE: DECIMOSEPTIMA PARTE.

José Luis CORCUERA en Periodista Digital, el 15 de noviembre de 2013): «He formado parte de un Gobierno presidido por el mejor presidente que ha tenido este país, que es Felipe González, que también ha sido el mejor secretario general que ha tenido el PSOE. Cuando Felipe González mandaba, había Comités Federales que duraban varios días y nunca vi unanimidad. Había siempre un 20% de discrepancia. Que se tome nota de eso».

«Yo dimití de mis cargos en UGT porque como diputado del PSOE apoyé la primera reforma de las pensiones en 1984. Aquella modificación supuso que el cálculo de las pensiones pasara de dos años a ocho. Y a los sindicatos les pareció algo terrible. Cuando el Gobierno lo que buscaba era la equidad (…) y hubo ya una primera huelga de UGT contra el PSOE. Años después, los mismos que se oponían a eso aceptaron que el cálculo de las pensiones pasara de ocho años a 15.  Hay demasiada gente que sólo acierta cuando rectifica».

(JOSE LUIS CORCUERA en PERIODISTA DIGITAL, el 15 de noviembre de 2013)

Puede que tenga razón el exministro del Interior del gobierno felipista del PSOE (1988-1993), José Luis CORCUERA, cuando afirma tan recientemente que Felipe GONZÁLEZ fue el mejor presidente de gobierno que ha tenido este país y el mejor secretario general que tuvo el PSOE, «todo es según el color con que se mire», pero el adalid del «CAMBIO» no era sólo un político hábil y marrullero, sino un prodigioso alquimista que transformó la inmundicia franquista en inmundicia democrática, empleando la fórmula de echar unas gotas de socialdemocracia, con grandes dosis de pasión neoliberal, la persuasiva retórica de un comerciante acostumbrado a vencer las formas más insólitas de resistencia y el ingenio de un trilero de la sevillana calle de Sierpes acostumbrado a desplumar a los ciudadanos con sus tres cubiletes y la bolita. 

Tal y como ha quedado escrito en varios capítulos de mi serie sobre «EL HUNDIMIENTO DEL PSOE», todo tiene su origen en el congreso de Suresnes de 1974, cuando Felipe GONZALEZ, escoltado por el general José FAURA, agente del SECED, el servicio de inteligencia creado por el almirante Carrero Blanco, logró desbancar a la vieja guardia, acusándola de conspirar contra la civilización occidental, con su estalinismo trasnochado, reiventando un PSOE, previa extirpación de cualquier tendencia utópica y revolucionaria, pero sin despilfarrar las palabras mágicas «SOCIALISTA» y «OBRERO», excelentes cebos para los incautos, entre los que me incluyo. Algunos se obstinaban en no comprenderlo, pero Felipe GONZALEZ ya lo tenía muy claro en 1979, cuando dejó una frase para la posteridad «MARXISMO O YO», y el tiempo transcurrido iría demostrando que «marxismo o yo» significaba el sí a la OTAN, sí al terrorismo de Estado, sí al encarcelamiento de insumisos, sí a la precariedad laboral, sí a los contratos basura, sí a la REBAJA DE LAS PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sí a la reconversión industrial, sí a la guerra contra Irak, sí a la inmolación del pueblo saharaui, sí a la corrupción y sí a la tortura. «Marxismo o yo» significaba renunciar a las veleidades republicanas y rendir vasallaje al Borbón beodo y botarate.

“Soy como un jarrón chino en un apartamento chiquito. Como se supone que es valioso, nadie se atreve a romperlo, pero estorba en todas partes”. Pobre jarrón chino, que acumula ganancias millonarias como asesor de magnates, políticos y empresarios. Su abultada fortuna personal convive con su sueldo vitalicio de ex presidente, una prebenda que estableció antes de abandonar La Moncloa para asegurar su vejez. Se codea con los grandes: Henrique Capriles, cruzado antichavista y valedor de las oligarquías; Carlos Slim, prestidigitador de los negocios sucios y uno de los hombres más ricos del mundo, y Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, narcotraficante y asesino de masas. Emprendedor infatigable, Felipe González cobra unos 125.000 euros al año como asesor de Gas Natural. A pesar de su éxito como hombre de negocios, su vocación política no ha desaparecido.

Los años ochenta y la primera mitad de los noventa siempre tendrán la marca Felipe GONZALEZ. Es un periodo de rufianes, arribistas, bellacos, bribones, alcahuetes, granujas y timadores, reclutando para su guardia pretoriana a los canallas más conspicuos y desalmados: BARRIONUEVO, un carlista con la piel estragada por la viruela y aficionado a resolver los problemas, enterrándolos dos metros bajo tierra; SOLCHAGA, un tahúr que impulsó la cultura del pelotazo (España es el país donde es más fácil enriquecerse en menos tiempo) y confraternizó con los criminales de cuello blanco; Miguel BOYER, amante de las villas ostentosas, lector empedernido del Hola e implacable cruzado contra la clase obrera; José BONO, nostálgico del yugo y las flechas, propietario de un riquísimo patrimonio de origen turbio, españolista histérico y gran admirador del inmundo Manuel FRAGA; Enrique MUJICA, enredado en la trama del 23-F e inverosímil Defensor del Pueblo; Alfredo Pérez RUBALCABA, embaucador incansable, conspirador discreto, parlanchín con tendencia al sermón moralizante, superviviente nato, llegando hasta el propio CORCUERA, famoso por su «patada en la puerta» de su inconstitucional Ley de seguridad ciudadana de 1992 que pretendía, entre otras lindezas, usar para reprimir derechos constitucionales de los trabajadores.

La lista de villanos sería inacabable y tediosa, pero no se puede dejar de mencionar ciertos nombres, particularmente los de los facinerosos que se encargaron del trabajo sucio, como José AMEDO, RODRIGUEZ GALINDO, Luis ROLDAN, VERA, SANCRISTOBAL, DAMBORENEA o ELGORRIAGA, todos ellos rematadamente estúpidos y perversos, pero sus perfidias disfrutaban del tupido paraguas de Felipe GONZALEZ, un artista del engaño, el fraude y la superchería que, cuando le preguntaban por el terrorismo de Estado de los GAL, no sabía nada de nada, salvo lo que «leía en la prensa». Pero vayamos al asunto de las reformas de pensiones durante los gobiernos del PSOE, objeto del presente capítulo. En efecto, como ha quedado escrito en otros capítulos de la serie, los débiles e inestables gobiernos de UCD no habían conseguido aplicar los planes estratégicos de la burguesía, a pesar de los esfuerzos realizados para que su ideología fuera trasmitida y asumida por los numerosos centros de estudios, fundaciones, medios de comunicación, periodistas afines al neoliberalismo y los correspondientes tertulianos que actúan como caja de resonancia a favor de la ideología neoliberal y de los intereses del capital, la cual exigía medidas más duras y urgentes contra los trabajadores para recuperar su tasa de ganancia, hasta el punto de que la UCD de Adolfo SUAREZ, pasaría de obtener sus siete millones de votos en 1979, al millón y medio en las elecciones del 28 de octubre de 1982, donde el PSOE liderado por Felipe GONZALEZ, obtendría un triunfo histórico, consiguiendo más de diez millones de votos (48,1 por ciento), generando una grandísima ilusión entre los trabajadores y la juventud, que veíamos en el nuevo gobierno una eficaz herramienta para llevar a cabo un auténtico «CAMBIO».

El 8 de diciembre de 1982, al día siguiente de su primer Consejo de Ministros, el presidente, acompañado por su flamante ministro de Defensa, Narcís Serra, acudió a celebrar la Inmaculada, patrona de Infantería, a la División Acorazada Brunete, con misa de campaña incluida, pese al intenso frío y la escasa práctica religiosa de los nuevos gobernantes.

Sin embargo, la política del gobierno felipista del PSOE, desde el principio fue la de aceptar y gestionar el sistema capitalista y capitular ante los dictados de la banca y los empresarios, generando una enorme frustación y desengaño entre las masas, que muy pronto empezamos a preguntarnos ¿ donde coño estaba el CAMBIO? Por otro lado, ni la iglesia, ni el ejército, ni la banca y los empresarios tenían absolutamente nada que temer, porque sabían que cuestiones como la reconversión industrial, privatizaciones, contrarreformas laborales, contención salarial, control del gasto público, etc, comprendían medidas de ajuste tan duras e impopulares, que sólo podían ser aplicadas por un partido como el PSOE, de tal manera que el capital enseguida comprendió que el PSOE secuestrado en Suresnes no era ningún enemigo, todo ello en un contexto internacional en el que la socialdemocracia europea ya había empezado a olvidarse de prioridades como el pleno empleo, derechos laborales o los servicios públicos, subordinando estos objetivos a otros como el control de la inflación, desregulación de las normativas laborales o programas de privatizaciones, siempre al servicio de la Alta Finanza Internacional. 

Mientras la banca batía asquerosamente sus records de ganancia en 1983, la CEOE exigía que para ese año la subida salarial fuese entre un dos y un seis por ciento inferior a la inflación prevista, además de pretender que el empleo temporal fuese la norma en detrimento del empleo estable, tal y como quedaría plasmado en la primera reforma laboral del gobierno felipista del PSOE en 1984, suscrita por el gobierno, la CEOE-CEPYME y la UGT, basada en la precarización del empleo y justificada con la promesa de creación de empleo , tal y como afirmó en el pleno del Congreso de los Diputados, el 1 de marzo de 1984,  el ministro de Trabajo, Joaquin ALMUNIA: «Esta reforma no va a producir mil empleos diarios, como otro ministro afirmó aquí al presentar el Estatuto de los Trabajadores, pero estamos convencidos de que es la única fórmula posible para generar en máximo empleo». 

La HUELGA GENERAL del 20 de junio de 1985, fue obligada por la prepotencia de un gobierno que trataba
al sindicato hermano UGT como sindicato primo, y a CCOO como un residuo del
comunismo radical, cuando ya Felipe había aparcado el cambio prometido en 1982 y
abrazado, con la fe de los conversos, el dogma del “gato blanco, gato negro, lo
importante es que cace ratones”… pero el queso que lo pongan los de siempre…

Tras atacar los salarios – el poder adquisitivo de los salarios reales se había deteriorado en un tres por ciento en 1984 – e imponer la precarización de los contratos laborales – la normativa laboral de 1984 tuvo unos efectos nocivos para el empleo estable, alcanzando la tasa de temporalidad unos porcentajes que pasaban del diez por ciento antes de la reforma de 1984 al 31,5 del año 1989 -, el siguiente paso del gobierno felipista fue atacar las pensiones públicas con la promulgación de la Ley 26/1985 de Medidas Urgentes por la Racionalización de la Estructura y Acción Protectora de la Seguridad Social, la cual endurecía las condiciones para tener derecho al cobro de pensiones a la vez que reducía la cuantía económica de las mismas, al aumentar de ocho a diez años el tiempo mínimo cotizado para poder acceder a la jubilación, además de modificar el sistema de cálculo de prestación del pensionista, eliminando el derecho de escoger los dos años cotizados de los últimos diez años como base de cotización, estableciendo el computo con base a ocho años lo que, entre otras lindezas, expulsaba de la seguridad social a muchas mujeres que, en el mejor de los casos, podría obtener una pensión muy baja. Esta brutal contrarreforma del gobierno felipista del PSOE sería respondida previamente por CC.OO. con la convocatoria de la primera HUELGA GENERAL constitucional, el 20 de junio de 1985, a la que se sumarían todos los sindicatos, salvo la UNION GENERAL DE TRABAJADORES, aunque su secretario general, Nicolás REDONDO, dimitiría como diputado por este motivo, después de votar en contra de la misma. Tras la huelga general y la traumática ruptura del PSOE con UGT,  Felipe GONZALEZ seguía con su felonía gatuna incolora a la caza de ratones, lanzando arañazos sobre la necesidad de revisar, más pronto que tarde, la gestión del sistema, a la vez que abría los camarotes a los corsarios del neoliberalismo para la privatización del mismo y, cuando ni siquiera habían transcurrido dos años desde este atentado contra los trabajadores, promulgaba la Ley 8/87 de Fondos de Pensiones que no hacía sino allanar el camino hacia la privatización y su gestión por bancos y empresas, de tal manera que la inquietud entre los trabajadores y pensionistas quedó convertida en arma electoral de la partitocracia reinante en España, hasta el punto de que, durante las elecciones generales de 1993, el miedo a la hipotética reforma del sistema, quedó convertido en el principal argumento electoral recurrente y decisivo por parte del gobierno felipista del PSOE sirviendo, entre otras cuestiones, para que el PP aprendiera la lección de la relevancia electoral del asunto de las pensiones: no le resultaban propicias como campo de competencia partidista.

Los “Pactos de la Moncloa” de 1978 fueron alborozadamente saludados como “una gran conquista para la democracia y los derechos de los trabajadores” por CCOO y UGT. De igual manera el Pacto de Toledo de 1995 provocó el éxtasis de UGT y CCOO, que declararon a los cuatro vientos (como corifeos que eran de los Partidos redactores) que, gracias al mismo, quedaban garantizados para el futuro los derechos sociales y el Sistema de Seguridad Social (sistema de ´pensiones incluido). Por aquél entonces Cándido Méndez (ese que anda ahora mascando por las esquinas su última traición a la clase trabajadora) era ya secretario General de la UGT, y el jefe de CCOO era un tal Antonio Gutiérrez , exdiputado del PSOE, que votó a favor de la “reforma laboral” y seguirá votando lo que le pongan por delante, ¡por falta de principios y dignidad que no sea ! El actual secretario general de CCOO es Fernández Toxo, una especie de ‘clon’ de Gutiérrez, pero más bajito y con bigote…

En aquellos momentos, el gobierno felipista en minoría necesitaba sacar adelante otra reforma que «estabilizase» de nuevo las cuentas para lo que necesitaba del consenso, quedando abierta la oportunidad política para impulsar el mismo que apartase a las pensiones de la competencia electoral y patrocinase un acuerdo para reformarlas. Así nació, en 1995, el PACTO DE TOLEDO, el mayor acuerdo político social alcanzado en España desde la II RESTAURACION MONARQUICA, al que se sumaron también los empresarios y los dos apéndices gubernamentales disfrazados como sindicatos de clase – UGT y CC.OO. –, aunque sería el PARTIDO POPULAR ya en el poder, quien llevaría a cabo una nueva reforma guiada por el desarrollo del propio PACTO DE TOLEDO, con su Ley de Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social de 1997, quedando separada la financiación de las pensiones contributivas y no contributivas, creando el Fondo de Reserva, endureciendo el régimen de incapacidad permanente, estableciendo la actualización en relación al IPC, y flexibilizando el acceso a las prejubilaciones, lo cual marcaba  el inicio en la evolución del sistema de reparto hacia un sistema multipilar, reservando un papel emergente para los planes de pensiones privadas.

En realidad, nadie se engañe ni nadie trate de seguir engañándonos, porque el PACTO DE TOLEDO ha sido para las prestaciones sociales – incluídas las pensiones de jubilación – lo que fueron los PACTOS DE LA MONCLOA de 1978 para los derechos laborales: las bases que propiciaron el principio del fin de un conjunto de derechos duramente conquistados a lo largo de la historia por el MOVIMIENTO OBRERO. Curiosamente, los actores políticos no variaron sustancialmente, en los diecisiete años transcurridos entre 1978 y 1995. Aquellos «Pactos de La Moncloa» de 1978 fueron alborozadamente saludados como «una gran conquista para la democracia y los derechos de los trabajadores por CC.OO. y UGT», de igual manera que el «Pacto de Toledo» de 1995 provocó el éxtasis de UGT y CC.OO. que declararon a los cuatro vientos, como papagayos que eran y son de los partidos redactores que, gracias al pacto, quedaban garantizadas para el futuro los derechos sociales y el Sistema de Seguridad Social, incluida la jubilación, cuando la cruda realidad es que el «Pacto de Toledo» introduce muy sibilinamente una novedad que, a la postre, ha resultado nefasta para los intereses de la clase trabajadora, al consagrar el llamado principio de «separación y diferenciación de las fuentes de financiación» del sistema. ¿ Qué se esconde tras tan ampuloso epígrafe ? Pues, lisa y llanamente, que a partir de la firma del «pacto», la financiación de las prestaciones de naturaleza contributiva dependerán básicamente de las cotizaciones sociales, quedando excluida la posibilidad de complementar tal financiación con cargo a otras partidas de los Presupuestos Generales del Estado, creando para ello lo que se ha venido en llamar la «hucha» del Sistema de Seguridad Social, cuyos ingresos – exclusivamente provenientes de las cuotas sociales – deberán servir para el pago de las correspondientes prestaciones, de tal forma que una previsión – verdadera o falsa – de incapacidad de tal «hucha»para garantizar los pagos a medio y largo plazo, se traducirá inmediatamente en recortes de las prestaciones o, incluso de su desaparición pura y dura. ¡ Todo esto se firmó con el entusiástico aplauso de los llamados sindicatos mayoritarios de la clase de CC.OO. y UGT ! ¿ Se entiende ahora por qué, en un contexto donde el gobierno anuncia «situaciones catastróficas» en las «reservas» que conforman la «hucha social» a medio plazo, siempre basadas en los «informes», absolutamente faltos de rigor, provinientes del FMI, el BCE y el Banco de España, dan ganas de echarse «mano a la cartuchera» cada vez que el gobierno acuerda rebajar o suprimir cuotas sociales de la patronal, que no son sino un salario en diferido de los trabajadores, bajo el pretexto de que, con tales dineros, la patronal fomentará el empleo ?

El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, ha destacado este lunes la necesidad de «acelerar la definición del índice de sostenibilidad» para llevar a cabo la reforma del sistema público de pensiones ante el envejecimiento de la población. En este punto, Almunia, que ha participado en Málaga en un foro organizado por el diario ‘SUR, ha incidido en «acelerar la definición de ese índice de sostenibilidad, que ya estaba en la reforma del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero».

La última reforma del sistema de pensiones que está provocando una creciente inseguridad en los trabajadores de nuestro país sería aprobada por el gobierno rajoyniano del PP, la cual, bajo las nociones aparentemente neutras de «equilibrio», «sostenibilidad» o «adaptación», se esconden intereses muy concretos en favor de una reforma neoconservadora que acaso constituya el mayor retroceso en la protección de los trabajadores desde la restauración monárquica en España. Hacía tiempo que las pensiones vienen siendo objeto de una aproximación «técnica», efectuada por «expertos» y blindada por la «objetividad» de la ciencia económica. Inasequibles al fracaso de sus propios pronósticos catastrofistas, estos especialistas consideran que el incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad repercutirán negativamente sobre los ingresos públicos y determinarán la insostenibilidad del sistema de pensiones, que se estima inevitable. En consecuencia, se viene introduciendo desde hace años la necesidad de acometer un dura reducción de gastos mediante un ajuste, inmediato y a la baja, de la cuantía de las pensiones, tanto presentes como futuras. A esta finalidad apunta, una vez más, el informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones sobre el que se ha construido la reforma aprobada en el Congreso de los Diputados y que propicia claramente un incremento de la suscripción de planes privados. Un informe elaborado por doce «especialistas» de los cuales ocho han estado o están a sueldo de las entidades financieras y aseguradoras que se disponen a repartirse nuestro sistema público de pensiones, tal y como resume a la perfección el único de los «sabios» que votó en contra del informe , el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, SANTOS RUESGA: «El gobierno tenía tomada ya la decisión de reformar las pensiones. Lo que ha hecho ha sido utilizar a un grupo de expertos para rodear de «cientificismo» una propuesta que más o menos tenía prevista: recortar las pensiones.» 

La ley de actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social fue acordada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con las patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos CCOO y UGT en febrero de 2011, entrando en vigor algunas de sus disposiciones ese mismo mes y otras en enero de 2012, si bien la puesta en marcha del grueso de la reforma, como la subida de la edad de jubilación, se estableció en el 1 de enero de 2013.
Sin embargo, la reforma no ha terminado de contentar a Bruselas. La Comisión Europea ha pedido recientemente al Gobierno una nueva revisión del sistema de pensiones, que debería centrarse en lo que técnicamente se conoce como el factor de sostenibilidad, esto es, un mecanismo que hiciera posible elevar la edad de jubilación en función del aumento de la expectativa de vida. La norma de 2011 hace mención a este factor de sostenibilidad, pero su aplicación estaría prevista a partir de 2017; Bruselas quiere que sea antes…

En efecto, el planteamiento del gobierno pepero quedaba inscrito en un ciclo amplio que tuvo su eje inicial en la reforma aprobada por el gobierno del PSOE en el año 2011, fruto de un grotesco pacto social en el que participaron los llamados sindicatos de clase de CC.OO. y UGT, estableciendo importantes restricciones subjetivas y objetivas en el régimen de acceso o de disfrute de la prestación económica por causa de jubilación. En primer lugar, incrementó la edad de jubilación legalmente establecida desde los 65 hasta los 67 años, a través de un proceso gradual y progresivo que se prolongará hasta el año 2027, afectando de manera más intensa a los trabajadores que se jubilen al finalizar dicho periodo. En segundo término, y también con una aplicación paulatina, preveía la ampliación de 15 a 25 años del periodo de cotización que se toma en consideración para calcular la base reguladora de la pensión de jubilación, provocando una sensible disminución de la cuantía de la pensión  para una mayoría de trabajadores que obtienen mejores salarios en el último período de su carrera profesional, garantizando el percibo de la prestación a las personas que tuvieran reconocida la condición de pensionista en el momento de su entrada en vigor. En realidad, la verdadera intención de las contrarreformas del bipartidismo PPSOE es reducir inmediatamente la cuantía de las prestaciones – el «ahorro» que tanto publicita el gobierno rajoyniano viene del tan cacareado «factor de sostenibilidad» –, ya que, entre otros aspectos, se eliminó la REVALORIZACION DE LAS PENSIONES  A PARTIR DEL IPC, algo que ya se venía haciendo de manera excepcional y que ahora queda convertido en regla, al introducir un nuevo índice para reducir continuamente su poder adquisitivo. Lo más intragable es que estas contrarreformas para rebajar las pensiones se hace en un sistema donde el 50 por ciento de las pensiones contributivas se sitúan por debajo de los 650 euros mensuales, el 28 por ciento de las pensiones tienen complementos por mínimo, al no alcanzar la cuantía mínima del sistema, y 4,6 millones de hogares en España tiene como fuente principal de ingresos una pensión.

En defintiva, esta contrarreforma es una muestra evidente del vasallaje del bipartidismo PPSOE  a la política neoliberal impuesta por la Troika contra los intereses de la mayoría de la población, con un claro propósito: abrir al mercado el sistema español de protección social, acreciendo y extendiendo la importancia de la previsión social complementaria que se desarrolla en el ámbito privado. O, dicho de otra manera más clara, se trata de alimentar la desconfianza en el sistema público de pensiones y fomentar su sustitución por planes de ahorro privados, ocultando los riesgos financieros que suponen e ignorando que la inmensa mayoría de los ciudadanos carece de capacidad de ahorro para asegurarse una pensión de jubilación digna. 

«Prefiero morir apuñalado en el metro de Nueva York que de aburrimiento en las seguras calles de Moscú». Entre las bondades del capitalismo y la falta de oportunidades de la economía dirigida en la entonces Unión Soviética, Felipe González siempre lo tuvo claro. Y con esa célebre frase lo puso de manifiesto a comienzos de los años 80, recién aterrizado en la Moncloa, para disgusto de muchos socialistas que todavía se resistían al abandono de las tesis marxistas que él había forzado. Tras dejar el Gobierno, el expresidente tardó poco en demostrar que no hay contradicción entre ser socialdemócrata y hacerse rico en la economía de mercado. Fundando sociedades, creando fondos de capital riesgo, cobrando sus conferencias a precio de oro, convirtiéndose en consejero de Gas Natural e incluso asesorando al mexicano Carlos Slim. Al fin y al cabo, como el mismo llegaría a afirmar, «el capitalismo es el sistema menos malo de los existentes».

De lo que se trata con esta decisión unilateral del gobierno pepero es de desposeernos de un ahorro colectivo y público, que no está al servicio del capital privado, para potenciar un ahorro privado que permita al capital financiero ir invirtiendo en los mercados y generar un beneficio privado. Dicho en román paladino: esta reforma supone «desmantelar lo público, lo que tenga que ver con la solidaridad y los derechos sociales, para convertirnos en una sociedad más desigual e individualista», donde aquella población activa que accedió al mercado de trabajo a partir de los años noventa «será la más perjudicada» por la ausencia de «carreras continuadas de cotización en el régimen de la Seguridad Social, debido a las contrataciones temporales e intermitentes», lo que supone que van a tener que recibir una pensión asistencial, al ser imposible que cotizen 37 años. Por otra parte, en el caso de la población jubilada, con la nueva revalorización de las pensiones, vamos a ver empobrecidas nuestras pensiones entre un 12 y un 28 por ciento del poder adquisitivo, al abandonar el IPC como referencia para la actualización de la prestación, sin olvidar que el 51,89 por ciento de la actual población jubilada ya no llega al salario mínimo interprofesional y que 2,4 millones de personas sólo perciben una pensión asistencial de 330 euros al mes.

Desde mi punto de vista, por mucho que Felipe GONZALEZ siga glayando como mamporrero del capitalismo más cutre, respaldando las propuestas del bipartidismo PPSOE de «alargar la jubilación a los 67 años para afrontar las reformas de ‘hondo calado’ y seguir preservando la economía de mercado», las pensiones deben de seguir siendo sustentadas con cualquier tipo de partida presupuestaria y no sólo con las cotizaciones de acuerdo con el artículo 50 de la Constitución española que obliga al Estado a tener recursos suficientes para el pago de pensiones y su revisión periódica. Por ello considero irrelevante la bajada del número de cotizaciones en el régimen como argumento del bipartidismo y sus correspondientes voceros y tertulianos al uso. Es verdad que con muchos menos trabajadores en el sector agrícola se producen muchos más alimentos, por ejemplo, de la misma manera que un aumento inevitable de la productividad de un número menor de trabajadores puede sostener, e incluso expandir, las pensiones sin ningún problema, porque la viabilidad de las pensiones no es una cuestión demográfica o económica, sino política.

ANTON SAAVEDRA